Financiar la política

La estafa contra el Estado provincial denominada “compras directas”, oficialmente ratificada el pasado jueves, dejó innumerables lecturas asociadas a la Justicia y la política. Muchas de ellas no fueron analizadas en profundidad por los medios de prensa. Veamos. Las condenas de primera instancia impuestas a Víctor Brandán (10 años) y Pablo Doro (6 años) interpelan directamente a la administración que condujo Oscar Castillo entre 1999 y 2003. A ningún funcionario o político de la época escapa la situación que se vivía hace 20 años y que obligó a aquel gobierno a hacer malabares para superar las consecuencias nefastas que dejaba la convertibilidad menemista -un peso igual a un dólar-, cuya explosión de sangre, saqueos y muertes iba a producirse en 2001. En Catamarca, donde se llegó a bajar los sueldos de empleados públicos y jubilados en un 13%, los gobernantes no encontraron mejor forma de financiar la política que no fuera a través de un mecanismo casi maquiavélico: aprovechar la pobreza para justificar gastos que, por lo general, no iban a mitigar los dolores de los más humildes. Por eso, a las “compras directas” se las llamó durante mucho tiempo “el negocio del hambre”. No lo decimos nosotros. Está registrado en miles de publicaciones de los años 2000.

El decreto-acuerdo 1544

La maniobra que derivaría en escándalo y que tuvo su punto de furor en 2003, cuando Luis Barrionuevo estuvo a centímetros de desplazar a los radicales del gobierno, en realidad comenzó en el 2000. Fue cuando se firmó el decreto-acuerdo 1544 que, para evitar licitaciones, elevaba el monto de compras directas de 5.000 a 350.000 pesos. La fundamentación aludía a que las necesidades de la gente imponían suprimir trámites burocráticos, como ser los concursos de precios y todo lo que importa una licitación. La decisión, ciertamente, tenía todos los visos de legalidad, aunque detrás de ella vendría una historia de ruindad que terminó con Brandán y Doro sentados en el banquillo de los acusados. Es que ellos fueron los funcionarios que en 2003 firmaron entregas de mercadería por valores millonarios que no llegaron a la gente (más de 800.000 bolsones) que supuestamente la requería, lo que quedó ampliamente demostrado en el juicio. Todos los testigos que desfilaron ante el Tribunal, absolutamente todos, declararon bajo juramento que sus firmas de recepción fueron adulteradas y, en muchos casos, aseguraron ignorar tales peticiones, evidentemente apócrifas. No por ocurrencia la fiscalía pidió una pena severa, la que fue levemente morigerada por el Tribunal. 10 y 6 años de prisión, de igual forma, no son flor del aire.

El silencio de Brandán y Doro

Como se recordará, apenas iniciado el juicio, los abogados de los imputados pidieron la prescripción de la acción penal. Apelaron a lo que se llama “plazo razonable” para juzgar y consideraron que a casi 20 años de los hechos denunciados -año 2004- no era posible establecer justicia de verdad. Omitieron decir, por ejemplo, que algunos de los imputados declararon durante la instrucción de la causa recién en 2011. Por lo tanto, lo de los “20 años” era argumento falso o poco menos. También apuntaron, con razón, que la señalada instrucción fue un desastre, pero nada dijeron de los manejos subterráneos de una Corte de Justicia enferma de partidismo (la integraba un trío que tenía como puntas de lanza a José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, castillistas hasta la médula) que nunca hizo valer su poder de superintendencia para apurar el juicio. Rechazado los planteos de Brandán y Doro, durante las audiencias ambos se mantuvieron callados como una tumba. Recién durante los alegatos, sin aceptar preguntas, Brandán proclamó su inocencia y, cuando más, aceptó simples irregularidades que no llegaban a configurar delito.

Más allá de los condenados

El silencio no fue acto de inocencia. Si “escupían para arriba” y decían que el plan venía de tiempo atrás (bien podría involucrar a exsubsecretarios de Acción Social como Carlos Colombo o, especialmente, el belicho Sergio Figueroa que actuaron en los primeros años del gobierno con el decreto 1544 en mano) en absoluto favorecían su situación personal. Pero la verdad es que nada se podía hacer, lo dice la lógica, sin un guiño del ministro Jorge Greco o el mismísimo primer mandatario, a los que solo se podía acoplar en la causa utilizando una figura jurídica de la que se habló mucho en la Argentina de los últimos tiempos: la asociación ilícita. De esa forma llegó al juicio “Vialidad” la expresidenta Kirchner, de quien dijo el fiscal Luciani que, si bien no firmó nada y había 18 funcionarios por debajo de ella que tenían facultad para hacerlo, no podía ignorar lo que ocurría con su administración. En los años 2000, en nuestra tierra, Castillo y Greco no firmaron nada y por ello no acompañaron a Brandán y Doro. Es que no se aplicó la figura de la “asociación ilícita” y el exfiscal Sebastián Walther, recién en 2016, elevó la causa a juicio. Lo hizo con “lo que había”, tal vez pensando que ese juicio no se haría nunca o se extinguiría por el paso del tiempo.

