Crónica anunciada, dirán los que entienden lo qué es enfrentar un Jury de Enjuiciamiento. Los excamaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, antes de enfrentar el escarnio público, optaron por la despedida menos ruidosa, la que en pocos días más los confinará al olvido y posiblemente a su desaparición como abogados activos del foro. Presentaron sus renuncias antes de defenderse de la acusación de “mal desempeño” que les asestó el fiscal Mauvecín por haber sido observados, mediante un video, cobrando lo que el mundillo judicial y político calificó como una coima. Ambos, por dictamen del Tribunal de Jury, disponían de una “licencia obligada” en la Cámara de Apelaciones (también la integra Edgardo Álvarez) y solamente podían cobrar el 70% del sueldo, conforme lo especifica la ley. La ingloriosa retirada de los magistrados (en situación parecida se encuentra el fiscal federal Santos Reynoso, a quien también acusan de pedir una coima a malvivientes que están presos en Miraflores y cuya resolución depende de la Cámara Federal de Tucumán), sin dudas, se trata de otro duro golpe para un Poder Judicial que, más que su descascarado prestigio, ha perdido total credibilidad.

De hecho, las renuncias de Da Prá y Morales no pueden ser consideradas circunstancias aisladas. Es vox populi que en la Justicia abundan los sobornos y los poderosos siempre salen bien librados, mientras que los únicos que van a parar a la cárcel son los ladrones de baja estofa o los traficantes del narcomenudeo. Más allá de eso, en este caso, sería muy bueno que la Corte investigue -¿no es mucho pedir?- y determine quiénes pudieron haber pagado la coima y si existen estudios que lo hacen con frecuencia en los distintos foros. De Morales y Da Prá no hay que hablar más. El primero echó por tierra preconceptos valiosos que había logrado como Secretario de Seguridad de Lucía Corpacci y Da Prá, desde los años 90, fue el símbolo de cambio que propuso el Frente Cívico contra el saadismo, al que se cansó de acusar de poder corrupto.

La media sanción del Senado que logró ayer la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional incluyó un tema trascendente para Catamarca. Si finalmente consigue que se transforme en ley, algo difícil pero no imposible, se crearía en la provincia una Cámara Federal de Apelaciones, lo que sería un gran avance y agilización de las causas federales locales. Como sabemos, la alzada de Catamarca funciona en la Cámara de Tucumán, que también atiende Salta y Santiago del Estero, lo que naturalmente genera enormes demoras en producir resoluciones. Por lo pronto, si no surgen modificaciones en la Cámara de Diputados de la Nación, la nueva Cámara de Apelaciones se integraría con 30 personas entre jueces, secretarios, prosecretarios, fiscal, personal administrativo y de maestranza. La duda de los catamarqueños sobre esta Cámara de Apelaciones, en el futuro cercano, tendrá que ver con las votaciones que produzcan los legisladores de la oposición local: Manzi y Brizuela del Moral. ¿Votarán a favor o en contra de la creación de una Alzada que fije posturas dentro de la provincia y no en Tucumán? El pronunciamiento de los peronistas Corpacci, Ginocchio y López Rodríguez se descuenta será favorable al PEN.

Cada liderazgo político tiene perfiles y estilos definidos, que se expresan en múltiples conductas y acciones, que van desde el manejo de las declaraciones públicas y el vínculo con la gente hasta la relación con los propios funcionarios. La toma de decisiones y los modos de comunicarlas, los espacios físicos que se toman como ejes de la tarea cotidiana, el diálogo con los legisladores e intendentes y con las autoridades nacionales; todo es diferente según la persona que ejerce el poder. Ello no implica necesariamente que unas características sean mejores que otras, ni que una metodología de trabajo sea buena y la otra mala, se trata simplemente de formas y matices que distinguen a cada gobernante según su personalidad. En el caso de Raúl Jalil, las diferencias con su antecesora, Lucía Corpacci, son cada vez más notorias aunque guardan armonía partidaria. Un solo detalle muestra las enormes distancias entre uno y otro modo de ejercer la conducción del gobierno, y es la dinámica de los equipos de trabajo. Jalil optó por un gabinete mucho más amplio, con la responsabilidad del manejo de cada área concentrada en una sola persona y virtualmente eliminando segundas y terceras líneas de mando. Pero al mismo tiempo ese primer esquema de altos funcionarios transita un camino volátil, donde los desplazamientos y enroques fueron y son casi permanentes. No causa tanta sorpresa esta forma frenética de gobernar, porque es la misma que el actual mandatario utilizó cuando estuvo al frente de la Municipalidad de la Capital, un extenso período de ocho años en los cuales, debe reconocerse, su gestión dio muy buenos resultados, ejecutiva y políticamente hablando.

