*Por Rodrigo Morabito

Los jueces y demás funcionarios de la Justicia cumplimos un servicio público y con miras a ello siempre buscamos una correcta administración de justicia. La Constitución, los Tratados y las leyes nos conceden garantías para que podamos ejercer tan alto mandato con libertad, independencia y sin otras preocupaciones que la solución eficaz y rápida de los conflictos en los que debemos intervenir. Esas garantías no constituyen un privilegio, sino un compromiso. No somos “oficinistas”, muy por el contrario, muchos de nosotros trabajamos fuera del horario de oficina o despacho, como suele decirse, nuestros teléfonos suenan a cualquier horario y en tales ocasiones esos funcionarios de turno deben salir inmediatamente al lugar que sea para investigar y tomar todas las medidas necesarias ante la comisión de un delito que, dependiendo de su gravedad, llevará horas de dedicación, pues investigar un delito, como defender a sus posibles autores y luego juzgarlos en un juicio, no es tarea para nada fácil, muy por el contrario, es extremadamente difícil y sumamente complejo. Por ello se espera que quienes desempeñan tan importante función honren la magistratura con un desempeño ejemplar y se encuentren plenamente capacitados y preparados para ello.
Sin dudas, los ciudadanos (me incluyo, pues todos lo somos independientemente de nuestra función) necesitamos volver a confiar en las instituciones del Estado y en quienes circunstancialmente las encarnan.
Ahora bien, en el ámbito judicial, ese objetivo debe cumplirse, entre muchos otros instrumentos, y a mi modo de ver y pensar la Magistratura no sólo en una cercanía e inmediatez con los justiciables y, por supuesto, en un obrar proactivo de jueces, fiscales y defensores, sino además en un conocimiento pleno acentuado en la experiencia de haber transitado la carrera judicial o al menos conocerla y vivirla desde el desempeño sostenido de la profesión libre, ergo, se trabaja desde el fuero penal nada más que con la sensibilidad y vulnerabilidad de víctimas y por cierto (lo que jamás debe ser subestimado ni minimizado) con la libertad de los ciudadanos.
En efecto, cada fuero del Poder Judicial tiene sus complejidades y debe ser conducido por hombres y mujeres que hayan dedicado parte de su carrera y experiencia sostenida en el tiempo a dicha actividad en esa materia, de lo contrario, si no se exigiera esa IDONEIDAD acreditada para asumir tan IMPORTANTE función y, claro está, misión, quizás el servicio de administración de justicia y la confianza en ella se vaya deteriorando cada vez más con el tiempo debido a la falta de respuestas o a su inexactitud respecto de la realidad del caso concreto.
El ejercicio de cargos judiciales que requieren la toma de decisiones por parte de hombres y mujeres desde la materia que les toque asumir, DEBE ser desempeñado por ciudadanos que acrediten no sólo solidez de conocimientos, sino también empatía con la situación de los justiciables, sensibilidad por la protección de los derechos y el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales y ello se logra acreditando “IDONEIDAD” o en otras palabras acreditando capacidad o aptitud para desempeñar funciones tan difíciles y delicadas como la Magistratura.
No tengo dudas de que es fundamental y sumamente necesario para un Estado Democrático de Derecho, que quienes formamos parte de la Justicia, así también todos aquellos que en forma legítima pretendan integrarla, tengamos y tengan un piso de capacidad técnico académico y de pleno conocimiento del derecho, que conozcamos y conozcan la sociedad en la cual se actuará aplicando la ley, además del conocimiento pleno de la Justicia en la que nos movemos y se moverán, que estemos y estén vinculados con aquellos que van a reclamarnos justicia sin afectar la imparcialidad y autonomía de decisión, que seamos y sean capaces de dirigir el grupo de trabajo con el que se desempeñarán las tareas cotidianas y que se acredite especialmente lo que la sociedad nos reclama pero por sobre todo la propia Ley Fundamental a la que nos debemos absolutamente: LA CAPACIDAD FUNDAMENTAL DE SER INDEPENDIENTES Y PARA NO DEJARSE SOJUZGAR POR LAS PRESIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS PARTES, DE LOS PODERES POLÍTICOS, ECONÓMICOS O DE OTRO ORDEN.
En definitiva, la Magistratura se debe sólo a la CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL como GARANTÍA FUNDAMENTAL DE LOS CIUDADANOS y ello sólo puede GARANTIZARSE mediante la efectiva acreditación del único requisito que exige el art. 16 de la Constitución Nacional para ocupar cargos públicos: “IDONEIDAD”.