Innumerables aristas deja para el análisis la virtual solución alcanzada para el severo conflicto de la Municipalidad de Valle Viejo, resuelto luego de que el gobernador Raúl Jalil saliera al auxilio de la intendenta Susana Zenteno y, garantizara la planta permanente para una multitud de 200 trabajadores, cuya estabilidad había quedado pendiendo de un hilo tras el cambio de autoridades. Cuando Zenteno tomó el control del municipio, observó irregularidades en los nombramientos decretados en el final del mandato de Gustavo Roque Jalile y, con el argumento de poner orden en las arcas municipales y subsanar ese incremento desmedido en la planta de personal, comenzó a dar de baja a decenas de trabajadores. Como era de esperar, la decisión derivó en escándalo, transformado luego en manifestaciones, escraches en casas de funcionarios y hasta algunos episodios violentos. La flamante intendenta se ofrecía por un lado a explicar la situación “uno por uno” a los afectados, el gremio tomó posición lógicamente por los despedidos y todo el menú se matizó con denuncias, acusaciones y fortísimas declaraciones cruzadas entre Zenteno, Jalile y sus respectivos alfiles. En el Concejo Deliberante, la guerra entre radicales del “Gallo” y los seguidores de Susana se agravaba por la interna del PJ, donde “Abeto” Barrionuevo –que tras ser derrotado en las primarias por Zenteno prometió públicamente “sumarse y colaborar” con ella- saltó el charco y se alió con los jalilistas para atrapar la presidencia del cuerpo. 

El maremágnum administrativo, político y social, con el transcurrir de los días, llevó el termómetro a altísima temperatura y una definición incierta. En esa instancia, la pandemia del coronavirus y las medidas del aislamiento social, vinieron a forzar una tregua que calmó las aguas y le dio oxígeno y tiempo a Zenteno. El conflicto seguía latente porque, aunque ya no había posibilidad de seguir con protestas y manifestaciones, ella misma había anticipado en declaraciones periodísticas que tenía despidos masivos pendientes. La batalla se judicializó sin que nadie cediera un centímetro en sus posturas, hasta que la última semana se dio por superado el tema, con la solución “acordada” entre provincia y municipio. Finalmente, los despidos no se harán y los que tenían su planta, regular o irregularmente, la conservarán.

Hasta allí, un sobrevuelo rápido a los acontecimientos. Qué ocurrió realmente es algo que se discute. Políticamente, Zenteno señala este fin de la historia como un triunfo personal, con una mano clara del Gobierno. Puede ella decir que tensó la cuerda sin retroceder y al cabo la granada que tenía en la mano no explotó. También se anota sus porotos Raúl Jalil, que desde que asumió concentró muchos recursos en el Ejecutivo, pero frente a las críticas prometió insistentemente que no dejará solos a los intendentes: puede aquí ofrecer una muestra cabal. Y un tercer aspecto positivo, quizás el más importante, es que cientos de familias garantizaron sus ingresos y mantendrán su trabajo, lo cual siempre es buena noticia. Ahora bien, judicialmente se sugiere que las presentaciones que había realizado la Municipalidad para avalar su decisión de dar de baja a los empleados, iban a desmoronarse de un momento a otro con un fallo adverso. En ese hipotético escenario, Zenteno tendría que haber abierto las puertas a todos los nombrados por el Gallo, como hizo ahora, pero con el peso de una significativa derrota encima. ¿Sabían o sospechaban que el reclamo judicial no iba a prosperar y se anticiparon para presentarlo de modo agradable? Es posible: la resolución fue la misma.

Otro previsible efecto colateral es el antecedente que se deja asentado para conflictos similares en otros distritos. Segundos después de que se anunciara la decisión tomada en Valle Viejo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al intendente, Luis Polti, que haga lo mismo en su municipio. Y esta suerte de jurisprudencia representada por Valle Viejo será recordada cada vez que aparezca un incidente similar, lo cual ocurre con frecuencia cada vez que cambia el color político de una intendencia. Porque cuando antecesor y sucesor son de la misma fuerza, las desprolijidades heredadas se disimulan con discreción, pero cuando se ocupa un sillón que pertenecía a un rival político, se grita a los cuatro vientos hasta por un florero fuera de lugar. Comunas como Antofagasta de la Sierra, Ancasti, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Capayán y muchas otras transitaron esos traumáticos cambios de mando, con disputas por la planta de personal incluidas. ¿Puede pensarse que de aquí en adelante nada será igual? ¿Reclamarán todos el salvavidas financiero de provincia bajo el pretexto de sostener la paz social en cada jurisdicción? Es difícil saberlo, cada acción responde a un momento político y los escenarios pueden variar. Pero la conclusión final de toda esta historia es desalentadora: al cabo, las malas decisiones, los nombramientos con fines electoralistas, los manejos irresponsables de presupuestos y las medidas que se toman para usar a la gente antes de una votación, repercuten siempre de la misma manera. Es el castigado Estado provincial el que asume los costos. Se trata de un pésimo mensaje, que siempre termina por asegurar a los políticos que sus desmanejos serán más tarde o más temprano asimilados por fondos públicos y no tendrán que responder por ello. ¿Cómo se podría solucionar el eterno dilema? Estableciendo por ley la prohibición de nombrar gente, salvo causa justificada, en los últimos seis o nueve meses de cada mandato.

