Con la pandemia en su peor momento en la ciudad, el secretario general del Sindicato de Obreros Municipales (SOEM), amagó con convocar a un paro que felizmente quedó sin entidad pocas horas después, cuando el gremio rubricó un acuerdo con la Municipalidad de la Capital. Lo extraño de la maniobra fue que el documento firmado no contiene más compromisos que los ya anunciados por la comuna que conduce Gustavo Saadi la semana pasada: esto es, la efectivización de las recategorizaciones y el compromiso de pagar los adicionales, ítems que a su vez ya se habían acordado en enero de este año y que fue cumplido paulatinamente en todos sus términos por el municipio. Una conducta poco feliz del gremialista Walter Arévalo, quien sigue sin ajustar su tacto a la hora de las negociaciones, tal como demostró al desatar un conflicto el mismo día en que el intendente asumía sus funciones. Pero esta vez parece haber cometido un error más grave que fallar en los tiempos políticos, ya que cuando preparaba el anuncio del paro, improvisó una reunión con trabajadores del área de Higiene Urbana, donde armó una suerte de asamblea sin ningún recaudo, sin respetar el distanciamiento social y, para colmo, presentándose sin el barbijo que marcan las normas sanitarias. Por esa acción le cabe una denuncia penal que incluso se habría formalizado, ya que resulta inadmisible cuando todas las fuerzas provinciales y municipales están enfocadas en detener la propagación del coronavirus. Gestos que hay que cuidar, máxime para quienes asumen liderazgos y representaciones: no son simbólicos, sino que la salud de la población depende de ellos. Exigir seguridad y controles está perfecto, pero si al mismo tiempo se desconocen medidas básicas de prevención, el mensaje se torna contradictorio.

El retorno a la fase uno de la cuarentena representó un duro golpe para pequeños y grandes comercios que empezaban a desperezarse y cayeron nuevamente en la obligada interrupción de actividades. Aunque la posibilidad de retroceder con las excepciones siempre estuvo latente, para los locales que habían logrado reabrir sus puertas al público el impacto fue fuerte, y volvió a poner sobre la mesa las finanzas comerciales, que están al límite de su resistencia y en varios casos ya precipitaron cierres. Alcanza con una recorrida por la zona céntrica para advertir la cantidad de locales vacíos, desmantelados o con carteles de alquiler, porque se hace insostenible asumir el pago de sueldos, servicios e impuestos sin ingresos. El panorama es denominador común en todo el país y sirvió para el primer contrapunto fuerte entre el catamarqueño Luis Barrionuevo y el presidente Alberto Fernández. El gastronómico aseguró que está preparando una gran marcha en pleno corazón porteño para reclamar por ayuda al sector, que nuclea aproximadamente a medio millón de trabajadores entre hoteleros y empleados de bares y restaurantes. Se trata sin dudas de uno de los rubros más golpeados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, aunque el propio Fernández recibió a los empresarios del sector hace poco más de un mes. El mandatario estuvo con los representantes de las cinco cámaras de gastronomía y turismo y les prometió asistencia directa. Sin embargo, según Luis, la ayuda no llega y por eso se anuncia la protesta, aunque el veterano gremialista aseguró a los medios nacionales que “lo que uno menos quiere es estar en las calles”.

Describir la seriedad de la situación se hace redundante, pero conforme transcurren las semanas el tema económico y laboral va desplazando la cuestión sanitaria de las preocupaciones generales. El último informe del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad de la Nación marca que en Catamarca el empleo cayó más de 6 puntos en el último mes de abril, cifras que sin dudas empeoraron en los meses siguientes. Carlos Muia, presidente de la Unión Industrial de Catamarca, calculó que la producción industrial bajó un 30,6 por ciento, sumado a que habría un 13 por ciento de empresas que ingresarían a concursos preventivos. Similar efecto se advierte en el área de la construcción, tanto en la obra pública como en la privada, con la particularidad de que esta actividad es a su vez movilizadora de una amplia gama de comerciantes y proveedores, además del empleo directo de mano de obra. Un panorama crítico del que, por ahora, sale ileso sólo el empleo público. El Estado continúa pagando en tiempo y forma e ingresará ahora al receso invernal, con lo cual al mismo tiempo evita la circulación de personas y mantiene en calma al gigante de la Administración Pública Provincial. Incluso quienes están fuera de esa estructura continuarán percibiendo ayuda oficial, en este caso de Nación, ya que se había desactivado para Catamarca el Ingreso Federal de Emergencia, pero la aparición de los primeros contagiados con coronavirus hizo resurgir la ayuda y miles de catamarqueños cobrarán por tercera vez la ayuda extraordinaria de 10.000 pesos. El primer pago lo recibieron 93.000 personas en esta provincia y el segundo se extendió a 103.000. Todavía no hay precisiones sobre cuántos percibirán el aporte en el tercer pago, pero se trata siempre de un segmento enorme de la población que carece de cualquier otro ingreso formal.

