Final anunciado

Tal como se esperaba, el Tribunal Oral Federal 2 condenó ayer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: fue a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. En el mismo fallo, los magistrados condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta y a 6 años al exsecretario de Obras Públicas José López. La pena fue mucho menor a la solicitada por los fiscales (reclamaron 12 años de condena) porque el Tribunal absolvió a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito más grave, el de asociación ilícita, por el que habían sido acusados. También se decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados. Además de la orden punitiva de las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos, actualizados al momento en que quede firme el fallo. Minutos después, la vicepresidenta ofreció un ácido mensaje, en el cual calificó a la Justicia como una “mafia”, denunció la existencia de un “Estado paralelo”, y se explayó en detallar los vínculos empresariales, judiciales, políticos y mediáticos que operaron y operan en su contra. Para ello reiteró lo que considera inconsistencias en la causa que la llevó a ser condenada, y leyó con lujo de detalles las conversaciones interceptadas a partir del viaje realizado por directivos de Clarín con funcionarios del PRO y jueces afines, revelado en medio de un escándalo que hasta motivó un mensaje del presidente Alberto Fernández en cadena nacional. Hasta allí la crónica objetiva. En definitiva un capítulo se cierra, el del juicio a Cristina que se extendió durante tres años y medio y que concluyó sin sorpresas: ella misma había asegurado que la sentencia ya estaba escrita y que los jueces eran en realidad “un pelotón de fusilamiento”.

Las consecuencias

¿Qué cambia a partir de ahora? Posiblemente nada. A nivel judicial el impacto es nulo porque la sentencia no está firme, y se avecina un largo camino de apelaciones. Recién en la segunda semana de marzo del año que viene se darán a conocer los fundamentos del fallo, y posteriormente se iniciarán nuevas instancias que pueden extenderse casi indefinidamente hasta un eventual desembarco de la causa en la Corte Suprema. Cristina no irá a la cárcel (por su edad tampoco iría si la condena quedara firme), y este fallo en nada afecta o invalida su participación en el próximo proceso electoral: puede ser candidata sin inconvenientes si así lo decidiera. Tampoco socialmente hubo una respuesta desmedida, entre otras razones porque -como se apuntó- la condena no tomó desprevenido a nadie y eso atenúa su impacto. Si alguien imaginaba una movilización masiva al estilo del 17 de octubre de 1945, nada de eso sucedió. Salieron a la calle pequeños grupos organizados siempre disponibles para manifestarse y nada más. Institucionalmente sí queda un precedente de peso, porque se ha condenado por corrupción a una vicepresidenta en ejercicio de sus funciones, hecho sin precedentes en la historia argentina, pero la fuerza de ese hecho queda diluida por la sombra del lawfare, las dudas sobre la imparcialidad y el innegable direccionamiento que ciertos sectores le dieron a todo el proceso.

Un eslabón más

En definitiva, lo que se vive es un eslabón más en la interminable cadena de batallas mediáticas que se extienden desde hace más de una década. Es la declarada guerra Clarín-Kirchnerismo que mantiene de rehén a la mayor parte de la sociedad, y a cuyos efectos el fallo difundido ayer no agrega ni quita demasiado. No hay un solo seguidor de Cristina que vaya a cambiar de posición como si se le hubiera revelado que ella es corrupta. No hay un solo detractor de Cristina que hubiera corrido a abrazarla si el tribunal la absolvía. La división es tan marcada y profunda, y alcanzó términos tan irreconciliables -en gran parte irracionales-, que un acto de gravedad como el de ayer pasa desapercibido, algo similar a lo que sucedió cuando le gatillaron a la vicepresidenta un arma en la cabeza. Ahora las cartas están sobre la mesa, y cada bando con su dedicación y sus herramientas, procurará sacarle provecho. Los discursos de odio seguirán gozando de buena salud y la escenografía de la política nacional no se modificará en nada.

Apoyo catamarqueño

Quienes estuvieron pendientes del fallo y exteriorizaron su apoyo a la vicepresidenta fueron los legisladores nacionales por Catamarca, naturalmente del Frente de Todos. “No estás sola, miles y miles creemos en vos!”, escribió en las redes la exgobernadora Lucía Corpacci, y el senador Guillermo “Joao” Andrada enmarcó la condena en una persecución partidaria:  “Ya tuvimos un 5 de marzo de 1956 y el  Decreto 4161/56, proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido, como la prohibición de sus ideas  símbolos, e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita. Y seguimos vivos y militando”, tuiteó. Más temprano se había expresado el gobernador Raúl Jalil, pero de manera menos pasional y llamando a la cordura: “La libertad para juzgar debe ser el eje de los magistrados que dictarán un fallo sobre la vicepresidenta  @CFKArgentina, apuntando siempre a emitir un juicio que sea ajustado a derecho”. También se pronunció la diputada nacional Silvana Ginocchio, quien sostuvo que “Frente al odio, tenemos las convicciones, el trabajo  y la militancia. La verdad. La verdadera historia ‘Nunca Más’ a prácticas que dañan la democracia”. Por lo demás, en Catamarca la repercusión fue casi nula. Entre la tragedia de Rojitas, las festividades marianas y el Mundial de Fútbol, la comunidad no ubicó el juicio entre sus temas prioritarios.

Ley de Medios

RECUERDOS. Hoy es 7 de diciembre, el famoso 7D que hace una década se presentaba como un día histórico para el país, porque debía entrar en vigencia la Ley de Medios. “El 7 de diciembre los medios de comunicación audiovisuales deben comenzar a cumplir con la nueva Ley de Medios Audiovisuales, aprobada este año por el Congreso y que suplanta a la vieja ley promulgada durante la última dictadura militar en el país (1976 a 1983)”, anunciaba el gobierno de Cristina Fernández, en un capítulo clave de la mencionada guerra que sostiene con el Grupo Clarín, que hubiera sido el primer afectado si la norma realmente se ejecutaba. Clarín planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a desinvertir para desarmar su monopolio, y en definitiva triunfó, porque nunca se alteró su dominio comercial y mediático. A propósito de este aniversario, la propia Cristina, en una entrevista cedida a un medio brasileño, aseguró que su condena de ayer se programó deliberadamente para que Clarín titule en el aniversario del 7D: “Es un regalo para Magnetto”, dijo en referencia al CEO del gigante multimedio. Puro simbolismo.

El Esquiú.com