Los anuncios del gobernador Raúl Jalil sobre la reforma del Estado, que anticipó informalmente con declaraciones periodísticas, y comenzó a ejecutar luego con decretos y proyectos, marcó el abrupto final de la breve luna de miel entre oficialismo y oposición en Catamarca. Es natural que luego de la ebullición de pasiones partidarias en períodos electorales, los cambios de gobierno serenen los ánimos de los actores políticos. La transición apaga las chicanas y enfrentamientos, la comunidad permanece expectante, los ganadores están ocupados reacomodando piezas y definiendo el reparto de espacios, y los perdedores suelen pasar un tiempo de capa caída, intentando recuperar fuerzas en el llano hasta volver a escena. Una vez consumado el pronunciamiento en las urnas, casi todos los debates pierden entidad, y retomar el ritmo de las disputas partidarias demora por lo general unos cuantos meses. Para la oposición, recuperar la compostura suele requerir como paso previo alguna fuerte autocrítica interna, acusaciones cruzadas y quizás algún posicionamiento nuevo para lavar las caras más golpeadas en la elección. Esas etapas coinciden con el tramo libre de críticas que suele otorgarse a los nuevos funcionarios hasta que se acomodan, y se transita así por períodos de escasa o nula escaramuza política.

En este año tan particular, que de la mano de la pandemia se transformó en un campo minado de contratiempos y dificultades, esa paz bien pudo haberse extendido, ya que las circunstancias extraordinarias impuestas por la emergencia sanitaria motivaron acercamientos entre sectores naturalmente distanciados. Así como el presidente Alberto Fernández se reúne a diario y ofrece conferencias de prensa junto a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los pocos sobrevivientes a la debacle del macrismo y quizás la figura más fuerte del PRO; en otros distritos también se comprendió que no eran momentos para medir fuerzas sino de unir voluntades y coordinar acciones conjuntas. Gestos de madurez, en definitiva, que aparecen por imposición en instancias críticas, pero no por ello pierden su valor. También en Catamarca hubo algún intento de conversación, con legisladores opositores que visitaron Casa de Gobierno a la sombra de lo que ocurría en Casa Rosada, pero las semillas de la cordialidad se marchitaron aquí muy prematuramente, sin llegar a florecer.

La división de las aguas se precipitó luego de que el Gobernador pusiera en marcha su transformación del Estado, decisión que se terminó de ratificar en el acto de apertura del año parlamentario provincial. Todos los ríos volvieron a su cauce natural apenas concluyó la Asamblea Legislativa, y reaparecieron las voces más caracterizadas de uno y otro bando para intercambiar las municiones habituales. En principio, el disenso no es en absoluto negativo, y bien podría favorecer los proyectos de cambio. Pero con el retorno de la discusión política surge cierta decepción, porque los tonos y contenidos son los de siempre. Abundan así descalificaciones, ataques personales y rechazos viscerales, sin dar lugar a evaluaciones más profundas, debates de fondo. Escasea por sobre todo lo que más se necesita: propuestas. La reacción mayoritaria pasó por cuestionar la utilización de decretos, un mecanismo previsto constitucionalmente, pero que la oposición interpreta como un atropello a las instituciones, porque cierra las puertas al debate legislativo, limitando su participación a la aprobación o el rechazo, sin un margen de corregir o modificar. Es un aspecto discutible, donde los argumentos –de uno y otro lado- pueden atenderse. Desde ya que lo ideal sería que los legisladores evalúen, analicen y discutan sobre un proceso de reforma tan relevante. Pero, por otro lado, es un hecho que se atraviesa una emergencia que habilita disposiciones excepcionales, y en la interpretación del Gobernador, el impacto económico de la pandemia en las finanzas catamarqueñas justifica la premura.

La historia reciente, sin embargo, permite ir un paso más allá en el análisis, sin desacreditar las quejas de los opositores que, como se dijo, pueden ser atendibles, porque aunque autoridades de todos los colores partidarios hayan recurrido a los decretos a través de los tiempos, nunca será el mecanismo más deseado. Pero la oposición que ahora proclama su justo y real derecho a participar, tiene demasiadas cuentas pendientes como para ensayar algún mea culpa. Por empezar, las voces que ahora se levantan nada hicieron –ni en su rol opositor ni en las dos décadas en que fueron oficialismo- para corregir alguna de las crónicas falencias del Estado que el gobernador pone ahora sobre la mesa. Los males del empleo público y su innumerable caudal de vicios administrativos, pasaron frente a las narices de la oposición durante décadas sin que esbozaran jamás una solución. Por el contrario, cuando se les dio la oportunidad de participar, debatir y legislar, reunieron todos sus esfuerzos con un objetivo distinto, que fue el de malograr y cajonear todo proyecto tendiente a corregir el rumbo estatal. El ejemplo más claro emerge con la suerte que corrió el proyecto para la reforma de Constitución Provincial, presentado en septiembre de 2014, y ahogado una y otra vez en los mares de las excusas opositoras. Pasaron seis largos años y esta oposición que hoy se indigna porque no le permiten debatir algunas medidas, cuando tuvo que hacerlo, malogró una iniciativa vital para los catamarqueños, que además se elaboró con participación de toda la sociedad, y había alcanzado un consenso casi unánime.

