La preocupación declarada en forma unánime por las máximas autoridades provinciales, ante el avance del coronavirus, no se vio reflejada en las medidas anunciadas ayer, que resultaron de un tenor mucho más leve del esperado. En torno a las posibles restricciones se había formado una gran expectativa, surgida desde la propia Casa de Gobierno -el gobernador comentó en una entrevista que visitó el Hospital Malbrán y le pareció “una película”-, y al cabo el COE comunicó una serie de decisiones de relativo impacto, que ni siquiera incluyeron el requisito de los testeos obligatorios para ingresar a la Provincia. Incluso se había anunciado que se revelarían las nuevas normas el lunes a la noche, y finalmente todo se fue diluyendo hasta concluir en un parte de rutina difundido ayer, que mantiene la inalterable “Etapa Amarilla” a contramano de todas las advertencias que realizan los expertos de salud.

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Para comprender esta situación debe contemplarse el complejo escenario actual, resumido por un alto funcionario provincial que off the record explicaba: “Tenemos un enorme problema sanitario, pero no le podemos dar una respuesta exclusivamente sanitaria”. Eso ocurre porque se interponen exigencias de otros campos, esencialmente el económico y el político, que obligan a evaluar el impacto social de eventuales restricciones, y no solo su efecto en el marco epidemiológico. Por esa razón, la inmensa mayoría de las actividades comerciales siguen habilitadas con mínimos retoques horarios, y las prohibiciones apuntaron a sectores menos conflictivos, como las ceremonias religiosas o las prácticas deportivas que reúnen gran cantidad de personas.

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Un caso aparte es el de la Educación, donde la postura homogénea pasaba por cerrar las escuelas e interrumpir las clases presenciales, al menos por diez días. En ámbitos docentes, incluso, la decisión se consideró consumada; pero a último momento se dio marcha atrás y el tema de la actividad escolar ni siquiera fue mencionado en el informe de las nuevas medidas del COE. En este caso, influyó decisivamente la postura de Nación, que se opone terminantemente a interrumpir la presencialidad y bajó línea a las provincias para seguir el mismo camino. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advirtió que “si tiene que haber una disminución de presencialidad en las escuelas” por la segunda ola de coronavirus, “no implicará la suspensión absoluta” de esta modalidad. Y reforzó el concepto al sostener que “si hay que restringir, que sean las demás actividades”, y afirmó que “no se van a cerrar” las instituciones educativas.

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Las palabras de Trotta sintetizan la idea de Nación, que consiste en que lo último que se debe cerrar son las escuelas, más allá de que muchos gremios presionan en sentido contrario. Si el panorama se sigue complicando, desde casa Rosada insisten en que “se debe incluir otras restricciones, vinculadas a la socialización” porque “en las escuelas, como en aquellos lugares donde se logra cumplir con los protocolos, hay bajo riesgo de contagio, lo demuestra la evidencia”. “Todos los ministros de Educación sostienen esta misma mirada; si hay que restringir, que sean las demás actividades”, dijo Trotta, pero eso no significa que haya que descartar medidas más drásticas a corto plazo. La idea es que se delegue la cuestión en esferas inferiores, como los municipios, y los cierres sean focalizados, como hasta ahora.

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Seis años después de los episodios denunciados, comenzará hoy el juicio contra el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en el departamento Belén. El proceso judicial será “virtual”, y concentra gran atención porque se trata de uno de los casos de abuso eclesial más emblemáticos de la Provincia. Gutiérrez fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso”, tras ser denunciado por la madre de una adolescente de 16 años en 2015. Se trata de un oscuro y complejo caso, que al aberrante abuso denunciado suma manipulaciones y presiones psicológicas sobre la víctima, quien llegó a intentar terminar con su vida. Gutiérrez dirigía un movimiento juvenil cristiano al cual la joven pertenecía, y al salir a la luz el episodio, la comunidad de Belén reaccionó de manera singular: no hubo recriminaciones contra el religioso sino contra la víctima y su madre, quienes fueron agredidas y amenazadas a tal punto que debieron abandonar la ciudad. En la víspera del juicio, Gutiérrez habló públicamente, para decir que en realidad estaba “enamorado” de la adolescente. Mientras tanto, entidades como la Asamblea Ni Una Menos y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, exigen prisión efectiva y una condena ejemplar. Llegada la hora de la verdad, solo resta exigir que se haga justicia.

