Escribe Rodrigo Morabito

En el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (conocido también como “Niños de la Calle”), la Corte Interamericana de Derechos Humanos al tratar el derecho a la vida, sostuvo con suficiente autoridad que los Estados no evitan que (los niños y niñas) sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. 
En efecto, todo niño y niña, independientemente de su condición social tiene derecho a un proyecto de vida que debe ser fomentado, garantizado y protegido por los Estados. 

En nuestro país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la pobreza infantil alcanzó el 51,4% en el segundo semestre del 2021 y afecta a 5,5 millones de menores de 14 años. De ese total, el 38,8% son pobres no indigentes mientras que el 12,6% son indigentes. 

Estos números sin dudas que al presente han aumentado en nuestro país, por lo que podría decirse que actualmente existen alrededor de 5,6 millones de niñas y niños pobres, de los que 1,3 millones están en situación de extrema pobreza, es decir que residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos; canasta básica que se diferencia de la denominada “canasta básica total”, que incluye bienes no alimentarios, aunque igualmente esenciales y básicos para su subsistencia social.

Evidentemente que el Estado argentino (y muchos Estados de Latinoamérica) no están garantizando a sus niñeces un proyecto de vida que les permita el derecho a soñar con un futuro en el que puedan desarrollarse y ser felices, ergo, la felicidad también es un derecho. 

Los niños y las niñas necesitan que los Estados garanticen la existencia de políticas públicas eficaces que tiendan a concretar en la práctica sus derechos humanos fundamentales (alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta, etc.) y, ante todo, que eviten una mayor vulnerabilidad de la que ya ostentan por el solo hecho de su minoría de edad.

De todas las formas de violencias existentes y a las que los Estados deben hacer frente, una de las peores (sino la peor) es la violencia estructural que se produce como resultado de la estructura social y económica de una sociedad, y no permite que las necesidades básicas de las personas sean satisfechas.

Ahora bien, cuando las necesidades básicas o derechos fundamentales de las personas y en especial las de los niños y niñas no logran ser satisfechos por los Estados, el futuro de los países se encuentra comprometido al igual que su pleno desarrollo. 
Los Estados tienen el deber de garantizarles a los niños un proyecto de vida que les asegure una vida futura digna, pues de ello depende también el futuro de esos mismos Estados como naciones promisorias y dignas enorgullecidas de su ciudadanía.