(*) Rodrigo Morabito
El consumo de drogas en la niñez, adolescencia y juventud es un enorme desafío que los Estados debieron y deben asumir desde hace muchos años. 

El consumo a medida que pasan los años se vuelve cada vez más desmedido e incontrolable con serios daños para la salud de los más chicos.  Ello, sin dudas, dejando de lado por ejemplo los casos de consumo personal de cannabis sativa por cuestiones medicinales que implicó un gran avance (Ley 27.350).

Las políticas estatales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en materia de consumo de drogas deben estar rotundamente encaminadas a una educación clara y precisa sobre los efectos graves que para la salud puede llegar a tener el consumo desmedido de determinados estupefacientes cuyos efectos pueden llegar a ser extremadamente nocivos para la salud mental y física (vgr. cocaína, heroína, paco, ansiolíticos, pegamentos, etc.).

Claro está que la prevención se logra con educación y el consumo de sustancias prohibidas debe (o debería) ser una prioritaria política estatal y familiar de primera línea.

Por otra parte, se debe en cierta medida abandonar la idea de que toda solución se encuentra a través de la ley penal y el castigo, simplemente porque ha sido por demás evidente que durante muchos años la cuestión estuvo centrada en castigar a los consumidores de estupefacientes sin ningún resultado positivo y, una clara muestra de ello fueron los fallos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se declaró la inconstitucionalidad (en el primero por mayoría mientras que en el segundo por unanimidad) del art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737 desincriminando la tenencia de drogas para consumo personal.

Entre uno de sus tantos argumentos (en especial, un párrafo con el que resulta imposible disentir) el Máximo Tribunal Nacional para llegar a esta conclusión recordó cuál es el objetivo del derecho señalando lo siguiente: “La función del derecho debería ser controlar o prevenir, sin estigmatizar, y garantizar, o al menos no interferir, con el derecho a ser tratados que tienen los adictos”.
El día de ayer se publicó en los medios de comunicación local la iniciativa de la Municipalidad de Capital luego de llegar a un acuerdo con los encargados del programa “Planet Youth” para que los adolescentes de las escuelas capitalinas accedan al método utilizado.

Tal iniciativa (por cierto muy exitosa) está dirigida a informar de la necesidad de la prevención primaria en toda la población mediante investigaciones destinadas a detener y revertir los incrementos observados en el consumo de drogas en adolescentes.
Sin dudas, esta política pública llevada adelante por el Estado municipal (como también otras desarrolladas con adolescentes como lo es “promotores en acción”), nos acercan un poco más a una fuerte participación de los adolescentes y las familias en el desarrollo de políticas públicas para abordar una problemática por demás acuciante y necesaria para nuestros jóvenes y, sin dudas, garantiza el derecho humano a participar y ser escuchados que tienen los niños, niñas y adolescentes.   
(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor de Derecho Penal II (UNCA). Vocal Titular de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF.