(*) Rodrigo Morabito
En estos tiempos de pandemia mundial en donde la conectividad a través de los dispositivos electrónicos o lo virtual como se le suele decir, ha adquirido una relevancia de suma importancia, los Estados deben tener hoy más presente que nunca que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó durante el año 2016 la resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”.

La mencionada resolución, establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora en adelante, un derecho básico de todos los seres humanos y afirma además “la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a internet”; solicitando a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital (punto 5 de la resolución “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, documento A/HRC/32/L.20 de la Asamblea General de Naciones Unidas).

El acceso a Internet es fundamental para el ejercicio de derechos humanos básicos y fundamentales que todo ciudadano debe tener garantizado en un Estado que se dice democrático de derechos, tales como el derecho a la educación, la libre expresión, de asociación y de reunión, la participación en la vida cultural, el desarrollo social y económico, entre muchos otros.
Ahora bien, como todo derecho humano, el derecho a la conectividad debe ser reglamentado de manera tal que no sea alterado por las leyes (art. 28 de la CN). 

No obstante y hasta que ello ocurra, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas funciona como un instrumento fundamental para exigir en distintos ámbitos públicos el funcionamiento de la conectividad en términos efectivos para que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos.

Quizás en un futuro próximo, los establecimientos escolares (públicos y privados), los edificios y los espacios públicos, hospitales, etc., deberían contar con sistemas de conectividad para poder conectarse libremente e, incluso, los ciudadanos y ciudadanas poder formular las peticiones, reclamos, acceso a la información o investigaciones necesarias para el ejercicio de sus actividades.

Existe una gran brecha digital entre los sectores de la población y si la conectividad aparece como un derecho humano trascendental, es de suma importancia que los Estados comiencen a disminuir con acciones efectivas hasta llegar a erradicar esa brecha que se torna en un obstáculo para el ejercicio de otros derechos humanos en los tiempos que corren. 
Es hora de que los Estados comiencen a reconocer y garantizar en forma efectiva la conectividad como derecho humano fundamental, ya que en la actualidad es en muchos sectores que padecen marginalidad digital, una materia pendiente por cumplir con efectos positivos para los ciudadanos y ciudadanas.

En definitiva, en este año 2021 donde pareciera que la pandemia generada por el Covid-19 continuará produciendo sus efectos sobre la población y las instituciones, la operatividad del derecho a la conectividad no puede esperar más dilaciones. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.