La gravedad de la pandemia y su impacto alrededor del planeta, son parte de una realidad que nadie puede cuestionar. Las cifras globales de esta afección, sin vacuna ni antídoto conocido, hablan por sí mismas: se detectaron más de 19 millones de infectados en los cinco continentes, de los cuales casi 750.000 perdieron la vida. En Argentina, uno de los países que mejor controló el coronavirus, ya se registran cerca de 4.300 muertes, un número desolador. Y nuestra Catamarca, tras resistir 105 días sin infectados, superó los 60 casos. Como las estadísticas se renuevan diariamente, todos comenzamos a acostumbrarnos a escuchar las novedades y allí comienza a perderse de vista la magnitud real de la tragedia. “Hoy hubo 98 muertos, no es tanto…”, se llega a razonar. Pero lo que ocurre es dramático: el virus, por ejemplo, multiplicó en el país 22 veces la cantidad de víctimas de la tragedia del local bailable Cromañón y ya acumula más de 50 veces la cantidad de víctimas del atentado a la sede de la AMIA, por nombrar solo dos de los desastres más emblemáticos de los últimos tiempos. Los traumas de los grupos familiares donde se registra una pérdida, los efectos sociales negativos del distanciamiento y las devastadoras consecuencias de las medidas preventivas en la economía, añaden otras miles de víctimas no cuantificadas, que incluso sin verse alcanzadas directamente por el virus, resultan damnificadas de una u otra manera.

Contemplado ese aspecto esencial, que impone partir del reconocimiento de la seriedad del problema, debe decirse que comienzan a verse situaciones en las cuales el coronavirus y las restricciones que trae aparejadas, también aparecen como una suerte de “comodín” para ofrecer respuestas inmediatas. Habrá casos donde la justificación es real, pero otros donde surge la tristemente célebre picardía criolla, vicio ancestral del pueblo argentino, que encuentra las rendijas para sacar ventaja. La abundancia de situaciones incómodas que se resuelven echando mano al argumento de la pandemia, como mínimo empieza a llamar la atención. Los ejemplos abundan, sin ir más allá de la última semana. En el Juzgado Correccional 2, debía comenzar el juicio a Jonathan Sánchez Pedraza, un hombre acusado de acosar a una niña de 9 años enviándole fotos obscenas y otros materiales, delito configurado como grooming. Con abogados, jueces y demás actores presentes, en la sala de audiencias no se pudo arrancar porque quien debía sentarse en el banquillo adujo que tenía síntomas de coronavirus. Otro caso: dirigentes y afiliados de la UCR claman por la realización de la Convención partidaria, al cuestionar la legitimidad del actual presidente, Alejandro Páez. Formalmente, la UCR responde que no se puede llevar a cabo el cónclave por la amenaza del coronavirus. Un argumento muy relativo teniendo en cuenta los medios tecnológicos disponibles actualmente, que incluso permiten sesionar al Congreso de la Nación sin asistencia presencial. Algo similar a lo ocurrido en la Legislatura, cuando con el mismo argumento no bajó a sesionar la oposición, mientras la cámara de Diputados trabajó igual, antes y después de la oportunidad en que la pandemia sirvió de excusa.

Otros casos son incluso más complejos. Cuando en Buenos Aires se comenzó a analizar la posibilidad de retorno a las aulas en las escuelas, estudiando modalidades, protocolos y condiciones, la figura más fuerte de los gremios docentes del país, Roberto Baradel, cortó todo diálogo de raíz al anunciar que hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus no asistirá ningún maestro a la escuela. “Hoy no están dadas las condiciones para la vuelta a clases”, sentenció el líder de Suteba y su posición es discutible. Se trata de un enorme sector de trabajadores que siguen cobrando su sueldo íntegro, asistan o no. Y esa realidad objetiva los ubica en una condición más cómoda para reclamar. Negarse a trabajar porque la amenaza persiste es respetable, pero marca una desigualdad atroz con trabajadores menos afortunados que no tienen esa prerrogativa. A saber: personal de salud, personal de fuerzas de seguridad, personal de transportes de larga distancia, personal de medios de comunicación e incluso repartidores de delivery. Miles de trabajadores de todos los rubros, por no mencionar los empleos informales, deben salir a la calle o se ven privados de obtener un sustento. Quienes se encuentran en una posición más privilegiada, podrían intentar ser más solidarios y contemplar el escenario antes de mostrarse inflexibles con sus exigencias. Hay mucha incongruencia, a veces de parte de gremios que ponen el grito en el cielo por medidas preventivas y que luego motorizan manifestaciones donde ellos mismos no tienen en cuenta ningún distanciamiento o protocolo.