A nivel provincial, no obstante, es mayor la repercusión y el impacto de los cambios, tanto orgánicos como personales. Y la vertiginosa conducción jalilista no cuenta con precedentes en Catamarca. Raúl transita recién por el octavo mes de su mandato, iniciado allá en diciembre del año pasado. Ocho meses nada más han pasado desde que se sentó en el sillón de Avellaneda y Tula. En ese breve período, si se concreta la salida de Hernán Martel del Ministerio de Seguridad y llega en su lugar Gustavo Aguirre (tal como se especula), Jalil habrá nombrado ya veinte ministros. Dos decenas de designaciones en el cargo ejecutivo no electivo más alto que contempla la estructura estatal. Tomando como referencia la gestión de Lucía, que es el ejemplo más cercano, para alcanzar la designación del vigésimo ministro transcurrieron seis años; esto significa que recién ocurrió a mitad del segundo mandato, lo mismo que Jalil consumó en ocho meses. Al cabo de seis años en el poder, Lucía había tenido un único ministro de Hacienda y Finanzas, Ricardo Ramón Aredes; un único ministro de Obras Públicas, Rubén Roberto Dusso; dos ministros de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo y Gustavo Saadi; tres ministros de Producción, Ángel Mercado, Raúl Chico y Daniel Zelarayán; dos ministros de Salud, Noemí Villagra y Ramón Figueroa Castellanos; tres ministros de Educación, María Julia Acosta, José Ricardo Ariza y Daniel Gutierrez; cuatro ministros de Desarrollo Social, Oscar Eleuterio Pfeiffer, Francisco Gordillo, Daniel Barros y Eduardo Menecier y cuatro ministros de Servicios Públicos, Julio César Molina, Luis Romero, Gustavo Aparicio y Guillermo Dalla Lasta. De todos los cambios, casi ninguno fue traumático, y apenas asumían los funcionarios contaban con una dosis de respaldo y estabilidad que -salvo contadas excepciones- les garantizaban varios años en el cargo.

Raúl Jalil cambió el organigrama y apenas asumió designó a 17 ministros: de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno; de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquis; de Comunicación, Guillermo Andrada; de Minería, Rodolfo Micone; de Seguridad: Hernán Martel; de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle; de Ciencia e Innovación Tecnológica, Eugenia Rosales; de Cultura y Turismo, Luis Maubecín; de Educación, Francisco Gordillo; de Salud, Claudia Palladino; de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki; de Planificación, Susana Peralta; de Desarrollo Social y Deportes, Marcelo Rivera; de Hacienda Pública, Sebastián Véliz; de Agricultura y Ganadería, Daniel Zelarayán; de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz. Dos de ellos se fueron en los primeros meses, Daniel Zelarayán y Rodolfo Micone. Y si Martel asume en la Corte de Justicia, será la tercera baja del gabinete en estos ocho meses. Corpacci asumió en 2011 y mantuvo el mismo gabinete casi dos años: los primeros cambios en su equipo más cercano llegaron en 2013. En la mayoría de los casos las modificaciones no trascienden ni interesan demasiado a la opinión pública, sobre todo cuando son estructurales. Al vecino promedio no lo desvela si Innovación Tecnológica es ministerio, subsecretaría o secretaría, o si Planificación es ascendida de rango en el organigrama. Pero puertas adentro de Casa de Gobierno y las oficinas estatales, el cambió sí se advierte, en particular entre quienes apostaban a una continuidad de gestión, ya que aquellos que llegaron a Provincia luego de acompañar a Jalil en la comuna, ya están más empapados de su estilo. Las formas habituales se alteraron, el gobierno se mueve de una manera diferente, y hasta allí alcanza la observación objetiva. Si este método de trabajo rinde buenos frutos, es algo que se podrá evaluar recién con el paso de los años, cuando se completen las columnas del debe y el haber con los logros y cuentas pendientes de la actual gestión. Lo cierto es que ahora todos se preguntan quién será el próximo en armar las valijas.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
Las secuencias lamentables de las renuncias y designaciones de jueces de Corte surgen nítidas desde los recuerdos. El 23 de junio de 1995 renunciaba como cortesano César Ernesto Oviedo. Días antes lo había hecho Guillermo Díaz y se aprestaba a hacerlo José “Pepe” Cáceres, el única sobreviviente de aquel trío. Seis días después, el Senado le prestaba un nuevo acuerdo a Díaz y se lo volvía a designar presidente de la Corte. En horas había vuelto a jurar. El titular del Colegio de Abogados de aquel entonces, Patricio Rivarola, decía que estos movimientos dispuestos por el gobierno de Arnoldo Castillo “no eran razonables”. ¡Vaya si no lo eran! Se estaba violando la Constitución y cerrando toda posibilidad a un cambio real y ajustado a Derecho del máximo tribunal.

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