Rara vez ocurre que un reconocimiento deriva en un problema, pero esta vez sucedió, como impensada repercusión de un acontecimiento que debió ser anecdótico y positivo, y se transformó en un escándalo que cada vez se extiende más. Todo comenzó con la preparación de una suerte de spot musical, consistente en la interpretación del Himno Nacional Argentino con instrumentos autóctonos. El trabajo resultó en una excelente pieza desde el punto de vista artístico, propia de los talentosos músicos locales y engalanada con escenarios naturales deslumbrantes, como el Campo de Piedra Pómez que se encuentra en Antofagasta de la Sierra. Desde hace varios años que los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales se dedican a hacer esta clase de filmaciones, que unas décadas atrás casi no existían. 

Esta modalidad de comunicación surgió por el gran auge de las redes sociales, que ofrecen un contacto directo y masivo con la ciudadanía, más rápido que el de los medios convencionales. La idea general es matizar informaciones oficiales con algunos mensajes de color, para fortalecer ese canal y llegado el caso utilizarlo para alguna campaña institucional o política. El sector que llevó ese estilo a su máxima expresión fue el PRO, luego convertido en Cambiemos, que al asumir el poder se convirtió en el primer gobierno que desde Casa Rosada invertía más publicidad en redes sociales que en los medios tradicionales. Hubo muchas críticas en su momento, pero al final todos admitieron la efectividad del sistema y hoy aplican la misma fórmula. En ese contexto aquí se preparó la versión “andina” del Himno patrio, y el trabajo podría haber pasado desapercibido, como tantos otros spots que se realizan prácticamente semana a semana. Sin embargo, el Día del Himno, casi un año después de la grabación, sucedió que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, compartió esa filmación en sus redes, expresando su admiración. Allí, lógicamente, la repercusión se multiplicó hasta el infinito, generando primero orgullo y satisfacción, y luego dolores de cabeza.

La versión de la polémica fue interpretada por la Orquesta Andina, arreglada y dirigida por el músico catamarqueño Juan Ignacio Molina, junto con los profesores Mario Toro y Marcelo Maldonado, y participaron unas 40 personas entre músicos, artistas y alumnos de escuelas de Catamarca. El trabajo se estrenó en la víspera del 25 de mayo de 2019. Un año después, con el reconocimiento de Alberto Fernández, empezaron las discusiones, y hasta se formalizó un pedido de informes para saber quién, cómo y cuándo costeó el trabajo, cuánto se gastó y cómo se resolvieron los pagos. Esto surgió por la sospecha de que pudieron cometerse algunas irregularidades, como pasar por alto los procedimientos administrativos de contratación y hasta la presunción de que se les pudo haber pagado a personas que al mismo tiempo revistaban como empleadas del Estado (la ley no permite ser agente y proveedor al mismo tiempo). Esa fue la pequeña piedrita que desató una bola de nieve, y hasta el momento no se termina de aclarar la situación de manera satisfactoria. Los primeros cuestionamientos formales llegaron del diputado radical Tiago Puente, quien indagó sobre los métodos de facturación, recordando que la Secretaría de Cultura que llevó adelante el proyecto –en ese momento a cargo de Jimena Moreno-podía hacer contrataciones directas, pero hasta determinados montos. En definitiva, cuánto salió la filmación es algo que no se logró establecer, pero los cálculos de lo gastado suben y suben conforme se van reconociendo más pagos, y el spot ya rondaría por el millón y medio de pesos.

La exsecretaria Moreno intentó salir a dar explicaciones, agobiada por las críticas, pero su aparición fue un típico ejemplo de las palabras que oscurecen más de lo que aclaran. Jimena señaló sencillamente que sólo desde su área se habían pagado más de 900.000 pesos, pero que “desconocía” el precio total porque hubo otros gastos que habían pagado “entre muchos ministerios”, y como frutilla del postre reconoció que “no sabe” si el músico Juan Molina, que según ella cobró 630.000 pesos de su secretaría, era al mismo tiempo empleado o funcionario del Gobierno. Apareció entonces Molina, y luego de reivindicar su amor por el arte –que nadie puso en duda- detalló que el proyecto incluyó la participación de áreas como Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Ministerio de Educación, Secretaría de Ambiente y el Canal de la Provincia. A esta altura, identificar el monto total que se gastó equivale a un rompecabezas imposible de armar. Y para completar el cuadro, Molina se peleó con el profesor Mario Toro, quien lo acusó de robarle la idea del proyecto. Una situación en conjunto insólita, que termina por opacar lo que sin discusión fue un hermoso trabajo. Pero quienes ejercen la función pública deben comprender que no hay margen para manejos informales cuando de dinero del Estado se trata, porque después emergen graves problemas a la hora de rendir cuentas, y la falta de claridad siempre siembra sospechas sobre la posibilidad de que alguien haya obtenido beneficios que no le correspondían. Por último, más allá de la fantástica puesta artística, cabe preguntarse si se justifica invertir una suma millonaria en esta clase de spots, con todas las urgencias que atraviesa la Provincia.