Ese proyecto de reforma mucho tenía que ver con la estructura estatal, porque abordaba los problemas del Poder Judicial, porque jerarquizaba la carrera administrativa, porque incorporaba conceptos y derechos fundamentales y ponía fin a los privilegios de la clase política. La oposición lo rechazó sistemáticamente año tras año, con el agravante de que nunca asumió con honestidad el costo político de ese rechazo, sino que lo disfrazó con fundamentos pueriles y cambiantes según para dónde soplara el viento. Así, un año sostenían que no se podía analizar la reforma cuando había elecciones, al año siguiente-ya sin elecciones- el argumento era otro, y así sucesivamente. En estos días el lapaceño Víctor Luna dice “esto es gobernar por decreto y no nos gusta”; Marita Colombo expresa “nosotros queremos que las instituciones funcionen”; Francisco Monti sentencia que “el daño en materia institucional ya está consumado”, y el excandidato a gobernador Roberto Gómez advierte que “detrás de una pandemia se esconde un oscuro interés en avasallar instituciones”. Son puntos de vista más teñidos de partidismo que de razón, pretendiendo invalidar de raíz un proceso que en definitiva recién se inicia, y tampoco admite consideraciones apocalípticas o exageradas como las del tinogasteño Hugo “Grillo” Ávila, quien directamente comparó a Jalil con Donald Trump y Jair Bolsonaro. En resumen, no se cuestiona aquí la falta de acompañamiento a la decisión tomada por Jalil, sino la ausencia de aportes, la flaqueza argumental y el implícito desconocimiento del problema medular que se intenta resolver.

De todas formas, aun sin aguaceros, Jalil “abrió el paraguas”. Se reunió el lunes con los titulares parlamentarios del oficialismo –Rubén Dusso y Cecilia Guerrero- y buscó ordenar la tropa propia para conjurar las eventuales embestidas de quienes, como ocurrió en el pasado reciente, pueden ofrecer resistencia. En ese sentido, hay que apuntar que el peronismo tiene mayoría en ambas cámaras. En la baja, por donde ingresarían las iniciativas más polémicas, cuenta con 23 votos sobre un total de 41. La oposición se divide en tres: 16 de Cambiemos y los bloques unipersonales de “Grillo” Ávila y Marina Andrada. 18 en total. En el Senado la mayoría es abrumadora: 14 a 2. Inclusive los representantes de la oposición (Luis Cordero, de Ancasti, y Omar Noriega, de Paclín) tienen buena relación con el oficialismo y en alguna iniciativa importante, como la aprobación de pliegos para los jueces, dejaron pagando a sus colegas diputados. Por lo tanto, si la cosa es por mayoría simple, puede haber discusión previa, pero a la hora de los votos, las pizarras no tendrán sorpresa.

Y, como Jalil avanza por varios andariveles, también atiende los flejes de su propio terreno. Cuando asumió, mantuvo gran parte de la estructura que apuntalaba a su antecesora, Lucía Corpacci. Los analistas políticos, en ese momento, no se equivocaron en pronosticar que, con el paso de los meses, podrían ir rearmando sus equipos. Ese nuevo escenario comenzó ahora mismo. Ayer desplazó del ministerio de Producción a Daniel Zelarayán y lo trasladó al directorio de la Capresca, que se completará con Estela Nieva y Rafael Ponzo Florimonte, el excandidato a concejal del circuito 7 que perdió en agosto de 2019 la primaria con Alejandro Díaz Martínez. Del organismo del juego salió su gerente, Juan Cruz Miranda, quien ocupará en la Capital Federal una silla en el directorio de Nación Reaseguro. Quedaba pendiente, hasta anoche, el sucesor de Zelarayán en Producción.

Donde también se produjeron variantes fue en YMAD. Como se sabe, allí se instaló como presidente Fernando Jalil y una de sus primeras decisiones fue designar al gerente general del organismo tripartito. La responsabilidad recayó en el contador Hugo Moya, el alfil que tuvieron en la cámara de Diputados Jorge Moreno, hoy ministro de Gobierno, y el propio Jalil. Si a esto le sumamos el nuevo destino de Juan Cruz Miranda –quedó fuera de la Capresca- en un directorio nacional, hay que inferir que los integrantes de la vieja renovación comienzan a recibir las primeras compensaciones políticas.

El Esquiú.com