Ganadores y perdedores

El tribunal, siguiendo lo actuado en una desordenada y criticable instrucción, actuó a Derecho y, honestamente, nada se le puede objetar. A pesar de ello, con todos los derechos, los abogados de los condenados afirmaron que los cuatro imputados no solo Omar Guillermo Martínez, encargado de depósito en 2003, y Carlina Zurita, jefa de Contaduría- deben ser absueltos porque no se acreditó el delito de fraude a la administración. Deberán demostrarlo en la casación. Tarea ciertamente complicada. Pero más allá de especulaciones, queda claro que en el proceso hubo grandes perdedores -Brandán y Doro a la cabeza- y grandes ganadores. Estos últimos no son otros que los proveedores del Estado -seis o siete- selectivamente elegidos para las grandes operaciones del año 2003. Fueron ellos, a sabiendas del gobierno, los que según una auditoria de 1.000 fojas firmada por respetables profesionales del Tribunal de Cuentas corroboró el pago de mercadería por parte del Estado cuya entrega (unos 830.000 módulos alimentarios compuestos por 10 productos) no quedó acreditada ni figuraba en los registros de Acción Social. Lo que si aparecieron por todos lados fueron facturas apócrifas de las cuales existen copias por doquier. El dinero mal habido, por lo que se sabe, fue a financiar en parte gastos de la política para mantener el gobierno. La otra tajada fue para los pícaros que, en menos de un año, se hicieron multimillonarios y, por estas horas, estarán riéndose de las condenas que aplicó el Tribunal sin tenerlo en cuenta ellos y sin que los condenados lo delataran. Claro está que la sociedad los conoce perfectamente y los puede señalar con el dedo. ¡No es poca cosa! Apenas se los nombra o se los ve la gente los relaciona con el delito.

La reivindicación de la Justicia

El juicio que acaba de terminar y que seguramente tendrá instancias de apelación que serán motivo de otros análisis, en alguna medida reivindica a la Justicia catamarqueña que, en casi 40 años de democracia, salvo excepciones, jamás castigó en serio a los miembros de la clase política. Acá no solo se llevaron el sabor amargo de la condena Brandán y el doctor Pablo Doro -en sus buenos tiempos era, junto a su esposa, líder indiscutido del distrito de Icaño-, sino como lo dijimos al principio, todo un gobierno (1999-2003) sabe a ciencia cierta que la drástica medida lo interpela. Algo parecido a lo que ocurrió con el Caso Morales. El joven Guillermo Luque fue a la cárcel, pero el castigo político fue ciento por ciento para el extinto Ramón Saadi, a quien se le cayó el gobierno. Volviendo al presente, hay que destacarlo, hubo justicieros y tienen nombre y apellido: Marcelo Soria, Navarro Foressi y Carlos Moreno. Ellos pudieron armar el juicio, cuestión nada sencilla, y actuando a derecho decretaron una sentencia.

Definitivamente, pase lo que pase con la casación, las “compras directas” o el “negocio del hambre” no ha quedado impune.

Aparte, no nos imaginamos con qué argumentos la actual Corte de Justicia, compuesta por siete miembros, puede dar vuelta la sentencia que acaban de firmar los jueces.

La normalización de la FAT- PREN

 Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el recuerdo de acontecimientos del pasado. El viernes pasado, 17 de marzo, se cumplieron 38 años de la normalización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). La asamblea se llevó a cabo en la ciudad de General Pico (La Pampa) y en representación de la filial Catamarca asistieron los periodistas Gustavo Adolfo Nieva y Eduardo Molas, secretarios General y Adjunto del Sindicato de Prensa local. En aquella oportunidad, año 1985, asumió como titular de la FATPREN el chaqueño Alfredo Carazo, quien alineó al gremio con el “Ubaldinismo”, o sea en las veredas contrarias al “alfonsinismo”. El Sindicato de Prensa de Catamarca, cabe destacarlo, había sido normalizado tiempo atrás y durante la última parte de la dictadura estuvo a cargo del periodista Samuel Mohaded.

El Esquiú.com