La impresionante circulación del video que compromete a dos camaristas -Raúl Da Pra y Juan Pablo Morales- que, en una dependencia judicial, aparecen cobrando una supuesta coima tuvo los efectos de un verdadero terremoto político. Es que independiente del papel que jugaron los involucrados, que deberá resolver la Justicia, es vox populi que en los tribunales catamarqueños se hacen negocios espurios y se favorecen situaciones que tienen que ver con los lobbys, especialmente de los empresarios o personas con poder. Estos hechos -coimas y otras miserias humanas- muchas veces no salen a la luz, pero se comentan en diversos cenáculos públicos y es lo que ha llevado al descrédito de un Poder que solo habrá de recuperarse con la desaparición de figuras de proyección morbosa. Aunque queden marcados como posibles coimeros, hay que aclarar que tanto Morales como Da Pra no tienen todavía un cargo de responsabilidad preciso o una denuncia formal, como tampoco se sabe el móvil de la supuesta coima que sería la revocación de una prisión preventiva. Sin embargo, apelar a justificativos políticos es defensa difusa y de poco vigor. De última, no deberían renegar de la política, toda vez que ambos provienen de esos territorios. Morales fue secretario de Seguridad durante la gestión de Lucía Corpacci y Da Pra, que buscó politizar la cuestión, emergió funcionario de la Justicia al calor del Caso Morales y las Marchas del Silencio.

Hablando de coimas, para no ir demasiado lejos, hay que recordar casos recientes. Uno de ellos tiene que ver con el exfiscal Roberto Mazzucco, que fue destituido a través del mecanismo de juicio político. Otro caso involucra al fiscal federal, Santos Reynoso, acusado al menos por tres personas de haber solicitado coimas para ordenar la libertad de condenados por narcotráfico. El juez Miguel Ángel Contreras, en fallo que despertó polémica e inmediatamente fue apelado, le dictó falta de mérito por el testimonio de un testigo que se hizo cargo de haber pedido las coimas en nombre del fiscal, lo cual ratifica que las maniobras irregulares existieron y golpean de lleno a la Justicia Federal.

Cuando hoy sesione la cámara de Diputados resulta posible que se aborden temas judiciales como los que estamos comentando. Pero, además, puede volver al centro de la escena el pedido de juicio político que se sigue a los ministros de la Corte, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. En esa dirección, desde que arrancaron las sesiones ordinarias, legisladores íntimamente ligados al castillismo -Lobo Vergara, Luna y Monti, que se sumó al reclamo- piden que se vote la aprobación o desaprobación del petitorio. Lo hacen a sabiendas de que al oficialismo le faltan tres votos para lograr los dos tercios reglamentarios y a ellos, al parecer, no les importa que haya causales concretas, como ser la violación de los artículos 168 y 195 de la Constitución. El primero les prohíbe ejercer funciones a los jubilados, lo que fue saldado hace años con una ley trucha que votó la mayoría del Frente Cívico. El 195 pone tope de edad y, como dice Monti, fue declarado inconstitucional. Lo que no aclara el joven legislador -tampoco lo hacen los medios de prensa, a excepción de El Esquiú- es cómo fue la maniobra para llegar a esa conclusión. Votaron, avalados por la política, nada menos que los propios interesados en atornillarse a los cargos. En su momento (año 2006), no hubo comunicación alguna ni mucho menos consulta al pueblo, lo que por la envergadura del conflicto correspondía que se haga.

Luego de su breve y frustrada incursión en política, el ingeniero Flavio Fama fue ratificado como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Catamarca al menos hasta septiembre del año que viene, un plazo que excede su mandato natural y que se resolvió de manera extraordinaria por las circunstancias derivadas de la pandemia de coronavirus. Así se decidió en una inusual asamblea de las autoridades universitarias, desarrollada por videoconferencia, y durante la cual se resolvió prorrogar todos los mandatos que debían concluir este año. De esta manera, Fama inicia una suerte de cuarto mandato y se perfila para seguir su extenso camino al mando de la Casa de Altos Estudios, iniciado en el lejano 2007, todavía con el Frente Cívico y Social en el poder provincial. Cuando Fama asumió, la UNCA era uno más de los espacios políticamente dominados por el radicalismo, y por su buena imagen ante la comunidad, era un paso casi garantizado hacia la proyección a otros cargos. Por allí pasó Eduardo Brizuela del Moral antes de ser intendente capitalino y gobernador, por allí pasó Julio Salerno antes de ser diputado, y Fama pensó en algún momento que también él podía dar el salto de las aulas a la postulación en las urnas generales. Debe decirse que no fue su idea original, ya que al comienzo parecía enfocado en la labor estrictamente académica.

