El Frente Cívico y Social, que gobernó la provincia de Catamarca durante veinte años, desapareció literalmente del escenario político. No existe ya ni siquiera como sello, porque la sucesión de derrotas electorales, cada una más estrepitosa que la anterior, hicieron comprender por la fuerza a sus mentores que la idea de sostener el espacio en el poder por “veinte, cuarenta, sesenta años”, más que una utopía era un mal chiste.
Pero la disputa partidaria en las urnas no es el único ámbito de competencia política. Y uno de los pilares del viejo Frente Cívico y Social seguía existiendo en Catamarca: la Justicia. Una estructura diseñada con precisión de orfebre, que aseguró feliz vida post gestión a cada uno de los funcionarios que cometieron actos de corrupción durante el largo período de hegemonía en la conducción de la provincia.
Nunca en Catamarca prosperó una causa iniciada por presuntos casos de corrupción contra altos funcionarios del FCS, nacido a la oscura sombra del Caso Morales y esa Justicia hecha a medida de las necesidades de un sector, como primera tarea se ocupó de manipular, direccionar y tirar a la basura la investigación de aquel caso, para garantizarse la prosperidad del relato construido como su semilla fundacional.

Pieza esencial

Fue la Justicia el primer poder intervenido en 1991, cuando el FCS entraba en su génesis. 
Fue la Justicia el eje de su campaña proselitista, cuando la dupla de candidatos a gobernador y vice, Arnoldo Castillo-Simón Hernández, se publicitaba como “La fórmula de la verdad”. 
Fue la Justicia la que habilitó a Arnoldo Castillo a ser gobernador, cuando la letra constitucional le prohibía serlo por haber sido gobernador de facto y aliado de la peor dictadura que existió en la Argentina.
Fue la Justicia la que salió al auxilio de cada gobernante de turno, como cuando proscribió al candidato peronista (Luis Barrionuevo) que se perfilaba para quebrar la racha ganadora en los comicios.
Fue la Justicia la que estuvo siempre atenta para hostigar adversarios y ofrecer al oficialismo el menú deseado en cada conflicto procesal, administrativo o escandaloso que surgiese. 
Fue la Justicia la que guardó convenientemente en el freezer cada fraude millonario, cada estafa, cada malversación, cada abuso. 
Y fue la Justicia el último bastión del FCS en caer.
Eso fue, sin eufemismos, lo que sucedió en los últimos días en Catamarca. Se arrió la última bandera del poder del FCS. La Justicia radical se desmoronó, tras resistir, por propia contextura física, casi una década más que sus ideólogos.
La simbólica imagen, casi sagrada, de la mujer con los ojos vendados, que porta en una de sus manos la balanza y en la otra una espada, se desdibujó aquí hasta el grotesco. Se degeneró completamente, hasta un extremo insólito: no hay una sola persona en Catamarca capaz de defender y justificar sus actos. Todos los actores del ámbito judicial reconocen que la Justicia catamarqueña funciona pésimamente o no funciona. Cambian las razones ofrecidas, ciertamente, pero el veredicto final es unánime.
La seguidilla de escándalos de este año, con una tormenta de denuncias y sospechas, quizás aceleró los tiempos. Quizás no. El irreversible proceso de descomposición es de larga data, de modo que una reforma estructural se barajaba desde hace mucho. Y finalmente se ejecutó. Paradójicamente, con el apoyo poco disimulado de lo que se llama hoy Juntos por el Cambio, el sucedáneo del Frente Cívico