El escándalo judicial continúa ardiendo a fuego lento y ni la renovada cuarentena enfrió los ánimos. Mientras se decide quién investiga el supuesto affaire de Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, el poder político puso sus ojos en el ámbito tribunalicio y se multiplicaron las voces cuestionando la naturaleza de ciertos hábitos adquiridos por los altos mandos de la Justicia catamarqueña. El propio Raúl Jalil avanzó con la idea de una reforma y luego el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, salió con los tapones de punta al considerar que el Consejo de la Magistratura es “claramente inconstitucional y falló en su tarea fundacional”. La pulseada viene desde hace tiempo, y se revitaliza cada vez que se discuten los presupuestos para los distintos poderes. Hasta aquí el Judicial mantuvo cierta fortaleza administrativa y supo defender sus privilegios, pero al cabo los escándalos internos parecen haber llevado a golpear su solidez. El ministro Moreno sostuvo directamente que el Poder Judicial se arrogó facultades propias del gobernador para nombrar magistrados y funcionarios judiciales, quien tiene la potestad de cubrir las vacantes judiciales, con acuerdo del Senado, dentro de los 60 días de producida dicha vacancia. “Esto ha provocado un desequilibrio republicano que debe ser subsanado”, agregó para manifestarse a favor de la derogación de la Ley 5012 de Creación e Integración del Consejo de la Magistratura. Se trata del preludio para la embestida por la reestructuración del Poder Judicial, una cuenta pendiente que siempre se frenaba convenientemente, pero en estos momentos de debilidad motivaron al Ejecutivo a una suerte de ataque final. Mientras tanto, los tribunales entraron en otra especie de feria forzada, y tras una breve discusión se determinó que debe avanzarse en la causa abierta contra los jueces, ya que su condición no los exime de ser investigados, sino que prohíbe arrestarlos. Así lo determinó el juez Porfirio Acuña, para quien la investigación interjurisdiccional no es más que un mecanismo inconstitucional y obsoleto. El magistrado ordenó al fiscal Facundo Barros Jorrat que siga con las indagaciones sobre el mediático episodio. De este modo, los camaristas deberían responder por sus actos como cualquier otro ciudadano.

Llamó poderosamente la atención que, hace un par de semanas, el titular de la cartera de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, saliera a aclarar que una deuda que la provincia mantiene con Cammess (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), del orden de los 600 millones de pesos, pertenece a la gestión anterior. Para los mal pensados, se trató de una chicana direccionada a la interna peronista –que existe, pero está controlada por Jalil y su antecesora, la diputada nacional Lucía Corpacci-, pero en definitiva fue un plato en bandeja que el ministro le sirvió a la oposición, en cabeza de la diputada Marita Colombo quien, por años, se cansó de reclamar por esta deuda de la provincia. Tampoco aclaró Kozicki lo que siempre repite el primer mandatario, en el sentido que recibió una provincia ordenada y hasta con superávit. 

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes del Secretario con el repaso de hechos pasados.
En 1995 existían gravísimos problemas económicos que afectaban, entre otros, a los empleados públicos, los que no podían cobrar sus sueldos en término y en varias oportunidades quedaron hasta con dos meses de mora. A cada nada, en esos tiempos, el gobierno de Arnoldo Castillo le pedía ayuda al de Menem y Cavallo, el cual le requería a cambio las privatizaciones (de la Dirección de Energía y el Banco de Catamarca, por ejemplo) y reformas del Estado. La situación, por lógica, se trasladaba al sector privado. Varias empresas del rubro corrían el riesgo de desaparecer, como iba a ocurrir con el viejo Sanatorio Catamarca, que funcionaba en calle Salta, entre Esquiú y Prado. Un dato sobre esto: finalizando abril de 1995 no se había pagado el aguinaldo lo que, por ley, debía haber ocurrido en diciembre de 1994.

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