La actividad legislativa tuvo reanudación el pasado lunes cuando se abrieron las sesiones extraordinarias que, esta vez, durarán sólo 3 días y únicamente tratarán una modificación a la Ley de Presupuesto. El decreto de convocatoria señala como punto final el viernes 30, 24 horas antes que el gobernador Raúl Jalil ponga en marcha el período de sesiones ordinarias. Por la pandemia y el tiempo preelectoral se calcula que en 2021 la actividad en ambas cámaras se limitará a cuestiones muy puntuales y entre ellas destaca el tratamiento que pueda tener una eventual ley de suspensión de las PASO. En relación a estas elecciones primarias, tanto en el oficialismo como en la oposición, asoman criterios diferentes, aunque no se descarta que los sectores mayoritarios acuerden no realizarlas y que los candidatos sean nombrados directamente por los partidos políticos o alianzas electorales. Queda claro que sería un gran retroceso institucional, pero las condiciones objetivas apuntan en esa dirección.

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El hecho que este año no se elijan concejales por circuitos en la Capital será tema clave a favor de la suspensión. Recordemos que cuando esto ocurre solo el peronismo y el radicalismo concurren con más de un centenar de candidatos. Algo parecido, en menor medida, pasa en distritos como Valle Viejo, Tinogasta, Fray Mamerto Esquiú y Andalgalá, donde lograr consensos en materia de candidaturas resulta una proeza. También se considerará en esta oportunidad el gasto que demanda realizar dos elecciones separadas por menos de 90 días y la situación epidemiológica por el coronavirus que impere al momento de tomar la decisión.

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Hay que aclarar que aunque no haya PASO provinciales, los ciudadanos catamarqueños deberán concurrir lo mismo a dos actos electorales. Es que las PASO nacionales, por las que se elegirán los cargos de diputado y senador, ya están acordadas por las conducciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se realizarán el 14 de septiembre en todo el país, quedando para noviembre la contienda final, la que determinará la relación de fuerzas en el Congreso de la Nación durante los próximos dos años. Así las cosas, solamente queda por resolver las primarias provinciales y la resolución saldrá desde el Poder Ejecutivo si dispone que se hagan o del Legislativo en la hipótesis de suspensión. En cuanto a las bancas nacionales de Catamarca hay que recordar que completan mandado los senadores nacionales Dalmacio Mera, Inés Blas de Zamora y Oscar Castillo; y los diputados nacionales Dante López Rodríguez, Silvana Ginocchio y Eduardo Brizuela del Moral.

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Más allá de la libertad que dispuso la Justicia a favor de los vándalos que atacaron las instalaciones de Agua Rica y del Partido Justicialista el sábado 10, la situación de tensión en Andalgalá se mantiene. A pesar de haber logrado objetivos inconfesables, el intendente Eduardo Córdoba no goza de las simpatías de gran parte del pueblo y de ninguna manera se lo considera un garante de la paz social, toda vez que se trata de un confeso militante de la antiminería que nada hizo por evitar que la turba avanzara contra instalaciones públicas que, como gobernante, tiene la obligación de hacer respetar. Independiente de su pasividad e indolencia, se lo considera un defensor acérrimo de la asamblea “El Algarrobo” por su estrecha relación con varios de sus miembros, especialmente con una de las líderes del movimiento: Marisol Orellana.

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La fiscal Marta Nieva, como se sabe, dispuso la libertad de todos los detenidos que participaron del ataque, pero la verdad sea dicha que no la sacaron barata. Permanecieron privados de la libertad por casi dos semanas, siguen ligados a la causa y podrían terminar con condenas si finalmente los hechos llegan a juicio oral y público, que es lo que corresponde. Aparte, para quedar libres se les impuso una caución de 300.000 pesos. Muchos la consideraron una suma exagerada, pero los antecedentes indican que no es así. Hace pocos meses, en la misma Andalgalá, se pidió una caución de 200.000 pesos a un detenido que, por agresión física, fue denunciado por su novia.

