La misma piedra

Pasaron tres semanas desde el formal inicio del ciclo lectivo 2023, y se aprecia una situación inédita, con reclamos y protestas de alumnos en decenas de escuelas. A diferencia de otras épocas, en que los primeros días de marzo se caracterizaban por las huelgas y conflictos con los docentes, esta vez se superó bien el tema de la negociación salarial, pero apareció otro escollo que claramente impide el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe decirse aquí que el Gobierno ha tropezado con la misma piedra, no por segunda sino por enésima vez, porque similares situaciones se presentan año tras año. La gran diferencia esta vez fue la reacción masiva del alumnado, que magnifica, interpela y cuestiona cada inconveniente. Y está muy bien que lo haga.

Derechos presentes

Los alumnos de esta época no son los mismos de hace veinte, treinta o más años. La sociedad ha cambiado y ellos también. Allá por los años ‘70 u ‘80, pocos se hubieran atrevido a abandonar la clase y cortar la calle por un desperfecto en el aula. Ahora los estudiantes exigen y reclaman, porque -entre otras razones- están más lúcidos y avisados en relación con los derechos que les asisten. Siempre que las manifestaciones sean pacíficas, no se les puede recriminar nada. La repercusión que otorgan los medios y las redes sociales hacen el resto para alimentar el fenómeno de la imitación, con lo cual las autoridades se encontraron con un escenario que no estaba en los cálculos de nadie, y en lugar de atenuarlo o controlarlo, se viene multiplicando desde la primera semana de clases.

Mea culpa y oportunidad

El Estado debe aquí hacer un mea culpa, y asumir la parte que le toca. Ya no hay manera de justificar que no se logre poner las escuelas en mínimas condiciones tras los largos recesos estivales, cuando no hay actividad, y que siempre se apuren refacciones y arreglos en temporada de plena asistencia de docentes y educandos. No es posible aceptar que lo mismo ocurra todos los años, por muchos que sean los establecimientos educativos y por muy dificultoso que resulte su mantenimiento. Algo falla: la previsión, la organización, el método que se aplica, sea el que fuere, no sirve. No puede ser que todos los años el mismo problema tome por sorpresa a todos, cuando desde diciembre se sabe que en marzo se reinician todas las tareas escolares. Debe asumirse la situación para hallar una solución definitiva: donde existe la capacidad para construir un complejo como Valle Chico, diques y rutas, no hay excusa para justificar que haya tantas escuelas en pésimo estado; o que no se disponga de un mísero ventilador para soportar temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Por otra parte, debe trabajarse más en la concientizcaión, para que los alumnos sepan que además de derechos tienen también obligaciones, y exista un compromiso para cuidar el establecimiento. Porque así como señalamos la responsabilidad estatal, lo cierto es que -año tras año- son más las reparaciones que deben hacerse para responder ante actos de vandalismo que por el daño que puede ocasionar el normal uso de las instalaciones. Bienvenidos los alumnos que protestan porque el aula no está en buenas condiciones, pero que con el mismo ímpetu reaccionen cuando se vandalizan bancos, escritorios, puertas, ventanas y paredes, por no hablar de los sanitarios. Si cada uno aporta su parte, la situación será mejor para todos.

Condenas de ejemplo  

A contramano de algunos análisis que intentaron salvar de responsabilidades del gobierno de Oscar Castillo (1999-2003) y la Corte de Justicia de aquel tiempo, que se haya realizado el juicio por las “compras directas”  fue un punto a favor de la Justicia y, de manera especial, del tribunal que presidió Marcelo Soria e integraron Navarro Foressi y Carlos Moreno. Cuando parecía que los fraudes perpetrados por dirigentes políticos hace 20 años, junto a proveedores del Estado que se hicieron millonarios, no saldrían nunca del laberinto creado por la propia Justicia, los jueces pudieron efectivizar las audiencias y llegar a condenas ejemplares. Pase lo que pase de aquí en adelante, donde pueden aparecer mecanismos para que el fallo no quede firme y los condenados no vayan a la cárcel, lo real y concreto es que la estafa al Estado no quedó impune y debería servir para un despertar efectivo de la Justicia, que tiene entre sus viejos expedientes otras causas parecidas que deberían llegar a juicio.  

