Cada tanto, los medios de comunicación en el ejercicio de su derecho democrático a informar, ponen en conocimiento de la ciudadanía hechos delictivos que tienen como protagonistas a personas menores de edad, sin embargo, es importante que al realizar su trabajo tengan en cuenta el enfoque diferenciado y especializado que debe dársele a la noticia, ergo, los principios fundamentales que garantizan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes también son obligatorios para quienes desarrollan la importante tarea de informar. 

En efecto, recientemente, la Observación Nº 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil del Comité de los Derechos del Niño del año 2019, ha resaltado que “los medios de comunicación suelen transmitir una imagen negativa de los niños que delinquen, lo que contribuye a que se forme un estereotipo discriminatorio y negativo de ellos. Esta representación negativa o criminalización de los niños suele basarse en una distorsión y/o una comprensión deficiente de las causas de la delincuencia, y da lugar periódicamente a que se reclamen planteamientos más estrictos (tolerancia cero, el criterio de las tres condenas, sentencias obligatorias, juicios en tribunales para adultos y otras medidas esencialmente punitivas)”.

Evidentemente, a la sociedad le llega lo que se informa y de la manera en que se informa y en materia de niños y niñas infractores no debe olvidarse (independientemente del delito que hayan cometido) que se trata de personas en desarrollo y que no pueden ser juzgados o juzgadas ni sancionados o sancionadas igual que las personas adultas, pues se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. 

Ahora bien, en virtud de esas diferencias, a los niños y niñas infractores se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado, ya que se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables (Ob. General N° 24).
Ante ello, los medios de comunicación deberían comenzar a utilizar al momento de abordar hechos delictivos cometidos por los jóvenes infractores a través de términos como “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes infractores a la ley penal” o “adolescentes presuntos infractores”, antes que la palabra “menor” tan arraigada en el vocabulario cotidiano, incluso, en el de muchos profesionales que trabajan con la niñez. 

Por otra parte, debería evitarse el uso de imágenes alusivas y coberturas que resulten discriminatorias y/o refuercen estereotipos y estigmas socioculturales, como por ejemplo sus espacios o grupos de pertenencia (como su barrio, sus gustos musicales, vestimentas o estilos de vida). Muchas veces se muestra a los chicos y las chicas en situación de pobreza como delincuentes, al tiempo que se invisibiliza la exclusión, la pobreza, la indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud y la violencia institucional que los y las afectan.

Asimismo, antes de darse a conocer una determinada noticia, debería ser importante recurrir a fuentes especializadas y evitar la espectacularización. 

En definitiva, desde el periodismo y la comunicación se puede y debe promover abordajes respetuosos de los derechos de las infancias y adolescencias, garantizando un enfoque que no construya ni refuerce estereotipos estigmatizantes, ergo, los medios de comunicación son el mecanismo democrático necesario y fundamental para que la ciudadanía pueda conocer a su niñez desde una óptica constructiva y así poder garantizar su fundamental desarrollo.  

Rodrigo Morabito
Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF, de la Red de Jueces de UNICEF y del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.