La comercialización del litio, un mineral no metalífero que en los últimos años pasó al estrellato en el mercado, está generando una discusión cada vez más acalorada en el país, semejante a lo que nuestras abuelas mal llamaban “un diálogo de sordos”. En realidad, los sordos pueden comunicarse perfectamente, y mejor sería referirse a diálogo de necios, o de personas que no prestan atención a los argumentos del interlocutor. Para ubicarnos en situación, debe recordarse que Catamarca forma parte del denominado “Triángulo del Litio”, región que contiene la mayor reserva mundial de este producto. Entre sus múltiples aplicaciones, que abarcan desde la medicina hasta la industria del caucho, el litio se destaca como componente vital en la fabricación de baterías. Y como el mundo se encamina hacia los combustibles no contaminantes, lo que implica dar lugar a la producción masiva de vehículos eléctricos, se calcula que la demanda no dejará de crecer.

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El litio, de este modo, moverá miles de millones en los próximos años, no tanto por su valor específico (siempre menor que el de los metales más cotizados), sino por la extraordinaria magnitud del consumo. Y aquí es donde nace la controversia, porque se anunció que Nación está interesada en participar del negocio, incluso creando dentro de la gigantesca YPF un área dedicada al “oro blanco”. Al conocerse esta decisión, muchos pusieron el grito en el cielo, sugiriendo avasallamientos y atropellos a las facultades provinciales.

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Más allá de los modelos a aplicarse en el país, que son discutibles (la minería tiene distintas normas en sitios como Perú, Chile, Bolivia, Europa, etc.), aquí no se vislumbra ninguna irregularidad. No hubo ningún decretazo para cambiar las reglas de juego ni nada parecido. De hecho, la Mesa del Litio que integra Nación cuenta con participación de las provincias, y ya se ratificó que el litio es propiedad de esas provincias. No hay por tanto sustento para el temor de que se entorpezca el negocio. Cualquier otro rumbo requeriría la eventual intervención del Congreso de la Nación y, se sabe, allí están representantes de las provincias para subir o bajar el pulgar.

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