El proyecto de Ley de Humedales, que debía ser debatido el jueves pasado en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, finalmente se suspendió “hasta nuevo aviso”.

Se llegó así a un nuevo estancamiento para una norma por la que se presiona con fuerza, tanto a favor como en contra, y cada sector tiene sus razones.

El proyecto de ley de Humedales es una propuesta de legislación para la regulación, protección y conservación de los humedales, sitios que -se estima- cubren en conjunto aproximadamente el 20 por ciento del territorio nacional.

Desde el año 2013 se han presentado diferentes proyectos de ley por diferentes fuerzas políticas, pero todos perdieron estado parlamentario.

¿Portección ambiental o freno al desarrollo productivo? Ese es el dilema que no se ha logrado superar todavía, porque no se halló un punto de equilibro para la convivencia de ambos intereses, los dos con objetivos legítimos y necesarios.

Los distintos proyectos presentados incluyen regulaciones que afectarán o directamente impedirán actividades (mineras, agropecuarias, etc.) que a su vez tendrán impacto negativo en la generación de tra-bajo y volumen de exportaciones.

Durante 2020, la ola de incendios en Argentina y la reacción ciudadana impulsaron el debate y la actividad parlamentaria para aprobar una Ley de Humedales. Si bien se llegó a un dictamen unificado, finalmente el Poder Ejecutivo excluyó el tratamiento de la ley en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.

Esto ocasionó que el proyecto perdiera estado parlamentario a fines de 2021.

En 2022, los sectores de la sociedad civil interesados en el tema continuaron exigiendo la aprobación de una ley de humedales. Una nueva ola de incendios forestales, particularmente en Corrientes y Santa Fe, reavivaron el debate a nivel nacional. Varios diputados y senadores presentaron nuevos proyectos.

El diputado Leonardo Grosso, por ejemplo, presentó el mismo proyecto de ley en 2022 que había sido presentado anteriormente, enfatizando el largo proceso de redacción y consenso que siguió la propuesta parlamentaria.

En julio de este año, El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) elaboró un proyecto propio que tomó como base lo que se había discutido en el Congreso previamente durante 2020.

Varias organizaciones criticaron el proyecto por realizar cambios en la definición de humedales, el recorte de derechos en materia de acceso a la información pública y cambios en el sistema de sanciones y moratorias.

Como aspecto positivo, se destacó el trabajo conjunto con todas las provincias para consensuar el proyecto.

Finalmente, en agosto de 2022 el proyecto de Grosso fue girado a las comisiones parlamentarias para su discusión.

¿Es una ley imprescindible? Para muchos expertos sí, pero otros entienden que es en cierto punto redundante, porque desde diciembre de 2020 Argentina ya tiene una Ley Nacional de Manejo del Fuego que protege a los ecosistemas de incendios intencionales o accidentales.

Incluso, a pesar de la ausencia de una ley a nivel nacional, algunas provincias avanzaron durante 2022 en la protección de los humedales. Misiones sancionó una ley provincial destinada a la protección de los humedales pertenecientes a su jurisdicción.

Muchos proyectos

El primer proyecto de ley para la protección de los humedales fue presentado por la senadora por Entre Ríos Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria, en abril del año 2013. La elaboración de ese proyecto de ley contó con la ayuda de la Fundación Humedales, que desde el año 2012 venía solicitando la aprobación de una ley de presupuestos mínimos ambientales para los humedales.En septiembre de ese mismo año, el senador Rubén Giustiniani presentó otro proyecto de ley con el mismo objetivo: los proyectos fueron unificados y se debatió en el Senado, donde obtuvo media sanción.La Cámara de Diputados, sin embargo, nunca trató el proyecto.

Entre 2015 y 2018 se presentaron en total ocho proyectos diferentes, todos los cuales perdieron estado parlamentario o nunca obtuvieron la aprobación unificada.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2016 se trabajó sobre un proyecto de ley que enfrentó oposición por parte del sector minero e inmobiliario y que no contó con apoyo del Poder Ejecutivo para impulsar el debate legislativo. Finalmente, el proyecto obtuvo media sanción pero perdió estado parlamentario en 2018.

En 2020, una ola de incendios forestales y la movilización ciudadana para exigir una Ley de Humedales, impulsaron el debate en el Congreso de la Nación Argentina, donde se presentaron otros quince proyectos de ley diferentes, diez originados en la Cámara de Diputados y cinco con origen en la Cámara de Senadores. Siguieron grandes análisis y debates, pero ningunó prosperó hasta hoy.

Oposición

Mientras tanto, al tiempo que se fortaleció el apoyo resumido en la consiga “Ley de Humedales YA”, también creció el rechazo.

Representantes de las entidades del campo y de las cámaras mineras se manifestaron en contra y complicaron su sanción. Es así porque en el propio oficialismo empezó a haber resistencia, como la de nuestro gobernador, Raúl Jalil.

“Invitamos a la comisión que está discutiendo la ley de humedales a que conozcan, porque no se puede legislar desde el desconocimiento”, reclamó duramente el catamarqueño, durante una charla del ciclo Democracia y Desarrollo organizada por el Grupo Clarín.

Además, legisladores cordobeses cercanos a Juan Schiaretti no votarán contra los deseos del campo.

Catamarca, Salta y Jujuy son las provincias productoras de litio, que se desarrolla en humedales y sus gobernadores entienden que una ley como la que el propio oficialismo impulsa restringe las inversiones. Quienes la promueven creen que no será así y en tal caso sólo deberán adaptarlas a una producción sustentable.

“Cuidado con tratar una ley de humedales que no tiene nada que ver con la mirada de uno de los minerales que es estratégico para cambiar la matriz energética del mundo”, advirtió a tno con Jalil el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, presidente de la UCR. Lo respaldó también su colega de Salta Gustavo Sáenz, sin legisladores propios pero cercano a Sergio Massa, quien apuesta a las inversiones mineras para mejorar el ingreso de dólares.

Así planteado el panorama, no hay una salida que satisfaga a todas las partes por igual.

O se acuerdan modificaciones para contemplar a unos y otros, o el proyecto que debe debatirse ahora correrá la misma suerte de todos los presentados en la última década.

El Esquiú.com