Indiferente a las idas y venidas de la clase dirigente, a los acuerdos, desacuerdos y rencillas internas de oficialistas y opositores, la crisis económica se sostiene para pesar de la gran masa de asalariados, que ven multiplicarse sus dolores de cabeza a la hora de cumplir compromisos contraídos, de pagar impuestos y servicios, o de hacer las compras cotidianas, por no mencionar a quienes deben encarar gastos en medicamentos u otros imprevistos. La situación general es preocupante para todos pero directamente dramática para otros, que por muchos malabares que ensayen no tienen modo de estirar sus ingresos hasta fin de mes.

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Para sorpresa de nadie, ayer se confirmó lo que se temía: la inflación de julio llegó nada menos que al 7,4 por ciento mensual, el nivel más alto desde la caída de la convertibilidad. Los datos oficiales del Indec, precisan que en los siete primeros meses de este complejo año, los precios acumulan un incremento del 46,2 por ciento y en la comparación anual el número se ubica en el 71 por ciento, lo cual no tiene antecedentes desde los últimos desastres de la hiperinflación que terminó con el gobierno del radical Raúl Alfonsín y lo obligó a huir de Casa Rosada. Los cálculos y previsiones actuales proyectan para este año una inflación podría superar el 90 por ciento. Número catastrófico para todos, que además inmoviliza o condiciona mercados inmobiliarios, compra-venta de automotores y sepulta sin piedad a quienes hayan contraído deudas. Todo ello sin profundizar en el comportamiento del dólar y sus efectos.

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El mismo día en que asumió, Sergio Massa advirtió que las cifras a revelarse sobre los precios no serían buenas, y aunque no lo hubiera hecho no se le podría achacar responsabilidad, ya que su gestión recién empieza. Pero lo cierto es que vamos derechito al iceberg y se hace urgente enderezar este rumbo, porque como dijo el gobernador fueguino José Estabillo: “Si seguimos con este descalabro al 2023 no llega nadie, ni oficialismo ni oposición”.
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