Más de una vez señalamos que el ser político, al menos en Catamarca, es sinónimo de impunidad. En más de tres décadas de vigencia democrática ininterrumpida, los dedos de una mano sobran para contar los funcionarios que fueron a prisión y, ahora mismo, hay uno sólo en la cárcel de Miraflores. Referencia para el exintendente de la Puerta de Corral Quemado (Belén), Enrique del Valle Aybar. Los demás son perejiles de toda especie, a los cuales los jueces le tiran por encima el peso del Código Penal. Con ellos no hay problemas. El proceso previo al juicio es rapidísimo y el juicio, si es que se llega a juicio, funciona a la misma velocidad. De esta manera tenemos soterradas en los archivos de Tribunales causas que fueron famosas y ocuparon cantidades de tinta para explicarlas y desarrollarlas sin que se hayan producido resultados, sean éstos buenos o malos. Nada. Duermen el sueño eterno y los acusados, vía lobbys o influencias políticas, viven como si jamás hubieran cometido una falta. En ese marco podríamos nombrar al negocio de los pobres –vía bolsones de comida que se pagaron y nunca llegaron a Cataamarca- que dio en llamarse “compras directas” a comienzos de siglo. Los principales acusados, Víctor Brandán y Pablo Doro, se suman a proveedores que estafaron al Estado en tiempos del castillismo. Cuando han pasado casi 20 años nadie se anima a mover una ficha en el tablero de la impunidad. De la misma época son los cursos fantasmas que supuestamente se desarrollaron cuando comenzaba su primer mandato Eduardo Brizuela del Moral. Cuando uno pregunta a los abogados que actúan en la causa, sin disimulo, te responden “si no sabemos que los reyes magos son los padres”. Así como estas hay otros casos, varios de los cuales salpican a los intendentes o funcionarios de distinto nivel. Ni que hablar de los empresarios. Ellos tienen muchas horas de vuelo para sobrepasar los escollos judiciales.

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Por estos días, siguiendo con la Justicia lugareña, ha surgido una curiosa decisión que movió variadas sospechas. El intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, carga sobre sus espaldas una denuncia por abuso sexual contra una mujer que, desde la adolescencia, habría sido objeto de eventuales excesos por parte del polémico jefe comunal. Cuando han pasado dos años de la denuncia, la Cámara de Apelaciones compuesta por los jueces Edgardo Alvarez, Elena Berrondo Isí y Patricia Olmi hizo lugar al pedido de la defensa del intendente para que la supuesta víctima vuelva a declarar sobre los episodios en que se vio involucrada. Una concesión de esta naturaleza no es frecuente y por ello precisamente despertó sospechas, toda vez que durante el juicio oral y público podría explayarse todo lo que quiera. Veremos cómo sigue el tema, pero al estar involucrado un político, lo reiteramos, por lo general lleva las de ganar.

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Otra brasa que calienta los tribunales locales en el famoso video en el que aparecen dos jueces –Raùl Da Prá y Juan Pablo Morales- cobrando una supuesta “cometa” por la libertad de un preso que, finalmente, dejó la cárcel de Miraflores apoyado por un importante estudio jurídico del medio. Ambos magistrados rechazaron someterse al Jury de Enjuiciamiento, donde bien podían defenderse de las acusaciones. En lugar de hacerlo estamparon su renuncia indeclinable al cargo, lo que no los libra de la acción penal que se sigue en su contra y para lo cual argumentan, como único mecanismo defensivo, que una pericia sobre el video determinó que fue editado y por lo tanto no procede como prueba. En pocas palabras, tanto Da Prá como Morales hacen hincapié en una acción formal y no de fondo. El primero de ellos, recientemente, rechazó “ser sometido al escarmiento de ser indagado, fichado y prontuariado por un instrumento que considera viciado”. Como mecanismo de defensa parece poco contundente esta declaración porque no niega la existencia de un hecho donde hay personas con nombre y apellido que pudieron participar de la exacción. Por las dudas recordemos que, cuando sucedió el hecho, fueron varias las abogadas de renombre de Catamarca que no dudaron en levantar el dedo acusador y extenderlo hacia otros estamentos de la Justicia.

