Como ocurre con frecuencia, la semana pasada los medios de prensa taparon un escándalo de proporciones o, vaya a saber por qué motivo, bien lo disimularon. Se trata de la redada que realizó la Policía provincial para disolver una reunión de más de 20 personas que se llevaba a cabo en el Club Social “25 de Agosto”, la augusta institución que funciona frente a la plaza principal y que durante más de un siglo fue escenario de hechos históricos y recordadas fiestas de lo más granado de la sociedad catamarqueña.
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La información fue presentada como una infracción a los decretos referidos a la pandemia que prohíben las reuniones sociales y aclaró que los infractores se habían reunido en el club para “jugar” el póker, algunos de los cuales escaparon por los fondos o techos de la institución. ¿Por qué lo habrán hecho si no estaban cometiendo ningún desliz? Sin embargo, el presidente de la institución –doctor Arturo Navarro. Extitular de CAPRESCA- defendió la reunión amparándose en principios de libertad y otras facultades que, como dice la Constitución provincial, se ajustan a Derecho. En varias partes del alegato puede tener razón el reconocido abogado. Pero en sus palabras hay una omisión gigantesca: estamos en tiempo de pandemia y hay una emergencia que obliga a los ciudadanos a cumplirla. Están prohibidas las reuniones sociales, sean del tipo que sean, mucho más cuando se multiplican los contagios y las muertes.
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Y si ingresamos a lo fáctico, lo ocurrido en el Club Social no es materia de discusión. Allí se juntan reconocidos personajes de la política y de los gobiernos a animar partidas por mucha plata, conformando una mesa de dinero delictiva. Lo mismo ocurre en otro club céntrico, donde también se han perdido los objetivos fundacionales que nada tienen que ver con el lucro. Todo, absolutamente todo, es timba pesada y no autorizada por ningún organismo del Estado. Más o menos como una riña de gallo, una cuadrera o una carrera de perros.
El Esquiú.com