El Secretario
Se acerca diciembre y, como sucede año tras año, volvió al centro de la escena la discusión por el famoso “bono de fin de año”, esa suerte de obsequio o pago extra que surgió de manera demagógica en épocas de vacas gordas, y que no está contemplado en ningún estatuto, convenio laboral o reglamento que imponga obligación de pagarlo. Se trata de un compromiso implícito que se inventó el propio Estado, a través de sucesivos administradores, y que lógicamente origina ahora múltiples problemas: desfasaje por el gasto si se da, malestar generalizado y descontento si no se otorga. Es una suerte de trampa en el bosque que los gobiernos prepararon y que ahora atrapa su propia pierna.
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El gobernador Raúl Jalil anticipó que no hay posibilidades de afrontar ese pago de monto indefinido este año, y el anuncio decepcionó a la gigantesca masa de empleados públicos, como era de esperar, porque a nadie le desagrada percibir unos pesos extra que engorden el esperado mes que viene además con sueldo y aguinaldo. En realidad sería un gasto importante, porque por pequeña que fuera la cifra -si se pagara-, con solo multiplicarla por las decenas de miles de agentes estatales se transformaría en millones. La antipática tarea que enfrenta Jalil es quizás la de empezar a desterrar el hábito del bono, labor compleja porque quitar aquello que ya está instalado nunca será sencillo.
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Por lo pronto comenzaron a sonar voces de reclamo, alentadas por sindicatos y la propia CGT, curiosamente una de las organizaciones que más apoyo brindaron a Jalil, incluso antes de que se consagrara como mandatario. Pero en el amanecer mismo de esa protesta, que seguramente se extenderá varios días, se dejó ver el encono de fondo: que no se incluyeron sindicalistas entre los candidatos de la última ronda electoral. Queda expuesto así que, al margen de los contratiempos por la ausencia de un bono para este 2021, el tema sirve de trampolín para expresar rencores nacidos a la luz de velas bien diferentes. Y quienes se quejan necesitaban esa plataforma, porque como la elección se ganó con comodidad, no hay muchos argumentos para cuestionar una decisión que -por lo visto- sólo afectó a los interesados directos en acceder a un cargo.
El Esquiú.com