(*) Por Rodrigo Morabito

El día viernes fui invitado por el Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad Capital a participar de la apertura de la Escuela de Promotores de Derechos para adolescentes que tendrá como finalidad generar capacidades y habilidades para los adolescentes respecto de sus derechos humanos básicos y fundamentales. Sin dudas, una gran iniciativa y un importante desafío. 

No es menos trascendente que el Estado (en este caso la Municipalidad de Capital) involucre directamente a los actores principales en el desarrollo de políticas públicas destinadas a mejorar su calidad de vida a través del conocimiento pleno de sus derechos y libertades fundamentales, destinándoles, incluso, presupuesto financiero como garantía de funcionamiento y efectividad de los proyectos que desarrollen.  

Esta iniciativa, cumple con los parámetros establecidos por el legislador provincial a través de la ley 5.357 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En efecto, el art. 1 se ve reflejado aquí toda vez que se está cumpliendo con los objetivos de la ley en cuanto garantiza el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional e internacional, sumado a que es una muestra clara de la responsabilidad gubernamental prevista en el art. 5 de aquella ley.
La participación de la niñez es un valor que abarca y se produce en todos los espacios donde éstos se desenvuelven. Con la participación significativa de la niñez se busca que niños, niñas y adolescentes cuenten con una oportunidad genuina para expresar sus puntos de vista, involucrarse en decisiones o tomar acción. Esta participación se sustenta sobre la base de derecho internacional establecido en forma general y en la Convención de los Derechos del Niño en forma particular.

Evidentemente que los niños, niñas, adolescentes y demás jóvenes tienen derecho a ser escuchados, expresar su punto de vista libremente sobre todo asunto que los afecta, a la libertad de expresión, pensamiento, asociación y al acceso a la información y, para ello, se deben implementar medidas que estimulen y faciliten la participación de niños, niñas y adolescentes en función de su edad y madurez. 

Por otra parte, esa participación debe promover el interés superior de niños, niñas y adolescentes, promoviendo su desarrollo personal, permitiendo la participación de la niñez proveniente de todos los sectores sociales sin discriminación alguna para el conocimiento pleno y  efectivo de toda la niñez y adolescencia de que al mismo tiempo y en una misma región, esta población tiene realidades diferentes y, de esa manera, poder ser protegidos contra la manipulación, la violencia, el abuso y la explotación.
Ser un promotor de derechos es defender, dar a conocer y proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y quienes conocen más acerca de sus necesidades básicas son ellos mismos; entonces ¿quiénes mejores que ellos para promocionar sus propios derechos? 

Que los niños, las niñas y los adolescentes no sean ajenos e indiferentes a las vulneraciones de los derechos humanos de otros niños en una misma región, es la base o piso mínimo de una sociedad futura más justa, empática, tolerante e igualitaria respecto de las necesidades del prójimo (cualidades de la que dista mucho la sociedad actual dejando a salvo las excepciones); de allí la importancia de estos proyectos tan trascendentales para nuestra comunidad, que sin dudas traerá importantes beneficios sociales. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.