La estrategia del macrismo para tejer un entramado jurídico de protección para sus figuras desde la Ciudad de Buenos Aires puso en clima de ebullición a la Justicia y a los trabajadores del sector. 

En los últimos días, los sindicatos y la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, tomaron medidas para intentar evitar lo que creen intentará concretar el Gobierno antes de las elecciones del 27: el traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Ciudad de Buenos Aires, para que ese organismo clave quede bajo la órbita del único macrista que esperan sobreviva a la debacle electoral: Horacio Rodríguez Larreta.

Boquin presentó ante la Cámara una denuncia con pedido de tratamiento urgente para que los jueces suspendan una inminente decisión sobre el traspaso a la Ciudad de las funciones de la IGJ, que se encarga de cuestiones muy sensibles judicialmente para el macrismo, como controlar a las sociedades radicadas tanto en el país como offshore. 

En un escrito de doce páginas, la fiscal que además lleva la causa Correo, le advierte a la Cámara que la causa que tramita desde 2008 (cuando el macrismo aprobó en la Legislatura una ley para el traspaso, luego frenada judicialmente) reviste gravedad institucional. 

El expediente lleva once años de estudio y tuvo numerosos movimientos, llamativamente, después de las PASO.
Por eso, Boquin le advirtió a la Cámara que “más allá de los posibles cambios de gobierno” no debe desconocer un aspecto clave de la discusión: las provincias se negaron en el Congreso a delegar las funciones de la IGJ en la Ciudad. 
¿Por qué lo harían ahora los camaristas? 

Si aun así lo hiciesen, agrega, entonces su fiscalía recurrirá a la Corte. 
Al reclamo de Boquin se unieron, con distintas medidas de fuerza y asambleas, la Unión de Empleados de Justicia de !a Nación (UEJN), ATE y UPCN.

Además, la fiscal envió copia de su denuncia al juez Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal Franco Picardi, que llevan la denuncia contra Larreta por violación deberes de funcionario público por haber designado en 2016 a un titular para la supuesta IGJ porteña, mientras ésta todavía estaba frenada en la Justicia.

Pero el intento por la IGJ no es la única estrategia de cobertura jurídica que está explorando el macrismo. 
La perspectiva con la que el oficialismo está previendo su retirada es múltiple e incluye también la estatización de varios corredores viales investigados en la Justicia, el apuro en la licitación del puerto de Buenos Aires, algunos proyectos de ley sin pronóstico de aprobación por el momento como la Ley de Sociedades que presentó Federico Pinedo, y el intento de nombrar decenas de jueces en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, entre otras medidas.

La multiplicidad de distritos y de actores que trabajan en la estrategia contrasta con el festival de internas que se desató en el oficialismo después de la derrota en las PASO y al que el último fin de semana se sumó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. 

Con el triunfo en las urnas de su heredero, Rodolfo Suárez, Cornejo salió desde la noche misma de la victoria local a posicionarse no sólo frente a un eventual gobierno de Alberto Fernández sino también frente a un posible intento de liderazgo post octubre de Mauricio Macri. 

“No pienso quedarme callado”, avisó. 
No es el único preocupado y ocupado con el tema.
Igual que algunos radicales, los peronistas que integran Cambiemos ya están pensando en qué nuevas alianzas políticas tejerán si se confirman los resultados de las PASO. 

“No queremos quedar rehenes de los cascotes que vaya a tirar Carrió”, avisan. 
Por eso, quienes se identifican con el liderazgo político del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ya están buscando posibles socios dentro del Congreso después de diciembre que se sumen a las posturas que llevarán los monzoístas Sebastián García De Luca y Silvia Lospennato. 

Aparecen casi como naturales en ese esquema los nombres de Eduardo “Bali” Bucca y de Pablo Kosiner, además de los tucumanos Beatriz Ávila y Domingo Amaya, el riojano Felipe Álvarez y el sanjuanino Marcelo Orrego. 

Tal vez incluso puedan encontrar eco en la ¿ex? massista Graciela Camaño, que enojada por una declaración de su otrora socio político, decidió pegarle a Sergio Massa subiéndose al mote que le puso el presidente Macri: “ventajita”.

Pero mientras encara esa estrategia de futuro, el grupo que responde a Monzó y que además incluye diputados y senadores bonaerenses mira de reojo el armado global que les propone el presidente de la Cámara de Diputados, que busca construir junto a Larreta una oposición “moderada”. 
No terminan de comprar esa idea. 

Les genera desconfianza. 
No por su líder ni por el jefe del gobierno porteño, sino por la que será parte integrante de ese esquema: la gobernadora María Eugenia Vidal. 

Se niegan a dar por cerrada la grieta que se abrió entre ellos y la gobernadora en los últimos cuatro años, en los que Vidal les prohibió cualquier incursión política en la provincia. 

La gobernadora los sacó de su territorio, les escamoteó lugares en las listas y los borró del mapa. 
Ahora ella está por volver al llano y ellos se la quieren cobrar.

Y lo dicen sin edulcorar ni una palabra: “Emilio está predispuesto a convivir con Vidal desde una sociedad, sin vínculos, pero nosotros no la queremos ver más, queremos sacarle cuanto diputado, concejal o empleado tenga. No queremos estar en 2021 defendiendo la boleta de Vidal. Vamos a dedicar todo nuestro trabajo a que deje la provincia de Buenos Aires y vuelva a su lugar de origen, la Capital”.

Noelia Barral Grigera