No resulta sencillo sopesar el valor de las elecciones intermedias, una consulta cívica de innegable trascendencia institucional, pero que históricamente concentra más la atención de la clase política que del electorado, por lo general apático a los comicios que no resuelven cargos ejecutivos.

Los fervores partidarios de la masa militante se encienden apenas tímidamente cuando de renovar cuerpos legislativos se trata, y si sufragar no fuera obligatorio en el país, el caudal de votantes sería mínimo.

Sin liderazgos que ofrecer, sin la posibilidad de proclamar que el rumbo del país o la provincia están en juego, hasta para los propios candidatos se hace complejo promocionarse, ya que deben apelar a promesas intangibles donde toman protagonismo verbos secundarios como acompañar, controlar, limitar, fortalecer, gestionar.

Los estrechos límites discursivos no ayudan para revertir la indiferencia mayoritaria de la ciudadanía, precisamente porque al ciudadano común, al día siguiente de pronunciarse en las urnas, le será casi imposible distinguir qué ha cambiado.

Los legisladores tampoco se esfuerzan mucho por modificar ese escenario, porque salvo contadas excepciones se movilizan exclusivamente en las semanas previas a las votaciones, para luego recluirse en bancas invisibles desde la vida cotidiana del resto de los mortales.

A nivel provincial hay 57 legisladores entre senadores y diputados, y la mayor parte de la sociedad no reconoce más que a cuatro o cinco. A nivel nacional son 329, y el porcentaje que la población conoce es aun menor. Más aun, los identificables son casi todos figuras que ya eran populares antes de convertirse en legisladores, o trascendieron por algún escándalo. Hallar alguien que sea valorado y reconocido específicamente por su labor parlamentaria es como encontrar una aguja en un pajar.

¿Por qué habría que esperar entonces que, de la noche a la mañana, los votantes sientan que su destino está en juego?

Eso no ocurre porque la propia dinámica de la política nacional desplaza a sus legisladores a un discreto segundo plano, con escasísimos debates reales y una obediencia sistemática a los mandatos partidarios, que lleva en líneas generales a diputados y senadores a moverse como rebaño, unos aprobando y otros rechazando de antemano cualquier iniciativa oficial.

En otros países los parlamentos tienen mayor peso y cierta autonomía, resultan eficaces para frenar o respaldar determinadas gestiones y tienen iniciativas más frecuentes y trascendentes. Aquí, suelen reducirse a un apéndice satelital de los auténticos manejos del poder.

El impacto

A tal extremo es así, que los comicios intermedios suelen definirse simplemente como un “test” en el cual se aprueba o desaprueba la marcha de un gobierno, un mero sondeo desde el cual se puede intentar proyectar lo que ocurrirá dos años después, en la “verdadera” elección.

Si se acepta la licencia, al único efecto del análisis, de tomar las intermedias como un plebiscito para aprobar o desaprobar la gestión, tendría que indicarse luego que su resultado no es vinculante, por cuanto existen antecedentes que sirven para abonar teorías de todos los colores.

Hubo caídas oficialistas que resultaron el preludio de enormes victorias, y también triunfos oficialistas que devinieron en la antesala de ruidosos fracasos.

De todas formas, esos esquemas de evaluación son siempre a gran escala, concentrados en las fuerzas políticas. A nivel personal, un candidato vapuleado no tendrá posibilidades de reciclarse para la siguiente elección, y un ganador quedará siempre bien posicionado para avanzar más casilleros en el próximo comicio. Es una de las razones por las cuales las legislativas les importan más a los políticos que a los ciudadanos de a pie: es su posicionamiento el que se pone en juego.

Antecedentes

Un hecho objetivo es que el enorme conjunto de factores que interactúan para definir el resultado final, hacen de las legislativas un examen siempre difícil, para oficialista y opositores. Algo que puede comprobarse rápidamente, con solo repasar las intermedias realizadas en el país desde la recuperación de la democracia en 1983.

Raúl Alfonsín enfrentó dos elecciones intermedias, ya que su mandato era de seis años. La primera la ganó cómodamente apoyado en una gran campaña publicitaria, que lo mostraba en afiches con su clásico saludo pero sus manos rodeadas de una soga y la leyenda “No le ate las manos al Presidente”. La segunda la perdió con el justicialismo, que también lo derrotó en la presidencial de 1989.

Carlos Menem ganó con el PJ las legislativas de 1991 y 1993, pero en su segundo mandato fue derrotado en las intermedias de 1997 por la Alianza, que se quedaría con la presidencia en 1999.

Fernando De la Rúa perdió las legislativas de 2001 a manos del justicialismo, y meses después renunciaría por la crisis económica.

Néstor Kirchner triunfó con el peronista Frente para la Victoria en las intermedias de 2005, y la fuerza retuvo la presidencia en 2007.

Y aquí se empiezan a romper los manuales. Porque Cristina Fernández perdió las legislativas de 2009, pero arrasó cuando buscó la reelección en 2011 y ganó también las legislativas de 2013. Sin embargo, sin poder buscar un tercer mandato, vio caer al kirchnerismo en las presidenciales de 2015.

Mauricio Macri, por el contrario, barrió en las legislativas de 2017 con la denominada “ola amarilla” que superó la cantidad de votos que lo habían llevado a la presidencia, pero dos años más tarde sufrió una escandalosa caída en primera vuelta.

¿Qué sucederá con Alberto Fernández luego de dos años marcados a fuego por la pandemia? Queda claro que cualquier resultado ofrecerá indicios, pero no permitirá vaticinar con precisión el escenario de 2023 al que tanto miran los políticos.

El Esquiú.com