Y en este 2020 que no deja de sorprender, la que dejó boquiabiertos a varios fue la diputada María Teresa Colombo, quien tras cuatro años de macrismo furioso, vino a tomar distancia del fracaso PRO, sin recordar que la tuvo como aliada protagónica en la provincia. Marita, cual Poncio Pilatos, se lavó las manos a la hora de asumir el fraude publicitario del Plan Belgrano, aquella cruzada de inversiones millonarias que Macri prometió para el Norte del país y que se redujo a la colocación de carteles. Defensora acérrima del presidente que ilusionó al Frente Cívico con volver al poder, ahora Colombo mostró una postura asombrosamente ajena. Textualmente sostuvo: “No puedo salir a defender las obras del Plan Belgrano, esto lo voy a decir por primera vez, que se entienda bien, porque no teníamos información. Esta venía para algunos diputados y no para todos”. No pueden causar menos que asombro los infantiles fundamentos utilizados por una mujer que lleva décadas como legisladora, que avaló endeudamientos lapidarios para el país con aquello de que el acercamiento al FMI era “preventivo” y aplaudió las políticas más desastrosas contra la industria nacional y empleo. Que diga ahora que no tenía información es, más que una burla al electorado, una autodescalificación. Como vocera histórica del bloque del FCS-Cambiemos en Catamarca, que salga ahora a decir que no tenía información genera directamente vergüenza ajena.

Una enorme expectativa generó el relanzamiento del plan Procrear y el interés por el sistema se refleja en que el sitio oficial del programa recibió más de dos millones de consultas en apenas 48 horas. El presidente Fernández confirmó la reapertura de los créditos para viviendas, ahora con nueve líneas, entre préstamos personales e hipotecarios; de las cuales solo dos están habilitadas en este momento: la de mejoras para el hogar, de hasta 50 mil pesos, y la de refacciones, de hasta 500 mil pesos, que fue la que obtuvo la mayor cantidad de inscriptos. Con menos de 200.000 cupos, se aguarda saber cuántos podrían llegar a Catamarca y también la definición de requisitos para los otros créditos, todavía no operativos. Por lo pronto, no se definió qué interés se va a aplicar, aunque se sabe que no habrá una tasa de interés  ni fija ni por incrementos por UVAs, sino por salarios. La tasa se llamará HogAr, estará publicada todos los meses en el sitio del ministerio de Vivienda y será progresiva según el nivel salarial. Para acceder, hay que inscribirse vía online. Luego se evalúa la situación crediticia de la persona que pide el beneficio y que cumpla con los requisitos. En ese caso, accede al sorteo, que se realizará de a tandas y cuyos resultados se publicarán en la web y se avisarán por correo electrónico. Todavía no hay fecha del primer sorteo, pero sobra interés. Una buena iniciativa para quienes necesitan arreglar o construir su casa y también un empuje para el sector privado, porque detrás de cada obra de construcción, se sabe, se activan albañiles, corralones, electricistas y múltiples sectores de la economía.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, comentamos en el último bloque acontecimientos del pasado cercano.
En el año ’95, una de las causas que abría la agenda judicial tenía que ver con la llamada “Obra del Siglo”, un emprendimiento de cloacas que partía desde  La Viñita hasta el norte de la ciudad y debía llevar a cabo Noruzi (Nogués-Rueda-Zitelli). Esta empresa, que cobró millonaria suma de parte del gobierno nacional –presidencia de Menem- no cumplió y Arnoldo Castillo le rescindió el contrato y ordenó que la Fiscalía de Estado llevara todos los antecedentes a la Justicia para recuperar el dinero, cuestión que no se ha concretado hasta ahora.

Uno de los personajes importantes de la “obra” que terminó haciendo otra empresa elegida por el castillismo fue Santos Reynoso, el actual fiscal federal enrolado en filas saadistas. En el mes de junio de 1995 era indagado por el exjuez de Instrucción, Juan Carlos Sampayo (falleció este año), por su calidad de asesor del ministerio de Obras y Servicios Públicos que conducía el extinto ingeniero Eduardo Toledo. Reynoso, hoy acusado de pedir coimas a cambio de fallos judiciales, había firmado el certificado de capacidad financiera que Noruzi no tenía. Aparte, no debió haber firmado aquel documento que perjudicó a Catamarca. En realidad debió haberlo hecho el presidente del Registro de Contratistas de Obras Públicas. Otra irregularidad de aquella mega maniobra: Reynoso declaró procedente la contratación de Noruzi y argumentó que el jefe superior, el ingeniero Toledo, se encontraba ausente, cuando en realidad estaba presente. A pesar de todas estas cosas, Reynoso fue propuesto como fiscal federal y se mantiene en ese puesto hasta nuestros días.
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