El Secretario

lunes, 18 de enero de 2021 03:48
lunes, 18 de enero de 2021 03:48

El educador Nicolás Quiroga fue víctima de un acto de torpeza innecesaria, cuando personas aparentemente vinculadas con la secretaría de Seguridad lo “invitaron” a retirarse de un bar público con el argumento de que esperaban allí al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien visitó Catamarca en los últimos días. La incómoda situación fue revelada por el propio académico, quien comentó que habitualmente asiste al mismo lugar, y además que en el momento del incidente había muchas otras personas en el sitio, y sólo a él lo obligaron a irse. Puede considerarse un episodio relativamente menor, porque Quiroga accedió y no tuvo connotaciones violentas, pero en realidad se trata de un atropello injustificado, que ningún ciudadano catamarqueño merece. Y si Quiroga realiza una denuncia por lo ocurrido, tal como anticipó, está en todo su derecho.
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Digámoslo: la lectura entre líneas es que como Nicolás Quiroga fue ministro de Educación en Catamarca y se mantuvo toda la vida interesado en el tema, con mala intención alguien puede suponer que averiguó dónde iba a estar el ministro y se instaló allí para, quizás, buscar la oportunidad de presentarse y hablar con él. Quiroga asegura que fue casual, y que siempre va al mismo sitio. Pero esto es en verdad irrelevante: cualquier catamarqueño tiene derecho a ir al bar que le plazca, y ningún funcionario tiene facultades para decirle que se retire. Claramente las autoridades pueden tener reuniones privadas o confidenciales o sin presencia de personas ajenas al Gobierno, pero para ello cuentan con miles de oficinas, despachos y espacios aptos que, dicho sea de paso, se mantienen con el aporte de toda la comunidad. Ir a un lugar público y pretender elegir quién puede permanecer y quién no, es una barbaridad impropia de tiempos democráticos. Sería bueno que el ministro Gustavo Aguirre tome nota de actitudes como ésta y que no permita que vuelvan a ocurrir. Porque no es el modo en que elegimos vivir los catamarqueños, y porque los poderes de que gozan los funcionarios también tienen límites.

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