Defender el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es defender una vida digna, una vida plena con derechos. Son varios los derechos humanos básicos de las mujeres que se ven afectados ante la imposibilidad de acceder al aborto legal en condiciones dignas y seguras. 
Durante las últimas décadas fueron varios los organismos internacionales de Derechos Humanos que expresaron su preocupación frente a la situación de discriminación que se viene dando en nuestro país en relación con la violación de los derechos humanos básicos de las mujeres y, especialmente, de las mujeres de más bajos recursos. Esta situación ya había sido advertida en el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 (INADI), en el que se afirmó que “las altas tasas de muerte por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de las mujeres de sectores más pobres”.
En 2010, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación al destacar que la criminalización del aborto pudiera disuadir a los médicos de realizar esa práctica médica incluso en casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Este organismo destacó también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que dieron como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado. 
Se sabe que el nivel de complejidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no es el mismo para todas las mujeres. Aunque las de nivel socioeconómico medio y alto tienen la posibilidad de acceder en forma clandestina y privada a la atención sanitaria adecuada sin sufrir posibles complicaciones postaborto; las mujeres de más bajos recursos ponen en riesgo su vida y su salud al verse obligadas, también en la clandestinidad, a practicarse dichas intervenciones en condiciones sanitarias deplorables. 
La inaccesibilidad al aborto legal, seguro y gratuito, además de vulnerar derechos básicos, es una práctica discriminatoria que expone a las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad y personas gestantes a ser víctimas de violencia institucional, sometidas a tortura, hostigamiento, o a tratos inhumanos y degradantes, en muchas oportunidades, perpetrados por funcionarios/as públicos/as - tal como lo ha caracterizado el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas-. Las consecuencias extremas de esta situación se han escuchado durante las últimas jornadas en el Congreso de la Nación. Desde 1983 a la actualidad más de 3000 mujeres han muerto sin poder concurrir a un hospital público en el que se le pudiera garantizar el más básico de los derechos: el derecho a la vida.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) exhortó en 2016 al Estado Argentino “acelerar la adopción de una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo no sólo en casos de violación o riesgo para la salud o la vida”. En aplicación de otro de los tratados con jerarquía constitucional, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se pronunció también en este sentido al advertir al Estado Argentino que debía adoptar “medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas”, así como la enmienda del artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para eludir disparidades en las legislaciones de las distintas jurisdicciones en lo que respecta al aborto legal.
Después de tantos años de haber acompañado a lo largo y ancho del país a mujeres como Ana María Acevedo, Belén, L. M. R. -que en el 2006 tenía 19 años y una edad mental de 10 cuando fue violada y embarazada por su tío, o el de L. N. P. -la niña toba del Chaco violada en 2003 por tres hombres que aún siguen libres-, exigimos al Congreso de la Nación salde esta deuda desde el retorno de la democracia: una ley que legalice el aborto en Argentina. 
No alcanza con la despenalización, porque ya está demostrado en los hechos que en los casos de aborto no punible no se cumplió con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de la claridad meridiana de su texto.
Es necesario terminar con esta ruptura existente entre las disposiciones de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos consagrados constitucionalmente y las normas del Código Penal del siglo pasado, pero fundamentalmente es imprescindible acabar con la hipocresía, sea por prejuicios o factores ideológicos, sociales, políticos, religiosos o atinentes a la gestión pública. La sociedad ya se ha pronunciado, sólo falta que la clase política la escuche.

Por María José Lubertino - Profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA. Directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Exdiputada nacional.