Que los vándalos hayan avanzado sobre las instalaciones de Agua Rica y del Partido Justicialista no fue casualidad. Fue causalidad. Y hay responsables. En primer lugar, el intendente Eduardo Córdoba, que por acción u omisión no tuvo capacidad para controlar un desmán en su propia jurisdicción. Su discurso  de la “paz social” fue sofisma puro, o sea tratar de mostrarse preocupado cuando, de antemano, compartía el ataque. La prueba más evidente de lo que afirmamos es que hubo en la criminal asonada agentes municipales y hasta funcionarios, como su secretario de Seguridad, un expolicía cuya presencia en las marchas está fehacientemente documentada.
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La falsedad de Córdoba, por otra parte, no es nueva. Y no lo decimos por los fuegos y destrozos de la lluviosa tarde del sábado. En el tiempo previo a las elecciones que, por escaso margen y con derrota en la categoría concejales, le permitieron quedarse con el cargo, nunca quiso referirse a la cuestión minera, a sabiendas de que se trataba de una política de Estado del gobierno central que echó raíces a mediados de los años 90 a instancias de su propio partido, la UCR, que negoció la explotación de Alumbrera. A lo sumo, eludiendo el tema, señaló que Andalgalá debía ser productiva. Ese solo detalle convierte al intendente en “juez y parte” del conflicto, por lo que hablar de “paz social” es un acto cargado de cinismo. Usa el mismo método de su antecesor, Alejandro Páez, que dilapidó la fortuna que dejó Alumbrera.
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Independiente de la complicidad de la Municipalidad de Andalgalá, que viene creando condiciones para “males mayores” –en las alturas del poder se llegó a hablar de intervención-, la zona liberada para que los vándalos descarguen su violencia es cargo directo para el gobierno provincial. La orden de no reprimir, muy comprensible, no impedía la prevención y la presencia de los uniformados en el lugar. Todo esto debería ser materia de decisiones de fondo de la fiscal Soledad Rodríguez y del juez Rodolfo Cecenarro. 

El Esquiú.com