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Justicia es también lo que piden los familiares de la infortunada joven Débora Barros, quien fue brutalmente asesinada -aparentemente- por un sujeto con quien recientemente había iniciado una relación afectiva. El sospechoso se llama Javier Salcedo, y no bien fue detenido debió ser trasladado a un centro asistencial, ya que se presume que después de cometer el crimen procuró suicidarse. Débora se integra así a una interminable e intolerable nómina de víctimas fatales de violencia de género extrema, a manos de quienes consideraban su pareja. El irremediable dolor de su familia y seres queridos radica no solo en la fatal pérdida de Débora, sino en la convicción de que si la justicia hubiera actuado con mayor firmeza el crimen podría haberse evitado. Estos razonamientos, aunque aún no se señaló oficialmente a Salcedo como culpable, surgen por los peligrosos antecedentes con que contaba el presunto femicida, incluyendo una condena y otros casos de violencia intrafamiliar que lo tuvieron como agresor. Será hora de revisar los mecanismos de imposición de penas, y de las evaluaciones que se realizan para reintegrar esta clase de sujetos a la sociedad: no es la primera vez que una mujer es víctima de violentos con antecedentes.

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Un memorable blooper protagonizó el diputado nacional por la UCR Álvaro de Lamadrid, a quien la sistemática euforia e indignación que caracteriza a la oposición ante cualquier acontecimiento, le terminó jugando una mala pasada; porque la avidez por inundar las redes sociales con quejas no le dieron tiempo -evidentemente- de leer lo que escribía. También hay que reconocer que estos acontecimientos, aunque siguen causando cierta gracia, van perdiendo su efecto sorpresa. Y con el estilo predominante en la política actual, lo normal será que se sigan acumulando casos similares.

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El punto es que De Lamadrid decidió apuntarle filosamente al Gobierno nacional, y se despachó en Twitter con un mensaje contundente: “Increíble lo que hizo el gobierno con el plan de vacunación. En un contexto en el cuál compraron pocas vacunas fruto de una decisión política que privilegió la ideología y los negocios por sobre la salud, sustrajeron vacunas violando su propia legislación”, disparó. Tremenda acusación. Y hasta podría haber pasado desapercibida si no fuera porque, para reforzar su mensaje, el legislador adjuntó a su frase la noticia que había leído, y que había motivado su enojo. Allí se leía: “Encontraron en un campo del senador José Alperovich 200 vacunos robados”. Es decir que el diputado confundió la noticia de los vacas que aparecieron en un campo con las vacunas contra el coronavirus, a partir de lo cual toda su observación no hizo más que ponerlo en ridículo. Obviamente borró el tuit, pero se sabe que de allí no se vuelve.

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RECUERDOS. Un 14 de abril, pero de 1945, por orden del entonces secretario de Trabajo y Previsión, el Coronel Juan Domingo Perón, se creó la agencia Telenoticiosa Americana, más conocida como Télam. En aquel comienzo, hace 76 años, la agencia fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press. Su primer director fue el periodista Jerónimo Jutronich, y el 12 de octubre de 1945 comenzó a emitir información. Sin embargo, recién tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo. En la actualidad, la agencia ubicada en Bolívar 531, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una Sociedad del Estado cuyo accionista es la Secretaría de Medios de Comunicación, encargada de designar el directorio. Posee también el portal digital web, que renueva la actualidad de las noticias en tiempo real. Provee información periodística a unos 2.800 abonados, entre los que se incluyen medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales.

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