Los recientes cambios en el gabinete provincial, en lo se refiere al pedido de licencia del ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, y el reemplazo por su propio hijo, Maximiliano Rivera, provocaron críticas al por mayor en las redes sociales y una profunda indignación en el seno de la sociedad. Nadie, en sano juicio, entiende estos aprovechamientos casi repugnantes que produce la clase política y que parecen no tener límites, aunque lo de Rivera provocó directamente estupor, al punto que recibió recriminaciones de familiares propios y de integrantes del Frente de Todos. Ni hablar de los ajenos. Todo un caso. Es que la historia política de quien fuera un fiel soldado de Luis Barrionuevo en la provincia determina su propia condena.

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Repasemos algo de esa historia. Marcelo Rivera, quien fuera empleado de CAPRESCA, tuvo cuatro mandatos consecutivos como diputado provincial (2005-2009, 2009-2013, 2013-2017 y 2017-2001), pero en el último de ellos llegó al paroxismo en términos políticos. Apenas asumió presentó la renuncia para que lo reemplazara en la Cámara baja su hijo, Maximiliano, quien había sido colocado exprofeso como primer suplente. Al día siguiente juró como ministro de Gobierno de Lucía Corpacci y, a fines de 2019, en el mismo cargo, juró ante Raúl Jalil en Desarrollo Social. Ahora deja semejante responsabilidad para que, nuevamente Maximiliano, sea quien lo reemplace. Un enroque desvergonzado, como pocas veces se vio en 37 años de democracia. Y, por si no fuera poco semejante picardía, Marcelo Rivera fue segundo candidato a diputado nacional en 2019 y no logró la banca por el repunte postrero de Rubén Manzi, quien había perdido la PASO ante Lucía Corpacci (encabezaba la lista del Frente de Todos) por más de 70.000 votos. Todo feo y maloliente por lo que no estaría mal volver todo a su punto de origen. Por la salud ética del hijo, no del padre.

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El Frente de Organizaciones Peronistas (FOP), cuya conducción nacional ejerce Alejandra Delfino, se anotó este mes como línea interna del Partido Justicialista-Distrito Catamarca y quedó autorizado para realizar la convocatoria y el armado de la mesa provincial. La junta promotora del FOP la componen Omar Antonio Carrizo (hermano del exdiputado provincial Alfredo “Pato” Carrizo) y Claudio Alejandro Cheong, actuando como apoderado Ramón Alejandro Ledesma.

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En medio del “escándalo de las mujeres”, que siguió a la presentación del médico Roberto Gómez como candidato a reelegir como presidente del comité Capital de la UCR, los cerebros partidarios lograron objetivos demasiado visibles. El primero de ellos fue tapar las críticas por el maquiavélico plan de abortar la interna que debía llevarse a cabo el 7 de febrero, lo que pudo lograrse con mantener una carta orgánica totalmente cerrada para promover la renovación y una junta electoral que, en cuanto fue elegida, se sabía que iba a manipular el fiel de la balanza a su antojo. El segundo objetivo, vinculado con el primero, fue borrar de la escena política por un tiempo a Oscar Castillo hasta tanto llegue la hora de las candidaturas, en la cual reaparecerá y buscará nada menos que una tercera reelección como senador nacional (fue nominado como tal en 2003, 2009 y 2015), un puesto tranquilo que no exige trabajar y reporta jugosos dividendos, a punto tal de convertirte en millonario, que es el caso del representante catamarqueño “vendedor de pasajes de avión del Senado”.

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Por cierto que la rebelión femenina dentro de la UCR nada tuvo de espontánea. Los que armaron la lista oficialista, de antemano y en tiempos de reivindicaciones de género, sabían que Roberto Gómez iba a ser impugnado por estar acusado de un supuesto abuso social que nunca fue resuelto por la Justicia -¡vaya Justicia!- y ni siquiera se sabe si llegó a ser considerado. En pocas palabras. No solamente se hizo trampa con la carta orgánica, objeto de retoques intrascendentes y no de las transformaciones de fondo que pedían los dirigentes opositores. En paralelo se nombró una Junta Electoral a gusto del paladar castillista y, en una jugada a tres bandas, a un posible rival por las principales candidaturas del presente año, se lo incluyó en la lista oficialista para que sea impugnado por un hecho que, hasta ahora, es puramente formal. Que quede claro: nunca, más allá de apoyos y cuestionamientos, se probó la denuncia contra Gómez. ¡Cartón lleno del castillismo!