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Difícilmente la concejal recreína Melissa Herrera (Frente de Todos), después de haber estafado económica y moralmente a su exempleada doméstica –Yesica Romero-, pueda permanecer en su banca por mucho tiempo. Ni sus compañeros de bancada, ni mucho menos la oposición, pueden tolerar que esta mujer haya urdido una bochornosa maniobra utilizando a un pobre y humilde ciudadana para quedarse con dinero público. Como se informó por los diferentes medios, Herrera había nombrado directora de prensa a Romero sin que esta supiera nada o estuviera en la creencia de que su jefa le tramitaba una beca de 4.000 ó 5.000 pesos. Nada que ver con la realidad. La concejala, aparte de su sueldo, se embuchaba más de 40 lucas que objetivamente le pertenecían a su exempleada doméstica. La denuncia está hecha y la Justicia tiene que actuar, pero antes deberían hacerlo los concejales y considerar intolerable lo que se hizo. A propósito del deleznable hecho, subjetivamente algún medio comparó al caso con un intento similar que no alcanzó a concretar la dirigente Victoria Donda, aunque si terminó aceptando que negoció un puesto público con su empleada. No habría que haber ido tan lejos para la comparación cuando en nuestra propia tierra hay casos concretos que llegaron a la Justicia, como el del exdiputado Juan Carlos Balverdi (le cobraba la mitad del sueldo a su secretario para entregarle a su hijo) o de la actual diputada Natalia Saseta, que repartía un sueldo entre dos militantes del PRO. 

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Durante la exposición del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, ante diputados nacionales de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el mendocino José Luis Ramón planteó su idea de que fiscales y jueces sean elegidos por el pueblo. El legislador aclaró que respecto a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “tenemos algunas diferencias”, pero consideró que es necesario incorporar “mayores controles, que haya mayor información a la sociedad”, al tiempo de una “mayor participación popular”. “Debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales”, propuso. Para el diputado, “la verdadera justicia que va a lograr transparentar el verdadero rol que tiene que tener” es la que tenga a “fiscales elegidos por el pueblo” y “jueces elegidos con mandato popular”.

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La iudea no es completamente novedosa, pero jamás superó su condición de proyecto lejano.  Hoy los Estados Unidos son el único país del mundo donde quienes ejercen la acusación en nombre del Estado son funcionarios elegidos directamente por los ciudadanos, pese a que no siempre fue así. En efecto, en los orígenes del constitucionalismo estadounidense tales funcionarios judiciales eran designados bien por los jueces del condado (Nueva York y Kentucky), por la legislatura del estado (Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennesee) o por el gobernador (Massachusetts, New Hampshire y Michigan). No obstante, con el advenimiento de Andrew Jackson a la presidencia, se inició un movimiento democratizador que llevó en determinados estados a que gran parte de sus funcionarios judiciales se definieran por el voto de los ciudadanos. Mississippi fue el primer estado que optó en 1832 por la elección popular a través de una modificación constitucional; su ejemplo fue seguido el año siguiente por Ohio, quien lo hizo por una simple modificación legislativa. La modalidad se expandió, y hoy tan solo cuatro estados no eligen a sus fiscales por sufragio universal. ¿Sería aplicable en Argentina? ¿Hay real interés en que sea aplicable?

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el repaso de acontecimientos del pasado. El final del año 1995, íntegramente, estuvo dedicado a la situación política de Ramón Saadi, a quien se le negaba su condición de senador nacional. El 13 de diciembre de aquel año, el juez Rubén Edgardo Alvarez –hoy camarista- pedía la detención del exgobernador para indagarlo en calidad de imputado por una causa que se había iniciado por la refacción del viejo Hotel de Turismo, al que el gobierno de los años 90 terminó “regalando” a empresarios foráneos que se hicieron cargo de la explotación del Casino provincial. Supuestamente, en esta obra de refacción se desviaron materiales de construcción que se utilizaron para levantar la casa de Saadi en la avenida Ocampo. Nada de eso se probó y, a los años, hubo sobreseimiento. Claro que la medida de Alvarez impactó en el Congreso de la Nación y, vía Ruckauf, que operaba para el Grupo Clarín, se impidió el juramento como senador.

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La andanada judicial contra Saadi siguió aquellos días. Se lo citó para declarar el 19 de diciembre por la obra del siglo, causa que había iniciado la Intervención Federal y por la cual lo esperaban el exjuez Da Prá o Marcelo Soria. Mientras tanto, la jueza federal subrogante, Luisa del Carmen Rivera de Buenader, reconocida por su pertenencia al peronismo, consideraba a Saadi senador y comunicaba que el juez Alvarez debía abstenerse de tomar medida restrictiva contra la libertad.

El Esquiú