A raíz de los recientes fallos, en especial el de Tucumán, sobre el caso Marita Verón, que conmovió a toda la sociedad, la idea de justicia se puso en discusión. En primer lugar, es oportuno señalar que muchos sectores de la sociedad utilizan el término “Justicia” para referirse al Poder Judicial. Cuántas veces escuchamos decir la Justicia debería hacer tal o cual cosa. Es decir, se asocia el objetivo ideal con el proceso administrativo que buscaría acercarse a él. Esto no ocurre con el resto de los poderes. A modo de ejemplo, no hablamos de legislación para referirnos al Poder Legislativo.
El filósofo Ernesto Laclau considera a estos términos como significantes vacíos. Es decir, que cada uno deposita sobre él sus deseos, ilusiones e ideales. Su ambigüedad e indefinición es lo que le permite su amplitud. En ese sentido, es que podemos encontrar grupos heterogéneos con ideas contrapuestas pidiendo “justicia”. Sin embargo, Roberto Aguiar hace un abordaje dialéctico del término, no lo considera neutro y lo analiza en varios aspectos: como valor, se acerca a la filosofía y muestra las distintas visiones en distintos tiempos históricos del sentido de lo justo. Pero al considerar que no es neutro, necesita de un orden pre establecido: esto es la estructura judicial que controle las ideas imperantes en cada época y le dé carácter legitimante.
Ya en este siglo, en plena etapa post-globalización y sus efectos devastadores, la Justicia como Poder es llamada a cumplir un rol que no se corresponde con los principios fundantes del mismo. Habría que preguntarse si puede justificarse el uso del poder punitivo del Estado, cuando un sector social se encuentra en situaciones de pobreza extrema, ausencia de sistemas de salud, educación y de medios que le corresponden al Estado procurar para garantizar el bienestar común.
Frente a este panorama, Rawls expresaba que la Justicia como Poder, no podía convertirse en verdugo social, castigando a quienes no han elegido nacer en las circunstancias tan acuciantes como las que están viviendo.
Sin dudas que como todo Poder, el Judicial está atravesado por intereses económicos, políticos e ideológicos, por ende esa neutralidad que tanto pregona y justamente no es tal, al decir de Aguiar, pareciera que “actúa” sobre los sectores más vulnerables, ¿Cuáles son? Los que se encuentran fuera del sistema de consumo y a un paso del delito; y aquellos que ya están dentro del sistema de encierro. En relación a los que se encuentran en el límite de la exclusión social, el Poder Judicial no es imparcial. Recae con más fuerza sobre ciertos sectores sociales. Para ilustrarlo, generalmente los sectores más vulnerables, que tienen menos elementos de defensa son seleccionados por el sistema penal. Así es como en nuestras cárceles más de la mitad de los presos son procesados, es decir técnicamente inocentes. Muchos no terminaron los estudios primarios, fueron niños explotados laboralmente o fueron víctimas de un Estado ausente.
Quizás por ello los Derechos Humanos se han encargado de colocar su ojo observador sobre las personas privadas de libertad y el tratamiento que reciben dentro de las unidades de detención. Es importante la normativa internacional para protegerlos y las constantes recomendaciones a los Estados de implementar las mismas y generar programas diversos en esa etapa. El tema educativo es uno de los pilares que garantizarían el fin de resocializar al detenido. Pero a veces este estándar está sujeto a la voluntad de cada juez y así se puede dar que un Juez de Ejecución Penal autorice a salir de una unidad penitenciaria a un interno a estudiar para facilitarle la revinculación social, mientras que a otro en similares condiciones le dificulta la salida.
Pero como todo poder responde también a presiones, la lucha del pueblo puede acercarnos a cierto ideal de justicia. Durante la década del noventa para muchos jueces avanzar en la apertura de los juicios a los responsables del último genocidio era impensado. Sin embargo, a partir de años de movilizaciones, constancia y esfuerzo de miles de personas, con el cambio de la Corte Menemista, por jueces con fuerte compromiso democrático y un sentido de lo justo más cerca al reclamo social, produjo la caída de las Leyes de Obediencia Debida, y Punto Final que frenaban el avance investigativo y condena a los genocidas de nuestro pasado reciente.
Como conclusión, frente a la inequidad social, un Poder Judicial comprometido y que visibilice las desigualdades nos permitiría vislumbrar un mundo más justo, armónico, colocando en evidencia las perturbaciones que una Justicia injusta produce.

Dra. Silvia Contrafatto
Lic. Roberto Samar

Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro