Hacia el final de la semana, en un fallo opinable bajo todo punto de vista, el juez federal desestimó los graves cargos que pesaban sobre el fiscal Santos Reynoso, acusado desde varios ángulos de ser un coimero y haber mantenido trato con lo peor del submundo de la droga para tales fines. Dijo el doctor Miguel Ángel Contreras en el tramo sustancial de su resolución que “todas y cada una de las pretendidas evidencias quedaron desvirtuadas, no porque no hayan tenido lugar los hechos, sino porque todo demuestra que el doctor Reynoso no tuvo participación alguna en los mismos”. En este párrafo está incluida la cuestión nodal de un escándalo que lleva meses y cobró algún impacto público por las cuestiones mediáticas, antes que por los hechos en sí mismos que han degradado la imagen de la Justicia Federal. Los acontecimientos que llevaron a Santos Reynoso al banquillo de los acusados, en definitiva, no fueron un invento. Existieron. No lo decimos nosotros. Lo hizo el doctor Contreras, quien se tuvo que bancar la incómoda investigación por la pelea entre dos fiscales federales. Uno es Reynoso que, aun con un aparente fallo a favor, termina salpicado para el resto de su carrera, y el otro es Vehils Ruiz, que impulsó la investigación y, de alguna manera, perdió por evidentes torpezas de mezclar cuestiones personales con su deber de hacer justicia.

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Aunque haya sido un culebrón cubierto de fealdades, hay que hacer varias lecturas de una historia que todavía está en desarrollo. El juez Contreras afirmó en su fallo, que fue inmediatamente apelado, que influyeron en todo el proceso las cuestiones mediáticas. ¡Vaya si fue así! Aquí se abrieron las puertas de los medios de comunicación provinciales y algunos nacionales para que un abogado tucumano, mediático ciento por ciento y al que relacionan con el narcotráfico que opera en el sur de la vecina provincia, dijera cualquier cosa. Se trata del abogado Gustavo Morales, quien llegó a acusar a funcionarios provinciales de tener relación con el narcotráfico internacional y de afirmar que Catamarca era un narcoestado, ligera expresión que se compadece con acontecimientos que pueden ocurrir en países como México, los Estados Unidos y no con una provincia donde operan los perejiles de la droga. Sin embargo, durante el año 2019, aquella revelación produjo el escándalo y terminó con la detención de los exjefes policiales Carlos Kunz y Norberto “El Rulo” Valdez, motorizada por el mismo Morales con el concurso de personajes del bajo fondo que habitan la cárcel de Miraflores. No conforme con sus logros mediáticos, la avanzada continuó contra Santos Reynoso y para ello utilizó a los mismos presos que, en su momento, declararon ante Contreras que fueron coimeados por el fiscal. En este caso, es cierto, aportaron datos, llamadas telefónicas, lugares y fechas, los que sirvieron al juez para afirmar en su resolución que “los hechos existieron” y aclarar que “Reynoso no tuvo participación en ellos”, razonamiento un tanto curioso, pero posible.

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Por lo que sabemos y quedó demostrado con el reciente pronunciamiento que “salvó” al fiscal, las maniobras mediáticas sufrieron un golpe durísimo. Lo del abogado Morales, en definitiva, fue para la Justicia un verdadero bochorno. Pero sobre estos aspectos conviene puntualizar que Santos Reynoso también es un funcionario que hace uso de los medios para justificar sus propios pensamientos y conductas. Ya en el pasado observó posiciones, teñidas de parcialidad, que fueron totalmente desacreditadas y, en esta oportunidad, a pesar del dictamen de Contreras, es difícil negar los contactos que desde su fiscalía posiblemente existieron con los presos presentados por Morales como “testigos de valor”. Hay datos que hicieron demasiado ruido, aunque no hayan alcanzado para llegar a la imputación. Por ello su futuro será tan vidrioso como las promesas mediáticas -están grabadas- de poner contra las cuerdas al abogado tucumano “en cuestión de horas”. No ocurrió tal cosa y la controversia quedó como un enfrentamiento de un mediático contra otro mediático. Todo muy lamentable en esta especie de “corso a contramano” que tendrá continuidad en la Cámara Federal de Tucumán. Allí se resolverá “si Santos no es tan santo que digamos”.

