(*) Rodrigo Morabito

Los niños, niñas y adolescentes enfrentaron un difícil año frente a una pandemia mundial que afectó de sobremanera sus derechos humanos básicos y fundamentales.

Ante este panorama actual, sumado a las posibilidades de una segunda ola o rebrote del virus Covid-19 para este 2021, lleva a que los Estados deban estar preparados para garantizar a los niños y niñas la no profundización en la afectación de sus derechos humanos. 

Una de las cuestiones a la que con mayor énfasis debe priorizarse es el derecho a la educación. 

En efecto, si bien todo pareciera llevar a que las actividades escolares durante el año 2021 serán presenciales o semipresenciales, nada garantiza que ante una segunda etapa del virus las personas deban volver a aislarse y en consecuencia los niñas y las niñas. 

Aquí aparece un problema que debe ser solucionado rápidamente por afectar al menos dos derechos humanos fundamentales de los niños, las niñas y los/las adolescentes; me refiero al derecho humano al acceso a internet y directamente la extensión de sus efectos sobre el derecho humano a la educación. 

Ello es así ya que no todos los niños, niñas y adolescentes del país tienen dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, tablets) y mucho menos acceso a internet, por ende, el derecho a la educación virtual se torna prácticamente imposible, y más aún, ante los elevados índices de pobreza en la que casi un 64% son niños y niñas.

A esta situación de vulnerabilidad por el solo hecho de ser niños y niñas, los Estados deben evaluar que se le pueden superponer otras vulnerabilidades, tales como la pobreza, la privación de libertad, la discapacidad, etc. 

En esta última situación, por ejemplo, los Estados deberían asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.

Otro de los desafíos que los Estados deben abordar (especialmente nuestro Estado provincial) es la violencia sexual en contra de las niñas y los niños; debiendo adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas; garantizando el acceso a la justicia y el acompañamiento durante todo el transito del proceso.

Asimismo, los Estados deberían reforzar los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes  –dándole especial prioridad a aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios. 

En definitiva, los Estados deben estar preparados para garantizar efectivamente los derechos humanos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes ante cualquier contingencia que pueda llevar a las comunidades a un nuevo aislamiento y, como consecuencia, a la utilización de nuevos mecanismos de adaptación.

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.