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Que Oscar, quien vino repitiendo que le piden que sea candidato (jamás se conoció un  pronunciamiento público en tal dirección), va a pretender la reelección no hay ninguna duda. Tampoco hay dudas que tiene posibilidades de llegar al récord de vivir de la política (con un nuevo mandato, en 2027, completaría 42 años de poseer las principales representaciones de la UCR) y para ello teje acciones con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien expresó públicamente que quiere participar de la elección de los candidatos de Juntos por el Cambio. La situación le serviría a Castillo para conseguir el insumo fundamental para una elección de esta naturaleza: el dinero para aguantar la campaña ya que nadie lo imagina “metiendo la mano al bolsillo” para estos menesteres. No en vano, en sus últimas incursiones mediáticas (todas perfectamente blindadas) aludió a las elecciones de 2019 y destacó que Macri sacó más votos que el resto de los candidatos –hizo una comparación expresa con el nombrado Roberto Gómez, que iba por la gobernación- en toda la provincia.

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Cuando el río suena es porque algo trae. En el Registro de la Propiedad hubo desavenencias y hasta alguna cuestión irregular con agentes externos que obligaron al gobierno a realizar modificaciones. La situación derivó en varios cambios que llevaron tranquilidad sin que se produzcan rispideces mayores, como ocurrió en otras áreas del gobierno.

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En 1994, por decisión del castillismo y en un verdadero acto de genuflexión al exministro Cavallo, Catamarca transfirió a la Nación su caja de jubilaciones, a la que todos conocíamos con el nombre de Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) y funcionaba en el edificio de Esquiú y Ayacucho. Fue el final de una larga controversia entre aquel gobierno dispuesto a todo con tal de mantener relaciones carnales con el menemismo (hasta le entregó la negociación de Bajo la Alumbrera con las multinacionales) y las asociaciones de jubilados, todas las cuales se oponían a una movida que, como presumían, iba a traer muchísimos problemas en el futuro. Desde el gobierno se lanzaba el discurso del ahorro de dinero al no pagar con fondos de la Tesorería a los jubilados de aquel entonces y a los de “pantalones cortos”, que se crearon en aquel momento y permitía a quienes podían, con apenas 45 años y 25 de servicios, pasar a la pasividad. Esa situación, en verdad, le costó a Catamarca altos porcentajes de descuento de la coparticipación federal, los que recién comenzaron a repararse en los últimos 5 años por decisión de la Suprema Corte de Justicia.

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El gran problema que existía para transferir el IPPS al ANSES radicaba en que la Constitución Nacional no establece el pago del 82% móvil y la Constitución de Catamarca si. Cavallo prometió soluciones para todo a efectos de consolidar el traspaso, pero prácticamente nada se cumplió. El pago a los catamarqueños que pasaron a ser “jubilados nacionales” no se compensaba con los descuentos de la coparticipación, por lo cual durante el gobierno de Brizuela del Moral surgió la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), un fondo que se creó con un tributo de empleados provinciales y municipales con el que se paga la diferencia por el 82%. Pero el problema va más allá. Existen denuncias penales porque, en muchos casos, no se paga el 82% y se podría estar perjudicando a más de 20.000 jubilados, muchos de los cuales iniciaron juicios o establecieron reclamos en la AGAP. Aparte, la provincia no estaría cumpliendo con la ejecución de la Unidad de Control Previsional que se creó con el traspaso del año 1994, lo cual es un hecho de gravedad institucional que alguien deberá reparar, en orden a que se ha permitido el despojo de derechos garantizados constitucionalmente. El del 82%, escrito por la constitución saadista de 1988, es un derecho adquirido con anterioridad al mamarracho que fue aquella transferencia.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque insertamos situaciones políticas del pasado.
Hacia finales de 1995, los entonces diputados provinciales Octavio Gutiérrez y Alfredo Carrizo anunciaban que el día 17 de noviembre, proveniente de Cebollar (La Rioja), llegaba a Andalgalá el ferrocarril Belgrano. Como tantas otras, fue una patraña con la que se engañó a los andalgalenses y a los comprovincianos. El tren, efectivamente llegó el 17 y no volvió nunca más. Sirvió para hacer la foto política, aunque se aclaró que arribaría a Andalgalá cuando fuera requerido por una empresa de transporte de carga. ¡Lindo verso!

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 Días antes, el entonces titular de YMAD, Luis Manuel Alvarez, se había expresado en sentido contrario indicando que “el ferrocarril Belgrano no existe” y “los tiempos del ferrocarril no acompañan a los de Alumbrera” (por aquel yacimiento que se hicieron innumerables promesas, la mayoría de las cuales no se cumplieron). Aquella declaración de Alvarez, bastante razonable para la realidad de la Argentina de hace 26 años, mereció repudio de las autoridades provinciales de la época, pero la verdad sea dicha lo del Ferrocarril Belgrano fue una mentira más grande que los cerros que circundan el valle de Catamarca”.

El Esquiú