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Existe cierto malestar en ámbitos judiciales, tras confirmarse que, mediante acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender la feria judicial de invierno por la crisis sanitaria derivada de la pandemia en todos los tribunales del país. La medida no sorprende, porque los judiciales tuvieron su feria en enero, y tras poco más de un mes de trabajo bajaron las persianas por la pandemia, para retomar recientemente su actividad de manera parcial y con restricciones de distinta índole. Todos presumían que era lógico que se siguiera de largo ahora, pero para quienes habían planeado vacaciones con anticipación, aun cuando no pudieran viajar, la noticia les empeoró el humor. El máximo órgano de la Justicia nacional pidió “redoblar los esfuerzos”, seguir trabajando y olvidar el receso invernal. Pero el enojo no se termina allí, sino que se vincula con el reparto de cargas horarias y laborales aplicadas con el nuevo sistema, porque al parecer hay turnos que no se modificaron y otros que se redujeron. Y cuando se implementaron rotaciones de horarios para compensar esa desigualdad, a los empleados tampoco les gustó. En conjunto, mal clima entre los judiciales, que siempre rematan sus quejas señalando a superiores que con mínimo esfuerzo embolsan suculentos sueldos, mientras a ellos les toca la peor parte en carga laboral y retribuciones. En un contexto general, párrafo aparte para la Justicia Federal de Catamarca que, en todo este tiempo, trabajó a destajo y, por ejemplo, de 1.500 actas de infracción por rompimiento de la cuarenta obligatoria operó unas 7.000.

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La semana próxima, según anunció el diputado andalgalense Alejandro Páez, se reanudarán las actividades partidarias de la Unión Cívica Radical, fuerza que preside precisamente el legislador, catapultado a la conducción luego de un oscuro y fallido proceso de internas. Según se anunció, los radicales comenzarán por discutir en una mesa chica integrada por referentes de las líneas que integran la cúpula boinablanca, esto es los Celestes de Oscar Castillo, la Morada y la CPR, para diseñar una próxima convención donde se sumarían los renovadores de Eduardo Brizuela del Moral, el APRA de Ricardo Guzmán y otras ramas del centenario espacio. La inactividad impuesta por la pandemia vino a servir como justificación perfecta para el letargo de los últimos meses, que en realidad es una extensión del duelo por la estrepitosa caída en las urnas de octubre pasado. El propósito de máxima declarado para este camino a iniciar es la renovación de autoridades del Comité Provincial, pero lo cierto es que el radicalismo catamarqueño deberá hacer frente a uno de sus momentos más críticos, donde no se vislumbra todavía una luz al final del túnel que permita imaginar la salida al derrotero en que se sumergió por mérito propio.

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Luego de liderar indiscutiblemente el hegemónico Frente Cívico y Social que gobernó la provincia durante 20 largos años, dirigentes que se formaron y crecieron ejerciendo el poder con la naturalidad de un derecho adquirido se vieron de la noche a la mañana en el llano y nunca supieron cómo recuperar el terreno perdido. Las durísimas caídas electorales de 2011, 2015 y 2019 en elecciones de gobernador, sumada a la patética alianza con el macrismo, que se abrazó por pura conveniencia aunque la ideología de Macri sea lo más alejado de la doctrina radical; sucumbieron a la fuerza en una agonía de incierto final, sin liderazgos, sin proyectos, sin discurso propio y sin llegada al electorado. Recuperar al radicalismo al menos como oposición, lo cual sería sano para la provincia, asoma como una cruzada difícil pero imperativa, aunque a un año de la próxima elección parece impensado que la UCR pueda volver a discutir el poder real en un futuro cercano.

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RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, en el final incluimos los acontecimientos del pasado cercano.
Una constante política. En los días previos a una elección, el gobierno provincial no se priva de inaugurar obras. Tal situación ocurría hace 25 años, durante la gobernación de Arnoldo Castillo. El 2 de mayo de 1995, a 12 días de una elección trascendental, el Frente Cívico ponía en funcionamiento la escuela número 48 “Euskal Echea” en la localidad de Medanitos (jurisdicción de Fiambalá) y hacía uso de la palabra su director, Oscar Rasguido, y el vecino Mario Carrizo, quien habló sobre el establecimiento escolar y la avenida de acceso a la localidad. Obras menores, paralelamente, se habilitaban en Punta del Agua, Palo Blanco y Saujil.

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A 48 horas de la misma elección de 1995, en la Capital se habilitaba la avenida Los Legisladores (parte desde Belgrano y desemboca en el parque “Adán Quiroga” y el barrio Parque América). Se trataba de trabajos de pavimentación, forestación y modernos sistemas de iluminación y señalización de la época. La obra, llevada a cabo entre el municipio capitalino y Vialidad Provincial, se completó en apenas seis meses.

El Esquiú