El reciente fallo con el que se suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán profundiza las tensiones políticas, y pone en crisis la gobernabilidad y el federalismo.

El momento de anunciar la decisión del máximo tribunal respecto a supuestas anomalías -en candidaturas ejecutivas-, en los procesos eleccionarios respectivos, no pareciera haber sido tomado en cuenta sino para entorpecer y sabotear respecto a posibles resultados eleccionarios amargos al paladar de la Corte. 

Por otra parte, ejercitando una coordinación prodigiosa, la Corte anunció el fallo en el exacto momento en que el ex empleado de la Corte, Héctor Marchi, estaba declarando -frente a la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados contra los actuales miembros de los supremos- respecto de una muy fundada sospecha sobre el supremo Horacio Rosatti acerca de haber cometido delitos en la adjudicación de contratos a cambio de que se retirara un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito; también señalaba (Marchi) que Rosatti lo intimó para eliminar parte de un legajo comprometedor de un allegado al supremo –porque a él  (a Rosatti) “no lo alcanzaba la ley”-; al mismo tiempo el ex empleado de la Corte denunciaba haber sufrido “aprietes” de diversas índoles por parte de Rosatti mediante el alter ego del supremo, Silvio Robles-. 

Luego, a poco de emitido el fallo, dos comunicadores mediáticos (del canal televisivo La Nación +), Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, expusieron dos detalles sustanciales respecto al fallo -y al momento escogido para anunciarlo-. 

Ambos comunicadores notificaron que Rosatti tenía “pisado” el fallo y que decidió emitirlo luego de recibir una llamada de “alguien de suma importancia”. 

Así quedó claro que el fallo estaba redactado hace tiempo ya, y que solo se esperó el momento en que pudiera hacer más daño a la actual administración nacional, e incidir sobre los destinos eleccionarios a lo largo y ancho del país. 

A fin de obtener consideraciones claves sobre el alcance del fallo que suspendió las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán –y sobre el comportamiento de los miembros de la Corte- se accedió –diálogo mediante- al parecer del constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe. 

Estos son principales señalamientos que expresó el ex juez federal al momento de ser consultado sobre cuáles son los detalles más perniciosos del reciente fallo de la Corte: 

* El fallo es inconstitucional; porque un ciudadano no puede acudir directamente a realizar un planteo a la Corte Suprema de Justicia (CSdJ). 

* La Corte tiene dicho que nunca interviene directamente, solo en situaciones planteadas por las provincias, y siempre va por apelación. 

* En los únicos casos en que la CSdJ tiene primera competencia es en los juicios entre la Nación y las provincias; y, además, en el caso de un amparo los plazos de resolución son mínimos (48 horas –o poco más-). Es una medida sumarísima, con plazos extremadamente exiguos; en este caso ha corrido muchísimo más tiempo (un mes), lo cual es una demora que reviste suma gravedad, más en un caso de “puro derecho”, que no requiere recabar ni presentar prueba alguna, sino meramente una interpretación de la ley –en este caso explayarse sobre si están bien o mal aplicados los artículos de las constituciones de las respectivas provincias afectadas-.

*  Al ser un fallo de la CSdJ la inconstitucionalidad del mismo no puede ser definida por ninguna otra entidad superior. 

* Pero hubiera cabido que los tribunales superiores de San Juan y Tucumán hubieran presentado un planteo por haber sido salteados en los procedimientos respectivos. 

* Se observa claramente que las elecciones suspendidas favorecen a los intereses de JxC en sus posibilidades electorales. 

* Como contraprestación observamos que ese espacio político apoya irrestrictamente a la Corte en el juicio político que se está desarrollando en su contra.

* También es importante indicar que –tal cual lo señala Rosenkratz en su considerando 9º (noveno)-antes de llegar el caso a la CSdJ debieron intervenir las respectivas justicias provinciales, debió haberse escuchado las proclamaciones de los tribunales –en la voz de su máxima autoridad de autonomía provincial-, o las juntas electorales provinciales, en relación al asunto, y recién después de estas expresiones, apelaciones mediante, podría emitir su opinión la CSJ. 
 
* Lo que está pasando parece una intervención federal a los poderes judiciales provinciales.

* La CSdJ debió ella misma enviarle -a las entidades judiciales provinciales respectivas- un pedido de pronunciamiento respecto a los casos de sus provincias.

* Si por cualquier motivo los  integrantes de JxC  cambiaran de criterio e hicieran posible alcanzar el número de la mayoría pertinente para el juicio político los miembros de la CSJ se verían en problemas serísimos. 

* La Corte Suprema de Justicia y Juntos por el Cambio –por ahora- juegan en tándem. 

Otro desaguisado es que antes de llegar estos procedimientos a la CSJ –y por supuesto, antes de fallar la Corte- pasaron por la Procuración, y la procuradora, Laura Monti -mediante sus dictámenes-, les aconsejó a los supremos rechazar las medidas cautelares.

Las resoluciones de la Corte Suprema disponiendo medidas cautelares que han suspendido las elecciones en San Juan y Tucumán a cuatro días del acto eleccionario, en causas intencionalmente armadas para facilitar el dictado de esa suspensión, no pueden ser analizadas jurídicamente porque no han sido el producto de la “aplicación de la ley” o de su “interpretación” por parte de los magistrados. Son la consecuencia de una jugada política de cuyo engranaje los miembros de la Corte forman parte.
Por más que se trate de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ser la única respuesta el acatamiento, con la consiguiente suspensión de los comicios.

La reacción no puede ni debe ser jurídica, sino política, tal como sucedió con el fallo del 2 x 1 cuya respuesta, con miles de personas en las calles, fue la que desarticuló la jugada de estos mismos personajes.

El Esquiú.com