El fiscal Hugo Costilla, aun sin resultados concretos, viene trabajando fuerte en la investigación del asesinato del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, acaecido el 3 de diciembre de 2022. Volvió a tomar declaración a la exempleada y única imputada, Silvina Nieva, quien reafirmó que no estuvo ni cerca de la escena del crimen y, conforme lo dice su abogado, cuenta con testigos que pueden reafirmar la posición. El fiscal tomó nota y quedó a la espera de los resultados que puedan arrojar las cámaras de seguridad de la zona, las que fueron enviadas a Salta para conseguir una mayor nitidez de las escenas que podrían mostrar a la imputada cerca del domicilio del occiso al momento del hecho. También las partes esperan con ansiedad la detección final de una serie de celulares que podrían arrojar luces sobre la trágica situación y sobre los cuales ya la Gendarmería Nacional produjo un informe que está en manos de la Justicia. Por otro andarivel y esto si llama la atención, a raíz de una declaración de Héctor Carrizo -hermano de Rojas-, el fiscal ordenó allanar el aeropuerto “Felipe Varela” y las oficinas de la Secretaría de Aeronáutica, dependencias de las cuales se secuestraron elementos para ser peritados. El procedimiento no dejó de llamar la atención por sus motivaciones y por algunos comentarios que se deslizaron en la prensa.

Sospechas y allanamientos

Héctor Carrizo, que más temprano que tarde sería llamado a aclarar sobre sus sospechas, señaló que su hermano había realizado un viaje a Buenos Aires y regresó trayendo dinero. Agregó que podrían ser fondos del gobierno nacional y que la vuelta a Catamarca se produjo a través de un vuelo privado. Al respecto hay que señalar que “Rojitas”, como cariñosamente lo llamaba la gente, cumplía la doble función de ministro de Desarrollo Social y Secretario General del gremio gastronómico. En ese sentido, respecto a su calidad de funcionario, resulta poco menos que alocado que haya traído dinero físico, ya que todas las transferencias públicas se hacen por vía digital. Y como gremialista, de igual forma, cuesta creer que haya portado una cantidad suficiente de dinero como para que no pueda ser detectada por los controles. Para peor, otro medio de prensa aludió a la posibilidad que el funcionario “haya intentado robar fondos nacionales” (sic). Una expresión poco feliz y nada creíble que afecta a la familia, la cual no disimula su molestia con el accionar de la Policía y la Justicia. Y razones no le faltan.

Compras directas: todas malas noticias

Mañana, con una nueva ronda de testigos, se reanudarán las audiencias por la causa “compras directas”, que tiene como principales acusados a dos figuras de la política: Víctor Brandán y Juan Pablo Doro. Hasta aquí, la cosa viene mal para ambos.

Más de cuatro testigos que expusieron ante el Tribunal, con certeza y credibilidad, afirmaron que usaron sus nombres y documentos para solicitar ayuda estatal -materiales de construcción, remedios, bolsones de comida, etc- que nunca recibieron. Ello llevó a decir al defensor del Estado -el abogado Mauricio Fuenzalida- “por lo pronto se nota una irregularidad”. Fue una declaración cuidadosa sobre hechos que claramente configuran delito. Aparte, muy distinta a la expresada por un jefe de licitación y compras de Desarrollo Social -área que comandaba Brandán- que, sin pelos en la lengua, hizo una descripción gráfica demasiado elocuente: “es como si hubiera pasado una manga de langostas…. no dejaron nada”. Se refería a la documentación faltante sobre lo que se presume fraudulento. Otro testimonio muy fuerte surgió de boca de la exjefa de Despacho, Elsa Montiveros, quien reveló muchas contrataciones se hacían a escondidas, fuera de su ámbito laboral, y que algunos hermanos de Brandán actuaban como colaboradores externos. Como puede apreciarse, lo reiteramos, quienes en su momento -a través de los abogados- solicitaron la prescripción de la causa “están jugando con viento en contra”.