Desde que Gustavo Saadi asumió la intendencia capitalina viene trabajando en notable sintonía con el Concejo Deliberante, que acompañó sus iniciativas de manera unánime y rápida, conforme lo solicitaba el Ejecutivo comunal. Para alcanzar este entendimiento, el joven intendente se tomó su trabajo, ya que periódicamente se reúne con los ediles, oficialistas y opositores, y trata de consensuar la mayoría de los proyectos. De esa manera obtuvo respaldo inmediato para casi todo lo que propuso, incluyendo situaciones complejas como las derivadas de la emergencia sanitaria. Sin embargo, en la última sesión del Concejo se quebró el invicto, y hubo una iniciativa de la Municipalidad que, aunque terminó aprobada, recibió un voto en contra. Quien se opuso fue el excandidato a intendente por el partido Gente en Movimiento (GEM), Simón Hernández, y fue porque no estaba de acuerdo con la ampliación de facultades de la Caja de Crédito Municipal, que ahora preside Juan Zelarayán, porque su anterior mandamás, Rafael Ponzo Florimonte, pasó a la exCapresca en el ámbito provincial. El proyecto de la discordia era el que habilitaba a la entidad crediticia capitalina a realizar operaciones no solo en la Municipalidad de la Capital sino en todo el ámbito provincial. Para “Simoncito”, esto genera una superposición de facultades con la flamante Caja de Crédito y Prestaciones Provincial. La ordenanza se aprobó de todas maneras y Zelarayán desestimó que haya inconvenientes con el argumento de que “se trabaja articuladamente con la provincia” y al margen de las nuevas facultades “vamos a seguir enfocándonos en los vecinos de la ciudad capital”. Para Simón, que integra el Bloque Movilización, se excedieron los límites previstos en la Carta Orgánica y se disgustó con la posibilidad de repartir créditos por otras jurisdicciones porque “lo que aportamos en tasas municipales los capitalinos tiene que volver en créditos para los vecinos y emprendimientos de la Ciudad”. ¿Será que incrementando el margen de créditos a otorgar crecerán también sustancialmente los márgenes actuales de recaudación?

Un curioso y casi risueño cruce mediático protagonizaron en los últimos días los legisladores Juan Denett y Juana Fernández, contrapunto que refleja la mediocridad de los debates políticos domésticos. Todo comenzó cuando la radical Juanita cuestionó las acciones provinciales en materia de salud pública, y el hijo del fiscal Denett retrucó refrescándole su amor por el macrismo. “Vemos a Fernández atacando impunemente al sistema de salud provincial, pero hay que recordar que, por cuatro años, solamente la vimos aplaudir la gestión de Macri, siendo cómplice de cómo devastaban el Ministerio de Salud de la Nación, degradándolo a Secretaría y recortando su presupuesto hasta el punto de llegar a hacer faltar vacunas para las niñas y niños”. Por redes sociales, Juana recogió el guante y espetó que “hablan de impunidad algunos que hicieron la vista gorda al narcotráfico y también hablan de impunidad los que aplaudieron al gobierno argentino más corrupto de todos los tiempos”. Agresiones indirectas con petardos retroactivos, en un inesperado reverdecer de la grieta kirchnerismo-macrismo, como si no hubiera suficientes temas de relevancia como para el debate de los diputados catamarqueños.

RECUERDOS. Cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos del pasado.
En 1995, aparte de la concesión del Bajo la Alumbrera, se desarrollaban severas discusiones por las cuestiones mineras y en la mayoría de ellas aparecía la “tristemente célebre Somica DENT”. En este marco, en el mes de mayo, se producía una fuerte controversia. El director de YMAD de aquel tiempo, el desaparecido Carlos María Correa, presentaba una denuncia penal por entender que existían vicios en el traslado del área de Cerro Atajo a la Somica, los cuales lesionaban los intereses de la provincia. Raúl Galarza, el exsecretario de Minería, había presentado una propuesta que contemplaba el alejamiento de la provincia de la sociedad a cambio que el sector privado se hiciera cargo del pasivo. “Evidentemente cuando uno destapa esta caja negra que era hace un año atrás Somica encuentra una serie de inconvenientes”, señalaba el funcionario, apoyado por el ministro de Producción, el otro director de YMAD (Carlos Maldonado) y el presidente de Somica, Armando Navarro. Galarza agregaba sobre Correa “quiere instalar un circo”, en tanto el denunciante se mantenía en su posición: “el emprendimiento minero vale 100, no 10”. Este “toma y daca” llegaba finalmente a la Fiscalía de Estado, conducida por Amelia Sesto de Leiva” y allí todo se diluía.

Otro tema del pasado que se relaciona con el presente. El 7 de mayo de 1995 el gobierno proclamaba que se eliminaba el famoso plus médico. Firmaban un convenio la OSEP, Feclisa y el Colegio Médico para que no se cobrara nunca más. Lo refrendaban Arnoldo Castillo, Víctor Castillo –subsecretario de Salud-, Joaquín Avalos y Héctor Canji. No pasaron muchos años y, una vez más, como ahora, los profesionales regresaron con el cobro indebido. ¡Una historia de más de 30 años!