El “Megafraude” de las fundaciones  

Una de ellas, también con una antigüedad de 20 años, es el “Megafraude” que, en materia de chicanas abogadiles, le lleva ventaja a las “compras directas”. Este caso se trata de cursos que debían dictar dos fundaciones creadas a tal efecto en 2004. El Estado, a pocos meses del debut de Eduardo Brizuela del Moral como gobernador, habría pagado por ellos una cifra cercana a los 5 millones. El dolo tiene que ver con que esos cursos no se dictaron nunca, aunque uno de los acusados argumentaría que, en su caso, hubo clases aisladas y los que fallaron fueron los intendentes que, supuestamente, debían llevar los alumnos. La causa camina a ser archivada y los abogados tienen decidido pedir la prescripción, pero lo más curioso es que varias veces se puso fecha de inicio del juicio y nunca se pudo arrancar.  

Las viviendas de Octavio  

No tan lejano en el tiempo aparece otro hecho de corrupción administrativa que esperamos no termine como los ocurridos durante los gobiernos de Castillo y Brizuela del Moral.  Se trata de la estafa que se produjo cuando fue Secretario de Estado de la Vivienda el exvicegobernador Octavio Gutiérrez y sobre la cual existe denuncia penal y un sinnúmero de pruebas que avalan un fraude gigantesco, a punto tal que el Estado habría pagado por decenas de viviendas que no se hicieron. Hay quienes opinan que la causa debe cerrarse por la muerte del dirigente andalgalense, pero en verdad que en la cadena de responsabilidades no se salvan varios de los funcionarios que lo acompañaban. Ojalá la Justicia reactive este caso y todos los casos que, más allá de los colores políticos del gobierno, perjudiquen al erario. Será una gran contribución para desterrar a corruptos que han transformado a la política en mala palabra.  

Curro y derechos humanos

Se acerca el 24 de Marzo, instaurado como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el aniversario del último golpe cívico-militar, y como siempre renacen los cruces dialécticos en torno al delicado tema. El que tiró la primera piedra fue Mauricio Macri, al insistir en que el tema de los derechos humanos es un “curro”, y varios salieron a cruzarlo fuerte. Uno de ellos fue el ministro del Interior e hijo de padres detenidos desaparecidos, Eduardo “Wado” de Pedro, quien escribió en Twitter: “No veo el ‘curro’ de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos”.  Para De Pedro, “es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos (de Morón), el contrabando, los peajes y los parques eólicos... O el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar”. Su mensaje fue replicado por cientos de personas, y en tono similar se expresó el abogado Gregorio Dalbon, quien escribió en redes sociales: “Curro es pedir un préstamo al FMI para ganar una elección. Curro es el blanqueo de los familiares de este señor. Curro es el Correo. Curro es introducir jueces en la CSJN por decreto”.

Juramentos del pasado

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el recuerdo de hechos preferentemente políticos.  
El 5 de abril de 1990, ante los miembros de la Corte de Justicia de Catamarca, juraban dos nuevas magistradas. La doctora Vilma Juana Molina lo hacía como Jueza Laboral N° 2 y la doctora María del Milagro Vega como Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Tercera Nominación. Hoy, cuando han transcurrido 33 años, Vilma Molina se ha jubilado y su último cargo, por decisión de Lucía Corpacci, fue nada menos que ministra de la Corte de Justicia. Antes se desempeñó como camarista y la doctora Vega fue finalmente jefa de los fiscales. Ambas, por la Intervención del Poder Judicial, a raíz del Caso María Soledad, habían dejado momentáneamente sus cargos meses antes de la Intervención de la provincia, la que se produjo el 17 de abril de 1991.  

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