No existe discusión acerca de que el delito cuando se consuma genera dolor e indignación. Sin embargo, al momento de someterse una persona a juicio y siendo viable una sanción por la conducta delictiva cometida, la imposición de esa sanción también generará dolor.

En efecto, el poder punitivo que ostenta el Estado no puede ser ilimitado. Incluso, la facultad legítima de castigar debe tener límites. 

Ninguna sanción puede convertirse en cruel, inhumana y degradante, caso contrario, el Estado sería responsable de ello. No por nada el artículo 18 de la Constitucional Nacional sabiamente en uno de sus pasajes sostiene que ha quedado abolida para siempre la pena de muerte y toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de las personas detenidas en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

No se trata de ser buenos, ni benevolentes y mucho menos magnánimos con las personas que cometen delitos, sino justos, porque incluso las sanciones en el derecho penal no pueden estar exentas del principio de humanidad, de lo contrario el Estado se convertiría en tirano. 

El sistema de castigo que propone el actual código penal de nuestro país se encuentra en plena crisis, pues, es altamente cuestionado porque no solo que es un sistema absolutamente anacrónico, sino que, además, no trae respuestas a la ciudadanía más allá del encierro temporal de las personas; en otras palabras, el fin de la sanción que no puede ser otro que la reinserción social se ha convertido en una especie de crónica de un fracaso anunciado.

En definitiva, debo admitir que en un sistema penal, precisamente la pena –tal su propia denominación- es un mal que se causa en forma intencional, pues el solo hecho que las leyes autoricen su aplicación no le quitan ese componente segregatorio y de dolor que posee y que los derechos carcelarios durante su ejecución no alcanzan a ocultar; imaginémoslo cuando estos derechos se abrogan por completo (algo de lo que ocurre hoy en día en el sistema punitivo argentino), sin dudas, la sanción será cruel, inhumana y degradante.  

En otras palabras y para concluir, debe quedar muy en claro que en un Estado democrático de derecho, la pena o sanción punitiva no puede volverse cruel, inhumana y degradante en ningún momento, ni cuando se crea y sanciona legislativamente, ni cuándo debe imponérsele a una persona luego de un debido proceso, ni cuando se está cumpliendo y, menos aún, después de cumplida. No se trata de evitar el castigo, sino de impedir que ese castigo se vuelva cruel e inhumano. Eso es lo que quiere nuestra Constitución Nacional. 

(*) Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor Adjunto de Derecho Penal II (UNCA). Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro de AJUNAF. Miembro de la Red de Jueces de UNICEF. Miembro del capítulo argentino de Magistradas y Magistrados por los derechos sociales y la doctrina franciscana.