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En cuando a Juan Pablo Morales su situación es extremadamente más grave. Aparte del “video de la coima”, al que considera viciado y por el que solicita se declare la nulidad de la acción, está envuelto en una causa de narcotráfico junto a personajes del bajo fondo como Marco Antonio Rearte, Sebastián “La Chancha” Frías y Pablo Andrés “Piquinino” Frías. El avance contra el abogado, por escuchas telefónicas, fue determinado por el fiscal Santos Reynoso que ordenó su detención. Tal situación ocurrió con quienes Morales sostenía conversaciones, mientras a él digamos que lo salvó el juez federal, Miguel Angel Contreras, que le dictó una falta de mérito. Esta decisión fue apelada y la Cámara de Tucumán ordenó su procesamiento, situación que lo mete de lleno en la comisión de un delito grave.

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Al principio de estos “Apuntes” señalamos que los políticos gozan de un trato especial en relación al resto de los mortales. Da Prá y Morales no son precisamente políticos, pero nadie puede discutir que llegaron por la política durante los años bravos del Caso Morales. Raúl Da Pra fue un actor importante cuando sucedió el caso y consiguió subir por las escaleras de la Justicia sin méritos acreditados. Más lo hizo, con grandes y poderosas influencias, por haber ocupado las veredas del antisaadismo. Lo de Morales fue distinto, pero parecido. También llegó por influencias políticas, aunque no militó la causa maldita que partió en dos a la sociedad catamarqueña. Tal vez por su bajo perfil y conducta intachable, la exgobernadora Corpacci llegó a nombrarlo Secretario de Seguridad, tarea que cumplió con eficiencia y seriedad. Por ello cuando la gente se entera de semejantes cargos en su contra no deja de sorprenderse.

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La “Tragedia de El Rodeo”, que dejó 13 muertos y se remonta a 2014, tuvo un recorrido judicial que va a dejar pesares muy grandes entre los familiares de las víctimas, que no aceptan que casi todos los imputados hayan resultados sobreseídos y solamente dos personas –el exintendente Félix Casas Doering y Saavedra, el extitular de Defensa Civil- tengan que hacerse cargo de un desastre natural por el que se tejieron las más variadas conjeturas, algunas de las cuales fueron coincidentes sobre negligencias que ayudaron para que la furia del río Ambato provocara más daños de los ocurridos. Tal y vez en el caso del intendente haya una responsabilidad más concreta por haber habilitado un autocamping que se ubicaba a orillas del río y que en la noche de la tragedia fue destrozado por el alud de agua, barro y piedras gigantescas, provocando desgraciadamente un reguero de muertes. Por cierto, la ciudadanía podrá saber la verdad y los detalles de aquel drama cuando se llegue al juicio oral y público. Casas y Saavedra se sentarán en el banquillo de los acusados. Otros responsables, claramente, seguirán las audiencias desde un lugar más tranquilo.

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Un protagonista excluyente de la historia

Entre los recuerdos del último bloque, que son marca registrada de El Esquiú, vamos a traer uno referido al exgobernador Brizuela del Moral, fallecido hace pocos meses. Tuvo el hombre una actuación gravitante en la historia de la democracia recuperada.

El claustro docente del departamento Historia, de la facultad de Humanidades, daba mandato en marzo de 1990 a sus profesores ordinarios para apoyar y votar en la asamblea de dicha unidad académica por la reelección del entonces rector, ingeniero Eduardo Brizuela del Moral (había asumido en 1985 en detrimento del candidato castillista). Era el primer grupo de docentes que, en ámbitos universitarios, se pronunciaba por un candidato y ponía de manifiesto la voluntad reeleccionista de quien años más tarde sería figura central de la política catamarqueña. Apenas 20 meses después, y todavía con mandato como rector, fue por la municipalidad de la Capital y, con cierta holgura, batió a Fernando Rivera, candidato justicialista. Luego vino la reelección en 1995 y a la "re-re" en 1999. Ya gobernador, en 2003, repitió en 2007 y otra vez, en 2011, llegó a la "re-re", aunque esta vez fue derrotado en las urnas. En aquel 1990, con 46 años, también saboreó las mieles del triunfo en la Universidad y cuando le tocó pasar a la Municipalidad de la Capital, donde le transfirió el mando el exinterventor Hugo Alberto Mott, le dejó el cargo de rector a su amigo Julio Salerno, a quien más tarde haría diputado provincial. Sin lugar a dudas, lo de Brizuela del Moral queda firme en la historia de Catamarca como alguien que tuvo una participación excluyente en el sentir ciudadano.

El Esquiú