Se recuerda que, a poco de asumir, al anoticiarse de algunos inconvenientes financieros en la UNCA, Fama ordenó auditar las gestiones del radical Salerno, su antecesor. La medida llamó la atención porque era un ámbito básicamente oficialista -hablamos de 2007- y un reclamo así venía como anillo al dedo a la oposición peronista de la época. Fama siguió firme y declaró por aquellos años que no le importaba ninguna procedencia o acción política y que su único compromiso era con la universidad. Fue el camino que siguió en sus primeros años, e incluso fue uno de los pocos interlocutores que tuvo Lucía Corpacci cuando penaba en la Vicegobernación, aislada y ninguneada por todo el gobierno radical. Fama era de los pocos que escuchaba y recibía a Lucía, firmaba acuerdos, y hasta cedía instalaciones universitarias para que la médica desarrollara actividades oficiales. Un trato respetuoso e institucional, pero que en el contexto de la época era casi una rareza. Cuando el peronismo llegó al poder, y el Frente Cívico perdió Provincia, Capital y Legislatura, la UNCA se transformó casi en el último bastión para el refugio de opositores, pero Fama supo mantenerse equidistante del barro partidario y a partir de su perfil encadenó dos nuevas reelecciones casi con naturalidad. Fama se sintió algo amenazado cuando el corpacismo, de la mano de la senadora nacional Inés Blas de Zamora, avanzó con el proyecto de la Unoca, una nueva universidad para Belén, y se dedicó a fortalecer la imagen de la UNCA en distintos puntos del interior.

Fue a mediados de 2018 cuando lo tentaron con dar un golpe de timón hacia el lanzamiento político. Y Fama dudó mucho. No se trata de especulaciones: él mismo lo declaraba públicamente. Que sí, que no, que quizás, que no era el momento, que podría ser. Participó de algunos encuentros partidarios pero ni siquiera definía en qué espacio participaría, ni apuntó a algún espacio concreto para competir. Tuvo los primeros acercamientos con el electorado de la mano de Dalmacio Mera, en un sector denominado “Hacemos”, cuya incidencia no pasó de algunas pequeñas reuniones, y finalmente apostó por la alianza liderada por el macrismo, Juntos por el Cambio, para pelear la intendencia de la Capital ante Gustavo Saadi, del peronista Frente de Todos. La campaña de Fama fue una suma de desatinos. Todo lo bueno que había construido en la UNCA, lo arruinó en pocas semanas de proselitismo. Lo mostraron agresivo, denunciante, obsesionado por vincular al gobierno con la droga y hasta rozando el ataque personal a sus adversarios. Cuentan que al realizarse el debate de postulantes a la intendencia de la Capital, el propio Fama le dijo a Gustavo Saadi que no tenía nada que ver con los mensajes que le atribuían en la campaña. Perdió esa elección por amplio margen y allí volvió a ser él mismo. Retornó a la UNCA y recuperó su perfil natural, de diálogo y respeto. De hecho fue el primero de los candidatos derrotados que se reunió con Saadi para hablar animadamente y ofrecerse mutua colaboración. Ahora Fama seguirá en la UNCA y tendrá tiempo para pensar y diseñar sus próximos pasos. Se verá si lo hace como cabeza de la UNCA o busca su revancha en la arena política, donde fue muy mal guiado en su debut.

Una fuerte neumonía terminó con la vida de Hermes Binner, quien a sus 77 años era reconocido como una figura política nacional, que llegó a gobernar la provincia de Santa Fe y a competir por la Presidencia de la Nación. Máxima autoridad del socialismo en el país, era un hombre respetado, que transitó por la vida pública con aciertos y errores, pero cautivó a gran parte del electorado, y quedará en la historia como el primer socialista que ganó una elección de gobernador en el país. Binner era, antes de competir políticamente, un médico muy respetado, especializado en áreas complejas como cardiología y anestesiología. Dirigió hospitales públicos con excelentes resultados y esa buena labor lo catapultó a la política. Su primera gran experiencia fue la intendencia de Rosario, donde fue electo en 1995 y justamente se destacó por su labor en salud pública. Reelecto en 1999, ya se perfilaba para cosas mayores, pero la Ley de Lemas le jugó en contra. En 2003 se presentó como candidato a gobernador y fue el más votado en su provincia, pero el cargo quedó para Jorge Obeid, quien lo superaba sumando los votos de otros candidatos de su sector. Trabajaría como legislador nacional hasta alcanzar finalmente la gobernación santafesina en 2007. Hizo otro gran trabajo en Salud, con la construcción de 60 centros de atención, pero le fue muy mal en seguridad: en la provincia creció el delito y el narcotráfico a niveles impensados. Binner siguió siendo la cara más visible del socialismo argentino y su partida supone una gran pérdida para el sector que representó.

El Esquiú.com