Vamos ahora a los escarpados terrenos de la Justicia. El que volvió a despacharse con fuertes declaraciones es el ministro de la Corte local, José Cáceres, quien apuntó duro contra los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. “Pepe” anticipó su parecer sobre la reforma estatal impulsada por el Gobierno y, si bien se reservó un veredicto concluyente hasta ver cómo se aplica, dejó en claro que está atento a lo que pueda suceder con su presupuesto. Cáceres sugirió que si le tocan el bolsillo al Poder Judicial la reforma no prosperará, porque ya hubo otros intentos de recortar ese presupuesto, como en la época de Oscar Castillo y las iniciativas no prosperaron por “inconstitucionales”. Cáceres confía en que de avanzarse ahora ocurrirá lo mismo y de yapa culpó a los legislativos por los desfasajes de fondos, recomendándoles que se hagan cargo ellos de la situación. “El problema de la Cámara de Diputados con la movilidad es que los que hicieron la fiesta tienen que pagarla, no pagarla otro poder que es el único que paga todo en blanco”, cerró el juez, sin la menor autocrítica o referencia al amiguismo, nepotismo y clientelismo, que también suele reinar en los nombramientos del poder Judicial, por más que él insista en que solo se nombra a profesionales y por concurso. ¿Al abrir el paraguas está cuidando el presupuesto o el privilegio de seguir haciendo favores de nombramientos a dedo desde el Poder Judicial?

Cáceres, con el paso del tiempo, se ha convertido en una figura morbosa de la Justicia. Sin embargo, en algunas cosas tiene razón. Cuando alude a la fiesta de nombramientos en la Legislatura y pide que la paguen los que organizaron los fastos sin traspasar los costos al Poder Judicial, no se equivoca. Cuando habla que “todos los gobiernos han querido meter mano en el magro presupuesto de la Justicia” y señala, como ejemplo, que Oscar Castillo les quiso rebajar los sueldos, miente descaradamente. Nunca hubo discusión con el senador nacional por la sencilla razón que se trata de su jefe político y defensor acérrimo de su permanencia en el cargo de ministro de la Corte de Justicia. Por otro lado, hubo descuento de sueldo dispuesto por Castillo en el año 2001. Frente al decreto nacional de reducción del 13% para todos los empleados del Estado –incluido los jubilados- que habían firmado Patricia Bullrich (exministra de Trabajo de la Nación) y Fernando de la Rúa, Catamarca adhirió a la medida y se procedió al descuento que desmiente a Cáceres. La última de sus mentiras tiene que ver con los nombramientos. Dice que se hacen por concurso e involucran únicamente a profesionales. No es así. En plena pandemia hubo más de treinta nombramientos en el Poder Judicial y no todos favorecieron a profesionales. Tenemos pruebas de ello, pero no la damos a conocer por la dignidad de las personas.

RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, en el final incluimos los acontecimientos del pasado cercano.
En abril de 1995 se vivían en Catamarca zozobras económicas. Lo más notorio es que no estaban pagados los sueldos de febrero, lo que originó un reclamo de la Asociación de Magistrados. Al mismo tiempo influía en el ánimo de la gente la triangulación de dinero que se había hecho con los bancos Extrader y Feigin, los cuales habían sido suspendidos por el Banco Central. Las explicaciones de la Casa de Gobierno no convencían a nadie. Se decía, por ejemplo, que no era dinero de la provincia, que era dinero ajeno, que eran depósitos que se hacían en la Capital Federal y que todo lo que ingresaba por coparticipación iba a pagar salarios. Sin embargo, el castillismo tuvo tiempo para conseguir ayuda del menemismo, a través de Cavallo, y poder retener la gobernación el 14 de mayo.

El Esquiú.com