Tragedia de El Rodeo: camino al juicio

Después que el juez Diego Chayle denegara el pedido de sobreseimiento de los imputados por la “Tragedia de El Rodeo” -Félix Casas Doering y Alfredo Vicente Saavedra- que el 23 de enero de 2014 terminó con la vida de 13 personas, se calcula que este año podría surgir la elevación a juicio oral y público. El exintendente y el exdirector de Defensa Civil deberán responder por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, una calificación que los abogados de las víctimas intentarán extender y hasta involucrar a otros actores, directos e indirectos, de aquel drama que vivió Catamarca. En relación a ello hay que recordar que, en su momento, hubo hasta diez imputados, uno de los cuales era el extinto gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

“Cuesta abajo en mi rodada”

Aun cuando existen evidencias notorias de procederes poco claros -por decirlo suavemente-, cuesta creer la comprometida situación que le toca vivir al exsecretario de Seguridad de la provincia, el abogado Juan Pablo Morales. Aparte de haber aparecido, junto a Raúl Da Prá, en el famoso “video de las coimas” que le costó el puesto de camarista, hoy está envuelto en una causa de narcotráfico donde aparece asociado a personajes del submundo de la droga. Lo procesaron por “comercialización de estupefacientes agravada por el número de intervinientes”. Momentáneamente, el juez Miguel Contreras resolvió la medida sin prisión preventiva y un embargo de 70.000 pesos, pero los fiscales federales Santos Reynoso y Diego Iglesias (Procuraduría de Narcocriminalidad) apelarán y solicitarán la detención de Juan Pablo. Al respecto, cabe recordar, que éste último se vio involucrado por escuchas telefónicas que realizó con varios maleantes que están procesados y detenidos en Miraflores. Esto precisamente es lo que pidió la Cámara de Tucumán para quien “cayó en desgracia” y, con sus razones, se considera un perseguido de la Justicia

El juicio político a la Suprema Corte

La avanzada del presidente de la Nación contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está en marcha y nada la detendrá. Es que el jueves pasado la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, por 16 votos contra 15, dictaminó la admisibilidad de la petición y desde la semana entrante comenzará a llamar a testigos para que declaren en el histórico juicio. Dentro de la comisión, hay que señalarlo, se incluye el catamarqueño Francisco Monti, quien votó en contra de la admisibilidad, en consonancia con sus correligionarios de Juntos por el Cambio. No es la primera vez que el joven legislador actúa de la misma forma en casos de esta naturaleza. Cuando hace cuatro años se inició una medida similar contra dos supremos de la Corte de Catamarca -José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva-, no solamente se puso en las veredas contrarias al oficialismo y a las del denunciante -el abogado Eduardo Andrada-, sino que firmó el despacho de minoría. El caso nacional, que seguramente estará durante toda la cartelera del presente año, es similar al que se dio en la provincia. En nuestro caso, los acusados no concurrieron a la comisión cuando fueron citados, sino que resolvieron defenderse por escrito. Si lo hicieron innumerables testigos, entre ellos abogados del foro local, algunos de los cuales dieron cuenta de fallos que consideraban aberrantes. Sin embargo, cuando el despacho de mayoría llegó al pleno de la Cámara, 16 legisladores radicales y el disidente peronista Hugo “Grillo” Avila impidieron el juzgamiento por la Cámara de Senadores. Los votos a favor de la destitución fueron en total 24, con lo cual Cáceres y Sesto, aun salvados, quedaron totalmente mal parados frente a la sociedad. Algo parecido seguramente ocurrirá en la Nación. El Frente de Todos no tiene número para alcanzar el voto calificado de dos tercios de la Cámara que se requiere para avanzar hacia la destitución, pero está claro que busca exponer a los ministros ante la opinión pública.

El expresidente Menem y la pena de muerte
En este último bloque incluimos los recuerdos de acontecimientos del pasado. El expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl  Menem, reiteraba a principios de abril de 1990 estar a favor de la pena de muerte “para los traficantes de narcóticos”. Lo hizo al hablar en el Séptimo Congreso de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Por cierto, semejante declaración provocó un gran revuelo en todos los segmentos de la sociedad y reabrió un viejo debate, hasta el presente, nunca concluido.

Pero, en verdad, hay que decir que exjefe de Estado mantuvo una posición invariable sobre este tema, a punto tal que, aun de refilón, lo expresaba en la campaña que lo llevó al Sillón de Rivadavia. Si tenemos en cuenta que la declaración en la Comisión Interamericana la realizó a principios de su mandato, no hace falta destacar que cada vez que se producía una muerte relacionada con la droga, reiteraba su posición a favor de implantar la pena capital en la República Argentina. Seguramente no tenía en cuenta que este castigo, que se implementa en los Estados Unidos, no produjo los resultados esperados en la sociedad, en el sentido de provocar la disminución de crímenes aberrantes, secuestros y violaciones.

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