Las voces disonantes

Aunque pretenda instalarse la idea de que los cimientos del Poder Judicial del FCS se arrasaron en un trámite exprés, con leyes clave aprobadas por diputados y senadores en poco más de 24 horas, el itinerario fue mucho más extenso y elaborado.
Se estudió y trabajó durante años en la definición del nuevo esquema y cada norma fue analizada, debatida y respaldada con fundamentos incuestionables.
En las horas decisivas, la oposición hizo lo único que podía hacer. Esconderse, no asistir, no hablar, no debatir. Defensores acérrimos de los argumentos “anticuarentena” que se utilizan para debilitar a Alberto Fernández, de pronto sintieron que con bajar unos minutos al recinto ponían terriblemente en riesgo su salud. Se abrazaron a la comodidad de la ausencia y dejaron que las aguas siguieran su curso, porque la suerte estaba echada de todas maneras.
La tardía y extemporánea respuesta, llegó con un comunicado que parece haber viajado en el tiempo, de tan trillados y vacíos que son sus párrafos.
La oposición contestó convocando al espanto expuesto en términos deliberadamente alarmantes y catastróficos. Y como Dante describiendo los infiernos, narró al detalle los efectos de una Justicia adicta, con el conocimiento de quien ha transitado esos caminos.
Veamos algunos párrafos: “… se habilitó una impostura de debate en la Legislatura provincial para tejer un traje a medida: un Poder Judicial con mayoría automática del oficialismo, en todos sus niveles (…) Ninguna careta que invoque los supuestos beneficios de una reforma podrá ocultar los intereses evidentes del grupo gobernante puestos de manifiesto en esta maniobra.  El oficialismo salió de caño a quedarse con la Corte Suprema y cuanto juzgado ande disponible para ponerlo en mano de una facción resuelta a construir impunidades antes que respetar garantías. ¿Por qué tanta celeridad y atropello para quedarse con la Justicia? ¿A qué escenario futuro le temen? ¿Qué conductas del presente les afligen tanto para cercenar cualquier investigación futura? (…) Sólo la ambición de una mayoría automática explica este nuevo exceso (…) El manoseo burdo y desprolijo de las normas que establecen el orden de relevos para intervenir en causas que lleguen a la Corte se inscribe en la misma vorágine de asalto a las instituciones”.
Entre otros, firman el escrito Oscar Castillo, Rubén Manzi, Orieta Vera,  Gustavo Jalile, Horacio Pernasetti, Marisa Nóblega, Alejandro Páez, Alfredo Marchioli, Marita Colombo, Víctor Luna, Juana Fernández, Luis Lobo Vergara, Rubén Herrera. Hoy horrorizados por lo que interpretan como una intromisión política sobre la Justicia, cuando en su momento ninguno se quejó porque el Frente Cívico incorporara a la Corte de Justicia a su propio ministro de Gobierno. O en los años 90 a un precandidato a senador por Valle Viejo.

Lo que vendrá

Los ilegítimos beneficios que la oposición imagina para el oficialismo y denuncia aquí, son los que saboreó en paladar propio durante 30 años. Por eso los conoce tan bien.
El pronunciamiento no pasa de un onanismo argumental, con el cual como máximo pueden procurarse alguna satisfacción ellos mismos, aparte de los beneficios económicos inmensos que recibieron por detentar el poder. Fuera de los protagonistas involucrados desde el ejercicio de la función pública como opositores, ni una voz se levantó contra la reforma judicial en marcha. Se quejaron legisladores o exlegisladores opositores y el juez José Cáceres. Nadie más. Toda una señal del respaldo con que cuenta el pataleo verbal.
Una frase de ese documento, sin embargo, encierra una verdad irrefutable. “Ningún poder es eterno”, advierte la oposición sobre el final del escrito. He aquí las consecuencias.
Ahora una nueva etapa termina y otra se abre. Como dijo Fernanda Rosales, presidenta del Colegio de Abogados, más o menos miembros en la Corte de Justicia no representan en sí mismos una mejoría. Tampoco los otros cambios resueltos aseguran una mejor Justicia, ni la empeoran, como sugiere la oposición.
El desafío que comienza pasa por velar por las leyes sin privilegios, sin protecciones, sin camisetas partidarias, sin distinción entre el poder económico de los ciudadanos, sin favores que retribuir, sin negociados enquistados en cuestiones legales.
Si los viejos vicios se desplazan para imponer vicios nuevos, cambiando solo la dirección política de los beneficiados, todo habrá sido una pérdida de tiempo.
Se dio un primer paso. La Justicia perfecta no existe, pero si al menos se recupera la intención de acercarse a los preceptos de la mujer con los ojos vendados, la espada y la balanza, habrá una luz de esperanza.

El Esquiú.com