Escribe el Lic. Raúl Jalil (*)
con la colaboración
del Lic. Carlos Cisneros
 

Ante la crisis económica global que vivimos el año pasado y que impactó en los catamarqueños a través del incremento del costo de vida y el proceso inflacionario que seguimos percibiendo diariamente, se generó un aumento significativo por parte de catamarqueños de acudir a entidades con el fin de solicitar préstamos personales en dinero o comprar bienes financiados por las mismas firmas comerciales.
En este escenario, realicé oportunamente un análisis de la situación, y pude comprobar una gran cantidad de entidades de préstamo de dinero en las que se financiaba con intereses de hasta el 90 por ciento o más. Asimismo, constaté que en innumerables casas de venta de electrodomésticos se configuraba la misma situación.
En la actualidad, la mayoría de los empleados públicos de la provincia están endeudados, la situación se torna cada vez más difícil, y allí radica la prioridad que, a mi criterio, tenía tratar el Proyecto de Ley de mi autoría, con media sanción en la Cámara Baja, denominado “Ley de Usura”, que tuvo como objetivo proteger con la creación de un registro de las entidades financieras, a los particulares que recurren a la financiación de compras de bienes o servicios y/o adquisición de préstamos, cayendo ante la figura de la lesión entre el desconocimiento y la necesidad. Esta ley también permitiría que otras entidades ingresen al sistema dentro de un marco regulatorio más seguro, y por ende bajaría la tasa de interés promedio del mercado.
Cabe destacar, que la Administración General de Juegos y Seguros (ex CAPRESCA) sólo otorga préstamos a los empleados públicos que a su vez presentan las garantías de otro empleado planta permanente. En tal sentido, tiene una capacidad limitada para cubrir la creciente demanda, la cual, desde el cierre del Banco de Catamarca, ha visto sesgada su posibilidad de acceder a un crédito y es entonces donde entran a jugar las financiaras o mutuales.
De esta manera, la propuesta de la creación del registro de las entidades financieras, se justificó en la necesidad de contar, a nivel probatorio, con instrumentos que pudieran ayudar a dilucidar una práctica usuraria. Cabe señalar que la diferencia entre el deudor que acude a una entidad bancaria, en contraposición con las ofertas de las financieras, es cinco veces menor. Por ello, considero que el perverso mecanismo que utilizan estas entidades usureras de crédito fomentan y agravan la pobreza, en lugar de “auxiliar” al deudor desprevenido como reza el slogan de muchas de ellas.
En una entidad bancaria, la tasa de interés promedio de los créditos oscila entre el 15% y el 22% anual, pero para la mayoría de quienes deben pedir préstamos y que no cuentan con un respaldo financiero, deben caer indefectiblemente en las financieras, sometiéndose a pagar un interés que supera el 100% anual, así, para una persona sin recursos el interés que debe pagar es cinco veces mayor que el que paga un deudor con sueldo fijo, lo que en consecuencia acentúa aún más la diferencia entre ricos y pobres en la provincia.
El mencionado proyecto contó con media sanción en la Cámara Baja desde 2007, por unanimidad del pleno a quienes les estoy agradecido por su acompañamiento, y el Senado acaba de rechazar su tratamiento por considerar que ya existen leyes que reglamentan la actividad y sólo resta cumplir las mismas.
Sin embargo, hay provincias y municipios que sí consideraron prioritario sancionar una ley similar como el caso de San Luis o el municipio de la capital de La Rioja, que sancionó una Ordenanza con el fin de regular la actividad.
En efecto, un ejemplo similar al problema que enfrentamos en nuestra provincia, fue puesto de manifiesto en la vecina provincia de La Rioja, cuando el jefe comunal de la ciudad capital de esa provincia, Ricardo Quintela, pidió una audiencia con el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, a fin de defender el “accionar de su administración en referencia con la clausura de las financieras que funcionan en la ciudad” (…) “Lo que hicimos fue poner la estructura legal que tenemos, a partir de la asesoría, a los efectos de brindar una suerte de protección a nuestros ciudadanos. Este no es un sistema financiero, sí usurero, donde la ciudadanía, fundamentalmente los más desprotegidos, los más débiles, caen en un sistema del que les resulta difícil salir”.
En tal sentido, considero que por una u otra vía jurídica o legal es imperioso abocarnos al tema, en virtud de evitar que sigan sufriendo más familias catamarqueñas que ven sus sueldos embargados y así se vuelve inviable para ellos entrar en un proceso de desendeudamiento y crecimiento económico.

(*) Licenciado en Economía
y ex diputado provincial