El escándalo en que aparecieron envueltos los jueces de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, de amplia repercusión en todo el país, parece encaminado a diluirse sin mayores consecuencias, lo cual no representaría una buena noticia, al menos si se ratifica el rumbo que ha tomado el caso.
Sin conclusiones prematuras, puesto que la causa sigue pendiente de resolución –ahora está en manos del fiscal de Jury, Miguel Mauvecín-, y sin valoración sobre la culpabilidad o inocencia de los involucrados en la supuesta entrega de coimas, lo que genera desconfianza es la percepción de que el problema –según las últimas novedades difundidas- tiende a inclinarse hacia la salida fácil.
De este modo, toda la atención se concentró en la validez o invalidez como prueba de la filmación viralizada, un detalle que no despierta gran interés porque desde un primer momento se sabía que sería descalificada. ¿O alguien pensó que los supuestos transgresores la aceptarían de brazos cruzados?
Sería un real despropósito que el centro de la escena pase a ser ocupado por el video, cuando lo que debe determinarse es si existió una coima, quién entregó dinero y para qué, y todos los mecanismos cuestionados en la Justicia catamarqueña, que exceden largamente este caso.
Para poner un ejemplo burdo, sería una situación similar a la de hallar un cadáver con una presunta arma homicida, digamos un cuchillo, y luego de determinarse que el cuchillo no se utilizó, cerrar el caso; sin continuar indagando sobre el crimen.
Aquí el video puede ser útil o inútil como prueba, pero lo que debe dilucidarse sin margen de duda es si existen favores que, violando toda norma procesal, permiten torcer el rumbo de una causa judicial a cambio de dinero.
No se ha mostrado, al menos hasta aquí, mayor interés por profundizar un tema que ocupa y preocupa a la comunidad de Catamarca, cada vez más escéptica sobre la calidad del sistema de administración de Justicia.
Ese sentir no es caprichoso, sino que aparece como consecuencia lógica de una interminable cadena de sucesos oscuros, de los cuales no aparece eximido ni siquiera el máximo órgano judicial: la Corte provincial.
Si los avances del Ejecutivo para eliminar de cuajo los vicios instalados en la Justicia catamarqueña no generaron más reacción que la de los interesados directos –por interés político o económico-, debe entenderse que es una clara señal del nivel de descreimiento ya instalado.
Es por factores como ese que una causa de tamaña repercusión mediática como la que afecta a Morales y Da Prá, no puede liquidarse por un tecnicismo y requiere una respuesta seria, incluso para bien de los propios sospechados.

Un mal momento

Es un mal momento para mirar hacia otro lado, porque la Justicia ha tocado fondo institucionalmente, y su falta de credibilidad es insostenible para un poder que debe ser pilar del sistema republicano.
Los involucrados no son ignotos hombres de Derecho, anónimos actores secundarios de la vida de tribunales. Son figuras públicas de trayectoria.
Juan Pablo Morales, antes de tomar la responsabilidad de ejercer como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, fue nada menos que fiscal de Instrucción, e incluso tuvo un trascendente paso por el Poder Ejecutivo, como responsable de la subsecretaría de Seguridad de la Provincia.
También Da Prá exhibe un largo currículum, que incluye su labor como juez Correccional de Segunda Nominación, fiscal de Instrucción N° 2 y consejero representante de los magistrados y funcionarios en el Consejo de la Magistratura, recientemente abolido.
La denuncia contra ellos adquiere un peso notable, además, porque ya son demasiados los casos de mala praxis judicial puestos bajo la lupa, y las acusaciones y sospechas se multiplican año tras año.
Se ha llegado a un extremo tal que los propios actores judiciales se reparten denuncias cruzadas, como cuando el fiscal del Tribunal Oral Federal Rafael Vehils Ruiz pidió que se investigue a su colega del Juzgado Federal, Santos Reynoso, también por una denuncia vinculada con la presunta exigencia de pago de coimas. Pero previamente Santos Reynoso había accionado indirectamente contra Vehils Ruiz, señalando a su hijo como autor de una maniobra para burlar controles en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Nada cuesta imaginarse lo difícil que es para el ciudadano común, comprender esta trama de denuncias y contradenuncias, donde ya no se distingue si los dictámenes obedecen a lo que marca la Ley o son herramientas de presión, vendetta, extorsión o simples unidades de negocios personales.
Son demasiados capítulos en esta novela, que en 2017 ya mostró la escandalosa destitución del fiscal Roberto Mazzucco, un año después la renuncia del fiscal santamariano Marcelo González, jaqueado por un jury en su contra; y antes la renuncia de un fiscal de Andalgalá, que para variar se fue antes de enfrentar un jury por supuestas coimas. También hubo sumarios contra el fiscal Víctor Figueroa… y la nómina no tiene fin.

Flojísima respuesta

En ese contexto, la respuesta judicial al caso Morales-Da Prá surge hasta ahora como muy pobre, y sugiere la intención de sacarse el tema de encima antes que la voluntad de encararlo como se debe.
Tomar el resultado de la pericia sobre el video como un punto final y no como un punto de partida, sería un tremendo error, porque no alcanzará para librar de sospechas a nadie, al margen de que las denuncias se archiven.
Tampoco se advirtió reacción en la Corte de Justicia, que no aplicó su poder de superintendencia para tratar de realizar sumarios, por ejemplo, y poner a toda la Cámara en comisión. Aunque poco puede esperarse de una Corte que tiene miembros más ocupados en salvar su propio pellejo por las denuncias que pesan sobre ellos mismos. 
Es que la Corte tiene su propio escándalo desde hace dos años, cuando en agosto de 2018, el abogado Eduardo Andrada inició el pedido de juicio político contra José Cáceres y Amelia Sesto por la presunta violación de los artículos 168 y 195 de la Constitución Provincial. En la presentación, se menciona la prohibición expresa a los jubilados y pensionados de ocupar cargos en la Administración Provincial. Todo ello, y más todavía, fue argumentado por el abogado José Furque esta semana para ratificar la presentación de Andrada y extender el juicio político a otro cortesano más: Raúl Cippitelli.
De pies a cabeza, una Justicia cuestionada y embarrada, en la que prevalecen los amiguismos, designaciones irregulares, manejos poco claros y una esencia de comportamiento cada vez más alejada de los altos ideales que su función impone.
La sociedad está cansada de escuchar las palabras coima y justicia en la misma frase. Late todavía la oportunidad de asumir esta investigación con seriedad. Es imperativo hacerlo. Es de esperar que los hechos nos desmientan y dejen este puñado de observaciones como erróneo, aunque de momento nada indica que eso vaya a suceder.

El Esquiú.com